Guadalajara.- Las 62 delegaciones que acudieron al III Encuentro Internacional de Afectados por Represas, que se realizó en Temacapulín, aprobaron ayer una declaratoria en que desaprueban la construcción de infraestructura a favor de intereses de los grandes negocios, y en perjuicio de las poblaciones asentadas en las zonas que se inundan. El contenido de esa declaración se da a conocer en estos momentos en la plaza de armas de Guadalajara.
“Nos oponemos a la construcción de todas las represas social y ambientalmente destructivas. Nos oponemos a la construcción de cualquier represa que no haya sido aprobada por las poblaciones afectadas, luego de un genuino proceso debidamente informado y participativo, y que no satisfaga las necesidades básicas priorizadas por las mismas comunidades. Gobiernos, instituciones financieras y corporaciones deben someter todas las decisiones sobre represas a la aceptación pública y consentimiento informado por los afectados, como fue recomendado por la Comisión Mundial de Represas, incluyendo las poblaciones aguas abajo y aguas arriba de la presa”.
Los servicios prestados por las represas existentes “deben ser optimizados, el daño social y ambiental minimizado y reparado/compensado, antes de la construcción de cualquier nuevo proyecto. Demandamos el respeto total al conocimiento y manejo tradicionales de los territorios de los pueblos indígenas y tribales, comunidades tradicionales y campesinos y de sus derechos colectivos a la autodeterminación y libertad, su consentimiento previo e informado en la planificación y toma de decisiones sobre el agua y la energía. Las reparaciones deben ser negociadas y dadas a los millones de personas que han sufrido a causa de las represas, incluyendo la provisión de tierras, viviendas e infraestructura social. Los constructores y promotores de represas, y los que se benefician de las presas, son los que deben pagar los costos de las reparaciones. Deben ser promovidos programas y planos de recuperación y desarrollo económico y social de las poblaciones afectadas, sobre el control popular”, señala el documento.
Además, “rechazamos la militarización de nuestros territorios. Exigimos el cese del uso de toda forma de violencia e intimidación contra las personas amenazadas y afectadas por represas y organizaciones que se oponen a las mismas. Rechazamos la militarización de los territorios y el uso de presas y aguas para fines militares. Exigimos que los gobiernos y organizaciones internacionales respecten y protejan los derechos humanos y cesen las persecuciones contra dos defensores de esos derechos. La equidad de género debe ser respetada en todas las políticas, programas y proyectos sobre agua y energía”.
Otros planteamientos de la declaración son: “Deben realizarse acciones, incluyendo el desmantelamiento, para restaurar los ecosistemas y los estilos de vida que han sido dañados por las represas. Rechazamos la privatización de los sectores de energía y agua. Demandamos el control público, efectivo y democrático y la regulación de los servicios de electricidad y agua. Agua y energía no pueden seguir tratados como mercancía, pues son un bien público. Como lo ha reconocido la Asamblea de las Naciones Unidas, el agua es un derecho humano fundamental, lo que responsabiliza a los gobiernos asegurar el acceso universal al agua de buena calidad; así como asegurar la protección de los recursos hídricos de toda contaminación”.
Las políticas de agua y energía “deben ser objeto de amplias y democráticas consultas públicas. En algunos países el diálogo sobre la implementación de recomendaciones de la CMR pueden contribuir de manera relevante. Los gobiernos deben proteger la seguridad de las poblaciones aguas abajo y aguas arriba de las represas existentes, incluyendo inversiones suficientes en la seguridad de las represas, un manejo responsable y participativo de las mismas y elaboración de planos participativos de protección ó evacuación en caso de ruptura y descargas de emergencia. Los afectados por presas construidas en un país fronterizo tienen el derecho a ser consultados sobre su construcción y operación. Autoridades de cuencas nacionales e internacionales deben ser participativas y transparentes, e incluir representantes de movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales”.
Además, los gobiernos “deben invertir fuertemente en la investigación y aplicación de tecnologías energéticas y manejo de agua ecológicamente responsables. Los gobiernos deben implementar políticas que desincentiven el desperdicio y sobreconsumo, y garantizar la distribución equitativa de la riqueza. Rechazamos los subsidios del Mecanismo de Desarrollo Limpio para proyectos hidroeléctricos destructivos, y nos oponemos a todos los mecanismos de mercado de carbono. Hidrovías deben seguir el principio “adaptar el barco al río, no el río al barco”.
