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SCJN revisa caso de defensores del agua de Pahuatlán; serían liberados: Centro Pro

06 de julio de 2012
Fuente: La Jornada de Oriente
Nota de  Javier Puga Martínez

Desde el pasado 15 de junio, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldivar analiza el caso de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz. La Corte atrajo el caso de estas autoridades locales en Atla, municipio de Pahuatlán, encarcelados por defender el derecho de la población al agua.

En mayo pasado, la SCJN encontró elementos suficientes no sólo para atraer el caso sino para dejar en libertad inmediata a estos hombres debido a la serie de anomalías que los llevaron a ser sentenciados a prisión por seis años.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro), organización que se encarga de la defensa legal de Aniceto Gómez y de Agustín Cruz, la Corte tiene todas las bases para determinar que el encarcelamiento de los indígenas nahuas fue por motivos de odio, debido a la lucha que encabezaron para defender el agua.

Esto sentaría un precedente para que en el futuro existan garantías para los sectores sociales más vulnerables, en la defensa de sus derechos más elementales, como el acceso al líquido.

Así, en los próximos días, la SCJN podrá ofrecer una resolución respecto a este caso en el que se espera que sean liberados inmediatamente.

La organización Amnistía Internacional continúa brindando apoyo a José Ramón Aniceto y a Pascual Agustín a través de diversos actos, como el realizado a finales de junio, difundiendo las anomalías pero exigiendo la libertad inmediata e incondicional de estos poblanos.

El organismo ha subrayado que son “presos de conciencia”, tras haber sido detenidos en enero de 2010 y sentenciados en primera y en segunda instancia por los tribunales de Puebla, a más de seis años de prisión por el supuesto robo de un vehículo.

Amnistía Internacional documentó que hubo informes fidedignos de que el auto nunca fue robado y de que en realidad había sido abandonado por el hijo del denunciante, para posteriormente ser resguardado en la comandancia policial en Pahuatlán, antes de ser devuelto. Estos hechos nunca fueron investigados por el Ministerio Público.

Este organismo internacional concluyó que tras revisar el caso detalladamente y entrevistar a los presos y otros testigos, la acusación contra los activistas fue fabricada como represalia por su trabajo para garantizar el amplio acceso al agua para la comunidad indígena náhuatl de Atla.

Amnistía Internacional subraya que, de acuerdo con su investigador sobre la situación de los derechos humanos en México, Rupert Knox, que Aniceto Gómez y Agustín Cruz fueron “victimas de un sistema de justicia que con frecuencia se utiliza para castigar a quienes trabajan en la defensa de las personas que sufren abusos a los derechos humanos”.

Y agregó que “lamentablemente, el caso de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz no es un hecho aislado”.

Además, en ningún momento el juicio que se abrió contra estos activistas se hizo en su idioma; todo el tiempo se llevó a cabo en español y jamás se les proporcionó un intérprete, refiere el reporte sobre el caso.

“Tampoco se respetó su derecho a una defensa adecuada. El Ministerio Público los procesó basándose en una declaración de la supuesta víctima del robo y dos supuestos testigos, sin tomar ninguna medida para aclarar las contradicciones evidentes en las declaraciones”, de acuerdo con la organización.

Asimismo, expone que cuando el caso llegó a la primera y segunda instancia, el Poder Judicial estatal aceptó, sin cuestionar, las pruebas irregulares presentadas por el Ministerio Público e hizo caso omiso de la defensa.