República Dominicana: Academia de Ciencias demanda revisión de contrato con Barrick Gold

27 abril 2011

27 de abril de 2011

Fuente: Pariódico 7 Días

La Academia de Ciencias de la República Dominicana planteó este miércoles la necesidad de revisar el contrato del Estado con la empresa Barrick Gold, que explota la mina de oro de Pueblo Viejo, en Cotuí, y ordenar de inmediato la suspensión de todas las operaciones de la empresa hasta que se cumpla con todos los procedimientos  de evaluación ambiental demandados.

Considera que las operaciones de la minera deben cesar hasta tanto ésta obtenga la licencia ambiental requerida y se establezcan los mecanismos e instrumentos de supervisión requeridos, “para garantizarle a la sociedad dominicana que bajo ninguna circunstancia será perjudicada, para la salud ambiental de los ríos, los suelos, la flora y la fauna de la región nordeste del país”.

También, considera necesaria la revisión del contrato para que la participación económica del Estado dominicano sea equivalente al que mantiene con la también minera Falconbridge (50% de beneficios netos), que explota la mina de ferroníquel de la provincia Monseñor Nouel.

Entre  sus exigencias están además, que todos los costos  inherentes al pasivo ambiental, interno y externo a la mina sea cubierto en su totalidad por la Barrick Gold, comenzando con la construcción de una presa de aguas ácidas y una planta de tratamiento para su neutralización, y así eliminar los metales pesados disueltos.

Considera asimismo, que la presa de Hatillo debe estar exenta de contaminación, por ser una fuente de agua indispensable para los acueductos de la zona, para la agricultura del nordeste del país, especialmente de  la zona arrocera del bajo Yuna y para la fauna.

Otra demanda es que se ofrezcan garantías de conservación del “patrimonio ambiental, cultural e histórico” de la zona, o de lo contrario suspender definitivamente el proyecto de explotación minera a cielo abierto.

La Academia de Ciencias señala que el contrato original consignaba tres fuentes de beneficios para el país, un 25 por ciento de participación en utilidades netas, un 25 para el pago de impuesto sobre la renta y un 3.2 por ciento como retorno neto de fundición.

Al respecto indica que al modificarse el contrato se elimina el 25 por ciento de las utilidades netas hasta que la empresa haya obtenido la recuperación total de su inversión que pasó de 330 a 3,500 millones de dólares y hasta que halla obtenido una tasa de  retorno de un diez por ciento.

Indicó que en adición a ello, el Estado dominicano sigue asumiendo el pasivo ambiental externo a la mina cuando deber ser una tarea del operador.

Precisa que no ha habido la voluntad, la intención, ni el deseo de prestarle atención a las condiciones ambientales de la zona, toda vez que están totalmente contaminados los arroyos y la presa de Hatillo.

Sostiene por consiguiente, que plantea la revisión como algo viable porque el Estado, aunque quiera no puede rescindir el contrato, ya que contiene una cláusula que establece que entonces tendría que compensar a la operadora minera con el mismo valor económico  que tiene el recurso oro, plata, cobre y zinc, y la mina está valorada en cerca de 40 mil millones de dólares.

El ingeniero Osiris de León,  sirviendo de portavoz de la Academia, precisó que el contrato apenas garantiza al Estado centavos de beneficio por cada peso, en los primeros años de explotación y hasta tanto haya recuperado su inversión y una tasa de retorno de diez por ciento.

Dijo que eso es inaceptable en un país que necesita escuelas, hospitales, acueductos, alcantarillado sanitario, caminos vecinales, financiamiento a la micro y mediana empresa y una reducción significativa de la pobreza.

De su lado, el presidente de la Academia, Milcíades Mejía, dijo que lo que se cuestiona es que no se ha tomado en cuenta la conservación del medioambiente y la participación beneficiaria del Estado dominicano en el contrato.

“Lo que reclamamos es que se garantice un ambiente  sano y laboralmente armónico con las leyes de la República Dominicana”, planteó Mejía.

“Entendemos que desde la primera onza de oro que  la empresa extraiga debe entregar el 50 por ciento de beneficio al Estado y se especialice un fondo postcierre, para  que  no pase como con el cierre de la minera Rosario Dominicana en el 1992, fecha desde la cual el Arroyo  Margajica vierte aguas totalmente contaminadas”, agregó.

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