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Uno de los amparos contra la privatización del agua llegó a la SCJN: Gilberto Montalvo

12 mayo 2014

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa acordó remitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) uno de los juicios de amparos que la Asamblea Social del Agua promovió contra la privatización del servicio hídrico en la capital del estado y municipios conurbados.

Gilberto Vladimir Montalvo González, asesor legal de la organización ciudadana, informó que esta semana la SCJN determinará si admite el litigio, a través del cual se busca echar abajo el proceso de licitación que realizó el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) para poder ceder sus actividades a la iniciativa privada.

En conferencia de medios, explicó que los ministros contarían con 30 días hábiles para analizar en un primer momento la solicitud que realizó de suspender definitivamente el proceso de licitación, mientras se resuelve el fondo del juicio.

Para que la SCJN ordene la suspensión sus miembros tendrán que determinar si ésta afecta o no el orden público y si el amparo se encuentra fundamentado en la ley, detalló.

El fondo del litigio, explicó, es comprobar la constitucionalidad del ingreso de particulares en la administración del agua potable, así como la constitucionalidad de la reforma a la Ley del Agua para el estado que el Congreso de Puebla aprobó el año pasado, en la cual se soportó el proyecto del gobierno estatal de ceder a la iniciativa privada la administración del vital líquido en la capital y cinco municipios conurbados.

En el medio procesal referido también se acusa al Soapap de violar el artículo 134 de la Constitución del país, debido a que la licitación que inició el 18 de septiembre no se llevó a cabo de manera pública.

El organismo operador ocultó información sobre el proceso, y entre los datos que se reservaron se encontró el nombre de las empresas que compitieron por el contrato, así como las condiciones del mismo, expuso Montalvo González.

 

Freno a concesión

El asesor jurídico de la Asamblea Social del Agua afirmó que las demandas en contra de la licitación han impedido al Soapap firmar el contrato de concesión con las empresas ganadoras de la licitación –Aguas de México, Ticsa y Epcor.

Manifestó que la falta de certidumbre jurídica sobre el proceso provocó que las compañías solicitaran una prórroga de un mes para cubrir la contraprestación de mil 400 millones de pesos que están obligadas a pagar como compensación por el manejo de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales durante 30 años.

A su vez, Gerardo Pérez Muñoz, integrante de la Asamblea Social del Agua, dio a conocer que el grupo ciudadano ya trabaja con el frente Agua para la Vida Agua para Todos, que representa a más de 100 organizaciones de todo el país en busca de una nueva ley federal que impida la privatización de los servicios de agua potable.

Acompañado por Montalvo González y otros miembros de la Asamblea Social del Agua, Pérez Muñoz convocó a la ciudadanía a formar comités vecinales para defender su derecho de tener acceso a ese vital líquido.

 

Facultad de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación 

Montalvo González dio a conocer que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa acordó remitir a la SCJN el juicio de amparo 1540/2013, que el 31 de octubre pasado derivó en la suspensión provisional de la licitación.

El caso llegó a los tribunales, prosiguió el litigante en su explicación, porque el Juzgado Décimo de Distrito se negó a conceder la suspensión definitiva del concurso.

Aclaró que aún se desconocen los motivos de los magistrados para invocar la facultad de atracción de la SCJN, pero una de las causas que considera la ley es la falta de interpretación de un precepto constitucional.

“La corte no ha hecho ninguna interpretación del principio de prevención de violaciones, que se señala en el artículo 1 constitucional ni del artículo 136 de la Ley de Amparo que habla de una ponderación del buen derecho –los cuales se exponen en el amparo–”, explicó el asesor jurídico.

Ante la ausencia de precedentes, consideró que los juicios iniciados contra la privatización del Soapap podrían ser utilizados por los ministros para hacer jurisprudencia en el tema.

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12 de mayo de 2014
Fuente:  La Jornada de Oriente 
Nota de Mónica Camacho