Aunque en el país está reconocido el derecho a demandar el acceso al agua y su saneamiento, hacen falta mecanismos para exigirlo, lamentó Judith Domínguez, investigadora del Centro de Estudios Demográficos y Urbanos de El Colegio de México.

“Prevalece la idea de que por tratarse de un servicio público su prestación corresponde exclusivamente a los gobiernos y se rechaza la idea de la participación en la gestión de la iniciativa privada o el reconocimiento de formas comunitarias, lo que provoca conflictos sociales”, indicó el pasado miércoles al participar en una reunión de consulta convocada por la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Aseguró que la falta de este servicio se debe a problemas de gestión pública.

Actualmente, comentó, existen en el Congreso 42 iniciativas de ley relacionadas con el manejo del agua.

“Se requiere fomentar el rehúso del agua, regular aguas pluviales; eliminar la figura del libre alumbramiento; establecer medidas en materia de inundaciones; establecer atribuciones en materia de participación en la elaboración de programas hidráulicos; regular la extracción de materiales pétreos; regular desalación de aguas y establecer sanciones por desperdicio del agua”, planteó.

Uno de los aspectos relevantes para México es el de justicia y equidad intergeneracional, por lo que los gobiernos deben proveer agua a las zonas más marginadas, y en algunos casos hacerlo incluso de manera gratuita, advirtió la especialista.

La realidad, sostuvo,muestra que las zonas marginadas son las que más pagan por el servicio.

“Subyace no sólo el problema de equidad en el acceso al agua y saneamiento, sino también la ausencia en el sector de medidas para atender poblaciones vulnerables, con especial énfasis en las escuelas en zonas rurales y periurbanas, que hacen visible una notable desigualdad en el acceso al agua saneamiento, y las repercusiones que esta carencia tiene en términos de salud y de agudización de la pobreza”, apuntó la especialista.