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Química Central demandará a la Profepa resarcir daños por cierre

01 septiembre 2015

La Profepa a nivel federal, a cargo de Guillermo Haro, no ha sido notificada de la resolución del tribunal. Foto: Especial

El caso dio un giro durante las últimos semanas, ya que el pasado 21 de agosto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del decimosexto circuito emitió una resolución en la que ordenaría a la autoridad federal levantar la clausura. Ante ello, la empresa demandará el pago de perjuicios por una clausura que calificó de “arbitriaria”.

El cierre de la planta ubicada en los límites con el municipio de León, ocasionó el despido de 130 personas que integraban el personal de la planta.

Química Central de México se dedicó a lo largo de casi 50 años, al desarrollo, fabricación y comercialización de productos químicos derivados del cromo, especializados para la curtiduría.

El cierre

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró la empresa el 4 de junio del 2014, por “diversas irregularidades, entre ellas almacenar más de 400,000 toneladas de residuos peligrosos a cielo abierto sin las condiciones de seguridad que establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Dichos residuos contienen cromo hexavalente, considerado por la legislación ambiental como desecho peligroso.

Buscan resarcir daño tras fallo 
en favor

Jaime Kirchner Plascencia, abogado representante del grupo empresarial, detalló que la demanda administrativa se interpondrá en la Sala Regional de Justicia Administrativa del Décimo Sexto Circuito una vez que determinen el daño total provocado a la empresa química.

La estimación de 80 millones de dólares es una referencia parcial a noviembre del año pasado, por lo que se requiere profundizar en el perjuicio contra las finanzas de la empresa, refirió el abogado.

“El motivo de la demanda que se está gestando es para el efecto de que el gobierno (Profepa) resarza ese daño patrimonial y comercial que se le produjo a la empresa, con lo cual la empresa estaría en posibilidades de remediar el tema, de cerrar como debe de cerrar y no dejarle este problema por una mala actuación de la autoridad (federal), a la ciudadanía, a los empresarios y al Gobierno del Estado”.

A decir del abogado, la clausura fue un acto arbitrario porque cuando se ordena el cierre, el proceso de producción de productos químicos ya no eran contaminante.

“Nos resuelven el amparo para dos efectos: uno, para indicarle a Profepa que dada la ilegalidad de su actuación tiene que levantar la clausura en un plazo máximo de tres día a partir de su notificación y dos, la prohibición de repetir el acto”.

Aún no notifican de resolución a la Profepa

De acuerdo con el delegado de la Profepa en Guanajuato, José Isaac González Calderón, no han recibido notificación alguna de las oficinas centrales de haber recibido resolución o notificación respecto del tema de la clausura de Química Central de México.

“Yo como delegado no tengo una notificación que ya se haya recibido la misma en oficina centrales. Esto requiere de una notificación oficial para que comiencen a correr los plazos y, entonces tendremos que actuar de acuerdo al marco de la ley”, argumentó.

Desechos siguen al aire libre

El cierre “temporal” estaba condicionado al cumplimiento de diversa medidas ordenadas por la Profepa, relativas al retiro de las 340,000 toneladas de desechos tóxicos ubicados al interior de las instalaciones de la empresas.

Los residuos que aún permanecen en la planta de Química Central son equivalentes a un edificio de siete pisos del tamaño de una cancha de futbol, con una altura promedio de 2.8 metros. al menos 1% de esa montaña es cromo hexavalente.

Además de una segunda disposición “ilegal” que se informó al momento de la clausura de la planta, de 40,000 toneladas que fueron enterradas en derecho de vía de ferrocarriles a 1.5 kilómetros de la planta; a las que se suman 104,000 toneladas de residuos de cromo hexavalente o alúmina, que no fueron dispuestas adecuadamente.

Kirchner Plascencia señala que hasta antes de la clausura contaban con los recursos para la remoción de lo que reconoce son residuos peligrosos, y a partir del cierre ya no.

“Nos vemos sumamente afectados al no contar con la producción, con los recursos y la afectación comercial, las marcas y cartera de clientes, a lo mejor ya no estamos en posibilidades de hacerlo”.

La remediación consistiría en su confinamiento en un espacio en el que no represente un riesgo inminente de desequilibrio ecológico y deterioro grave a los recursos naturales de la comunidad.

Rechazo que exista por el momento la posibilidad de poner a trabajar la planta, una vez que se retiren los sellos de clausura.

xochitl.larios@eleconomista.mx

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31 de agosto del 2015

Fuente: El Economista

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