Señalan indígenas liberados por la SCJN que seguirían su lucha por el agua

29 noviembre 2012

Huauchinango • Vamos a seguir haciendo la lucha, a trabajar y a perdonar a los contrarios, dijeron José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, defensores del agua en Atla municipio de Pahuatlán, al dejar el Centro Regional de Readaptación (Cereso) de Huauchinango, donde estuvieron encarcelados desde hace casi tres años.


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Cargando un costal de manta con sus pertenencias, de buen humor y sin sentimientos de venganza, los indígenas nahuas fueron liberados cerca de las 17:00 horas de este miércoles, luego de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les otorgara el amparo y protección de la justicia federal y ordenara su inmediata excarcelación.

Los esperaban Carmelo Castillo Martínez, el ex comandante de la Policía Municipal de Pahuatlán, acusado junto con ellos del supuesto robo de una camioneta, propiedad de uno de los caciques que “manejan el agua en Atla como si fuera de su propiedad”, y el profesor Antonio Heredia Juárez, quien participó en la lucha por la libertad de estos tres hombres.

Dicen que el que espera, desespera. Afuera parece que los minutos pasan más lentos. A cada sonido que viene desde el descascarado portón penal huauchinanguense, cuatro pares de ojos buscan encontrarse con los “chaparritos” indígenas pahuatecos considerados por Amnistía Internacional como presos de conciencia.

Pasa casi una hora desde que el director penitenciario, Miguel Hernández Chino, ingresa con las boletas de libertad para iniciar el papeleo que devolverá a José Ramón y Pascual con sus familias a Atla – agua en náhuatl-, como paradójicamente se llama el pueblo del que fueron expulsados por querer que el líquido vital llegara a todos.

“Casi, casi íbamos a cumplir tres años aquí. Pero gracias a Dios estuvimos bien y sin enfermedad, tuvimos gripa, un poco de tos, pero nos sentimos bien en este momento y estuvimos contentísimos desde el 23 de noviembre cuando salió don Carmelo (Castillo Martínez). Ahí sentimos bonito, estuvimos muy orgullosos y más tranquilos”, aseguraron José Ramón y Pascual.

A partir de ese día –dijeron– estuvimos bien, comimos, nos alimentamos y ahora que vamos a regresar a nuestro pueblo vamos a trabajar, a seguir haciendo la lucha y los trabajos. “A la gente le decimos que hay que portarse bien con los demás, hay que perdonar a nuestros contrarios, no tenemos ganas de venganza”, agregaron.

Respecto al abasto de agua potable que desde hace más de tres décadas es controlado por los caciques Guillermo Hernández y Cristóbal Aparicio indicaron que se puede resolver si la comunidad responde “pero debemos echarnos la mano unos a otros. El conflicto por el agua ya dejó muertos, nos tuvo en la cárcel, pero si la gente se decide se puede solucionar, si no se decide no se puede”, agregó José Ramón quien en el momento que fue detenido el 13 de enero de 2010, era alcalde auxiliar de la comunidad.

El conflicto por el abastecimiento de agua en Atla inició porque Hernández Cruz ha sido presidente del Comité de Agua Potable por más de 30 años y José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, fueron sentenciados a seis años de prisión por el supuesto robo de un vehículo cuando en realidad estuvieron en la cárcel por participar en la defensa del derecho al agua.

Cuando José Ramón Aniceto recuerda el momento en que fue encarcelado “injustamente”, se ríe a carcajadas: “nos acusaban de robarnos una camioneta y ni siquiera sabemos manejar. Por eso cuando nos trajeron los judiciales no veníamos con miedo, porque sabemos que no hicimos nada malo. Me pusieron en medio de ellos y éramos el Juez de Paz y el Presidente”, añadió.

Cuando decidimos repartir el agua, sólo cumplimos con nuestra obligación como autoridades, refirió. Hasta al cacique le dieron tres tomas. “Pero él se puso así como usted dice: le entró el demonio y cortó las mangueras y luego inventaron el delito”.

El caso es que José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, fueron sentenciados a seis años de prisión, por lo que en noviembre de 2011 el Centro de Derechos Humanos Prodh y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla asumieron su defensa y en mayo de este año, Amnistía Internacional los consideró como presos de conciencia.


29 de noviembre de 2012
Fuente: e-consulta

29 de noviembre de 2012
Fuente: e-consulta

 

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