Sonora no ha cumplido con ordenamientos sobre el afluente del rio yaqui

18 julio 2014

“Está en juego la sobrevivencia de un pueblo ancestral”, expresó Mario Luna en entrevista vía telefónica, al recordar viejos embates que la comunidad yaqui ha logrado superar, como las expulsiones masivas tras los “actos genocidas” impuestos en el porfiriato y el periodo de Álvaro Obregón y ahora, dice Luna, el pueblo enfrenta nuevos ataques “con el desvío ilegal y descontrolado hacia Hermosillo de la dotación de agua del rio Yaqui,” que le quita el vital liquido no solo a los poco mas de 45 mil indígenas yaquis sino también a más de un millón de habitantes que pueblan la zona sur del afluente.

Con la acción se “violenta el orden constitucional como dispuso tanto Lázaro Cárdenas en su tiempo como recientemente refrendó la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, apuntó Mario Luna Romero, secretario de la autoridad Tradicional de la Tribu Yaqui, al recordar que el máximo tribunal mexicano, desde su Primera Sala, emitió una resolución que aclara la sentencia que la propia SCJN resolvió el 8 de mayo en la que ratificó el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre las obras que afecten sus recursos.

Esa sentencia de mayo confirmó el fallo de un tribunal en Sonora según el cual la autorización concedida el 23 de febrero de 2011 por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) federal al Acueducto Independencia fue emitida “sin respetar el citado derecho a consulta”.

Pero, agrega Luna, pese a los ordenamientos de la SCJN, el Gobierno de Sonora no ha detenido la construcción del Acueducto Independencia para llevar agua de la cuenca del Río Yaqui a Hermosillo, la capital estatal. Jueces locales, coludidas con gobierno de Sonora, “se han burlado del estado de derecho al ordenar el traslado del agua de forma ilegal y descontrolada hoy en día”.

De los 30 mil indígenas yaquis contados en 1870 por los misioneros jesuitas a los cinco mil que sobrevivieron hacia 1920 tras a los ataques del porfiriato y Álvaro Obregón; ahora, en este 2014 –agrega Luna- el peligro se cierne sobre 45 mil yaquis que, otra vez, enfrentan una campaña en su contra, por la aplicación de la ley por las autoridades en Sonora “a su propia conveniencia”.

Luna, quien junto con otro líder yaqui, Tomás Rojo, denuncian que con “delitos fabricados”, se han instrumentado órdenes de aprehensión en su contra, acusados de privación ilegal de la libertad, tras las manifestaciones de agosto pasado en la carretera internacional, cuando el profesor Francisco Antonio Delgado Romo, operador político de las autoridades sonorenses en la comunidad yaqui se confronta con el pueblo y en su huida “casi atropella a una señora y su hija por lo que la tribu yaqui lo detiene y enjuicia en una asamblea pública conformada por más de 500 personas a la vista de todos y de acuerdo a sus usos y costumbres. sin embargo, Luna asegura que ni él ni Rojo se encontraban ese día en el lugar de los hechos y que tienen manera de probarlo. Por ello, demandan que pare la persecución y abierta criminalización en contra de integrantes del pueblo yaqui que han dado la cara en acciones y protestas por la defensa del agua.

18 de julio de 2014
Fuente: Dossier Político