Agua para uso agrícola

19 mayo 2014

Por otro lado, la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) apunta que 74 por ciento de la superficie agrícola es de temporal, expuesta a los avatares del clima y por tanto sólo producen una cuarta parte respecto de las zonas con riego.

Proliferan los pozos y los aprovechamientos ilegales de aguas superficiales. Numerosas concesiones exceden la disponibilidad. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) suministra el servicio de energía a pozos ilegales que extraen el recurso sin ningún control. Y muchas explotaciones agrícolas y hortícolas consumen una gran cantidad de agua sin que sus productos sean alimentos básicos o que generen empleos o algún beneficio económico comunitario.

Acciones inmediatas a emprender. Cuanto antes es necesario mantener y hacer valer la veda a aguas subterráneas decretada en marzo de 2013; lograr la clausura de los pozos y aprovechamientos ilegales e impedir que la CFE les suministre energía. Al mismo tiempo debe presupuestarse un programa multianual que contemple inversiones para apoyar la tecnificación y eficiencia de los equipos de riego y de bombeo.

Reformas legislativas. Se requiere reformar la Constitución para reconocer el agua como bien público, y debe eliminarse el concepto de “libre alumbramiento”. Las comunidades en sus diversas formas: pueblos indios, ejidos y mancomunes, deben tener uso prioritario.

La Iniciativa de Agua para Todos, Agua para la Vida ya incluye la mayoría de los siguientes aspectos: priorización del agua para la sustentabilidad, el consumo humano y la producción de alimentos básicos sobre criterios mercantiles. Rediseño del sistema de concesiones para poner fin al acaparamiento del agua. Nuevas concesiones deben obligar a la realización de obras de captación de agua y de mejoramiento agro-ambiental. Hay que elaborar normas que impidan recibir concesiones, subsidios, créditos, apoyos gubernamentales a agricultores o ganaderos con prácticas insustentables, derrochadoras o contaminantes.

Lo fundamental: el control social y ciudadano. En la propuesta de Agua para Todos, los Consejos de Cuenca, de un tamaño menor y con representantes elegidos territorialmente, consensarían la planeación, asignación y supervisión de los caudales de agua para cada uso. Es vital que estos Consejos sean dotados de autonomía presupuestal y de gestión.

Para el riego con aguas del subsuelo: Las concesiones deben limitar los volúmenes de extracción a los ecológicamente aprovechables en cada cuenca. Hay que diseñar mecanismos efectivos de monitoreo y supervisión de perforaciones y extracciones, involucrando a la ciudadanía. Debe establecerse un programa nacional para la recuperación de cubierta vegetal, así como la realización de investigaciones para documentar las conexiones entre los acuíferos.

Para el agua “rodada”, es necesario poner en marcha un programa para el mejoramiento de los sistemas de canales y acequias a fin de disminuir evaporación u absorción. También debe ponerse en marcha un programa multianual para hacer eficiente el riego y evitar las prácticas de inundación de surcos y exigir la construcción de drenes para recuperar el líquido sobrante. Los Consejos de Cuenca deben vigilar que en las asociaciones de usuarios de los distritos de riego haya democracia, transparencia, rendición de cuentas y equidad en la asignación de cuotas de agua. Es imperativo priorizar el acceso a las aguas superficiales por parte de las comunidades más pobres y realizar las obras de infraestructura correspondientes.

Propuestas para conjugar la soberanía alimentaria con la sustentabilidad hídrica. A partir de las reformas legislativas ya descritas, es necesario construir con participación ciudadana, de productores, técnicos, usuarios y dependencias de gobierno, el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Sustentabilidad Hídrica, construido de abajo hacia arriba, a partir de la planeación de cada cuenca. Dentro del Plan deben contemplarse medidas operativas para hacer realidad dicha soberanía y para determinar los cultivos más adecuados por cuenca y por región, de tal manera que el tipo de cultivos y la extensión de los mismos que pueden regarse sean definidos con base en las prioridades nacionales y necesidades locales. Debe también contemplarse un plan de acción emergente para prever y atender las contingencias generadas por el cambio climático que tanto afectará a la zona norte del país, así como una intensa labor de investigación, desarrollo tecnológico apropiado, extensionismo y capacitación para formar a todos los actores que tienen que ver en el agua.

Sólo siguiendo pasos como éstos en podrá haber alimentos y agua para tod@s.

17 de mayo de 2014
Fuente: La Jornada del campo
Nota de Víctor M. Quintana S. (El Barzón, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez )