Fuente: Univisión

Uruguay deberá reforzar sus capacidades “de monitoreo y fiscalización” sobre grandes proyectos agro-industriales y mineros con el fin de asegurarse agua de calidad, según el informe preliminar de una funcionaria de ONU, presentado el viernes en Montevideo.

“Recomiendo al Gobierno que asegure la realización previa de estudios de impacto ambiental por entidades no interesadas e independientes de los posibles efectos” de megaproyectos agroindutriales y mineros sobre “el derecho al agua”, dijo en rueda de prensa Catarina de Albuquerque, relatora especial de ONU sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento.

Alburquerque finaliza este viernes una visita oficial de cinco días a Uruguay, donde visitó asentamientos irregulares, organismos oficiales y se reunió con organizaciones civiles preocupadas por el posible deterioro del recurso natural ante la llegada al país de grandes inversiones.

Un proyecto de Aratirí -empresa de Zamin Ferrous, grupo minero registrado en Jersey- que proyecta una mina a cielo abierto que abarcaría más de 14.500 hectáreas, y que está a la espera de la habilitación del Estado uruguayo, desató una fuerte polémica en Uruguay.

Organizaciones ambientalistas y productores rurales advierten sobre lo nocivo de este tipo de explotación de suelos, en particular sobre los cursos de agua y sus reservas.

“Si me preguntan cuál es el tema de la mayor parte de las quejas es por casos de minería a cielo abierto.

En tanto, la funcionaria destacó los avances en el país en materia de acceso al agua potable y saneamiento, mientras que señaló la necesidad de elaborar un “plan nacional de recursos hídricos”, de agua potable y saneamiento integral.

Además, instó a las autoridades uruguayas a priorizar a “los sectores más vulnerables de la población” a la hora de poner en funcionamiento plantes de saneamiento y acceso al agua, ya que constató situaciones límite en esos aspectos en algunos de los asentamientos irregulares que visitó.

Aproximadamente un 98% de la población de Uruguay accede al agua potable, según cifras ratificadas por De Albuquerque.