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Un México con ríos limpios y libres

Estos ríos reciben 243 mil litros por segundo de aguas residuales municipales y 188.7 metros cúbicos por segundo de aguas residuales industriales, casi la mitad sin tratamiento, y la otra parte sin vigilancia continua para verificar el cumplimiento de normatividad, la cual, por cierto, data de 1996. En 2010 más del 20 por ciento de las cuencas hidrológicas del país presentaba serias alteraciones eco-hidrológicas; en algunos ríos de México se han detectado más de mil sustancias químicas tóxicas.

Sin reconocimiento oficial, la situación se agrava: los ecosistemas acuáticos se ven afectados, hay extinción de especies, se reduce la disponibilidad de agua limpia y se observan problemas de salud en las poblaciones colindantes.

La construcción de grandes presas hidroeléctricas y el trasvase de agua entre cuencas sólo sirven para empeorar la situación de los ríos. Al disminuir su flujo, se reduce su capacidad de autodepuración, se aumenta la evaporación, declina la biodiversidad acuícola y se impide el transporte de nutrientes a las zonas costeras.

¿Cómo podemos revertir el daño? Primero, reconocer que los ríos forman ecosistemas que definen la orografía y microclima de un sitio, así como la biodiversidad de una región y la productividad de los ecosistemas costeros. Los ríos son parte fundamental de la historia de los pueblos.

Segundo, crear una nueva forma de relacionarnos con el entorno a por medio de la conservación de los recursos. Las acciones comunitarias de autogestión y las redes de participación ciudadana están generando proyectos alternativos de manejo sustentable y de monitoreo desde Baja California hasta Quintana Roo.

Tercero, definir un periodo de transición para lograr, en 15 años, el fin a la contaminación del agua por actividades agrícolas o industriales, y en ese marco establecer una lista prioritaria de sustancias para su prohibición inmediata y ampliar los parámetros utilizados para detectar la presencia de contaminantes en descargas durante este periodo. El cobro de derechos por acceso a aguas nacionales para uso industrial debe cubrir el costo de inspecciones y análisis oficiales periódicos, así como para el monitoreo ciudadano. Los que contaminan deben perder sus concesiones. El público debe de tener acceso permanente a los puntos de descarga, y los datos sobre sustancias utilizadas por cada concesionario y los resultados de muestreos oficiales deben ser difundidos en línea.

Cuarto, promover un plan de desmantelamiento de presas y diques para restablecer el flujo y la dinámica natural de los ríos como lo están haciendo países como Estados Unidos y los de la Unión Europea.

Quinto, exigir que todo proyecto de infraestructura que pudiera causar algún impacto al sistema hídrico cuente con un Dictamen de Impacto Socio-Hídrico emitido por un comité científico-ciudadano independiente, el cual garantice que el proyecto no propiciará daños.

Sexto, organizarse y actuar. Existen alrededor de 300 organizaciones regionales que están respondiendo ante la crisis hídrica del país. En una acción sin precedente, la campaña Agua para Todos, Agua para la Vida reúne a cientos de académicos y estudiantes de las principales universidades de México y al menos 49 organizaciones civiles. Han consensado una propuesta para una nueva Ley General de Aguas con el objetivo de cambiar el modelo de extracción y manejo de los recursos hídricos. Esta propuesta prioriza la conservación de los ecosistemas, la soberanía alimentaria y la reducción significativa de la contaminación de los ríos.

17 de mayho de 2014
Fuente: La Jornada del campo
Nota de Omar Arellano-Aguilar (Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, AC )