Después de un juicio de casi cuatro años, el gobierno del Estado de México se desistió de la acción legal emprendida por la administración de Arturo Montiel para exigir el pago de 25 mil 654 millones de pesos por daños y perjuicios derivados del aprovechamiento de agua y la terminación de los convenios que autorizan al Distrito Federal a aprovechar aguas de la entidad para abasto de agua potable.

A través de un comunicado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que tanto esa dependencia, como el gobierno del Estado de México llegaron a un acuerdo definitivo, a través del cual dan por terminada la demanda interpuesta por la entidad mexiquense en el año 2004, tras intensas negociaciones, aunque no especifican en qué consiste el pacto, ni cuáles son las condiciones de él.

"Después de intensas negociaciones encabezadas por el titular de la Conagua, José Luis Luege Tamargo, con las diferentes instancias del gobierno del Estado de México, éste último acordó desistirse de toda acción por este concepto en contra de la federación, representada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Conagua, y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Social, Pesca y Alimentación, así como del gobierno del Distrito Federal, en su calidad de usuario final de los volúmenes que recibe a través del Sistema Cutzamala.

"(…)La Conagua y el gobierno del Estado de México, a través de sus respectivas áreas jurídicas, suscribieron el convenio que da por terminado el juicio ordinario civil federal promovido por esa entidad, mismo que se atendía en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal".

Según el comunicado, el director general de la Conagua consideró que el acuerdo es producto de la voluntad política, el alto nivel de negociación entre esa dependencia y las autoridades mexiquenses, la buena disposición del gobernador Enrique Peña Nieto y advierte que el reclamo fue descartado por estudios técnicos realizados por especialistas

de esta dependencia federal y de la Universidad de Chapingo.

En el 2004 el gobierno de Arturo Montiel inició varias acciones legales para reclamar el pago de 25 mil 654 millones de pesos por daños y perjuicios derivados del aprovechamiento de agua, así como la terminación de los convenios del 14 de diciembre de 1966, 12 de diciembre de 1968, 10 de septiembre de 1969 y 30 de septiembre de 1979.

En ellos se autoriza al gobierno del Distrito Federal el aprovechamiento de las aguas subterráneas de la cuenca del río Lerma, en el Estado de México, con propósitos de abastecimiento de agua potable para la población de la ciudad de México.

Las autoridades estatales, también pidieron la extinción, insubsistencia y término de los efectos del Título de Asignación otorgado con fecha del 4 de marzo de 1996 al entonces Departamento del Distrito Federal, para explotar, usar o aprovechar aguas del subsuelo en el Estado de México con los mismos fines de abasto de agua potable.

Además, reclamaron la entrega, sin costo alguno para la entidad, de los pozos, sus equipos, instalaciones eléctricas, casetas y caminos de operación de lo que el Departamento del Distrito Federal construyó para extraer y conducir a la ciudad de México las aguas nacionales provenientes de aquella entidad.(f)