Una bomba que va directo a Fonatur

10 agosto 2015

Era uno de sus primeros actos como presidente de la República. Visitaba Felipe Calderón a Cancún y puso la primera piedra de un desarrollo que construiría su propio gobierno. Llegó entonces al lugar y en un impulso súbito que sorprendió a todos, cesó fulminantemente al que entonces fungía como delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales por lo que llamó devastación insostenible. Se refería al desmonte de varias hectáreas de manglar, autorizadas años atrás por el Gobierno Federal, para poder desarrollar ahí el proyecto que inauguraba. El entonces presidente Calderón marcaba negativamente, quizá sin saberlo, el destino de una obra fundamental para el principal destino turístico del país.

No son “fanáticos” ni “revoltosos”. No son los manifestantes que protestan obligados por la necesidad. Son ciudadanos que un día simplemente se organizaron para detener una obra que, cumpliendo todo lo estipulado en la ley, ellos consideraban que era un “ecocidio”. Manifestaciones ciudadanas que en Cancún, no son comunes. Tratando de detener, reitero, una obra que no contraviene la ley y que cuenta con todos los permisos para realizarse en un desarrollo construido por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo para precisamente eso: que se construyeran ahí edificios, centros comerciales, viviendas, oficinas. Malecón Tajamar es el último desarrollo que construyó FONATUR en su destino insignia. Pegado a la Laguna Nichupté en el centro mismo de la Ciudad, era no sólo la “joya de la corona” para el desarrollo inmobiliario, sino la oportunidad que esta ciudad tuviera su “ventana al agua”. Pese a que se encuentra a la vera del mar, el desarrollo urbano la alejó del mismo y creció hacia el interior. Este desarrollo suponía la “puerta al agua” para cientos de miles de habitantes de Cancún.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó en 2005 un permiso de construcción en 58.76 hectáreas de lo que entonces se conocía como Malecón Cancún y ahora se denomina Malecón Tajamar.

El proyecto incluía torres residenciales, un centro comercial, un hospital privado, un templo católico y edificios para oficinas. La inversión se estimaba en unos cien millones de dólares. Esta autorización se dio dos años antes que se aprobara un cambio en el artículo 60 TER en la Ley General de Vida Silvestre, que prohíbe el relleno, remoción, tala y cualquier actividad que interrumpa el flujo hidrológico de los manglares.

Malecón, en efecto es una zona de manglares en su mayoría. Este permiso autorizado antes de la modificación legal —la ley no es retroactiva, vale recordar— vence en menos de cinco meses y, de pretenderse construir algo, se tendría que volver a tramitar una nueva Manifestación de Impacto Ambiental bajo la legislación vigente, lo que lo haría imposible para una buena cantidad de los lotes en este desarrollo.

Por ello, algunas de las empresas y particulares propietarias de lotes, decidieron comenzar a construir. Con todos los permisos, se desmontó el predio y fue lo que detonó la protesta ciudadana que ya alcanzó niveles no pensados.

La respuesta de la autoridad federal es delicada. Ha deslizado la posibilidad que se revoquen los permisos otorgados, lo que desencadenaría un conflicto legal de proporciones mayúsculas. No habrá uno sólo de los compradores de estos terrenos que acepte que aquello que compró con todos los permisos, ahora no pueda desarrollarlo.

De suceder, se sobrevendrían un cúmulo de demandas legales en contra de FONATUR, que le impactarían de sobremanera en su operación. Generarían además, una inseguridad jurídica que afectaría la inversión en México.

Es comprensible la protesta ciudadana; es cierto igual que ese desarrollo se realizó para que ahí se hicieran obras como la que ahora se oponen. Nunca fue un secreto y se conoce desde hace más de una década que existiría. En efecto no es un asunto simple. Y es una bomba que verdaderamente puede estallar en muy poco tiempo.

10 de agosto de 2015
Fuente: La Razón
Nota de Gerardo García