El CIADI: “Derechos” de las corporaciones contra los derechos humanos

19 mayo 2014

El proceso inicia cuando el país anfitrión implementa una política que podría afectar sus ganancias esperadas según lo estipulado en algún Tratado Bilateral de Inversión o de Libre Comercio, por ejemplo, en el caso de nuevas disposiciones de protección al medio ambiente.

Sudáfrica fue fuertemente demandada ante el CIADI en 2007 después de implementar políticas en pro de la población negra, que había sido marginada durante el apartheid. Argentina, tras la crisis financiera en 2001, se convirtió en el país más demandado ante el CIADI. México, pese a no ser firmante, es el cuarto país más demandado a nivel global debido a que reconoce a CIADI como árbitro en sus tratados bilaterales y de libre comercio.

En el CIADI los árbitros son al mismo tiempo juez y parte; generalmente provienen de las mismas empresas que demandan. En más de 95 por ciento de los casos, el fallo es a favor de la corporación demandante. Si los países deciden salir del CIADI, son obligados a seguir respetando los fallos del tribunal hasta por 15 años más.

Los laudos decretados por los árbitros del CIADI utilizan instrumentos como el embargo de los bienes del país en el extranjero, o de sus reservas internacionales en oro. La cesión de la soberanía de las naciones en el altar del libre comercio internacional es un tema altamente polémico, pero es práctica cotidiana en un escenario de extracción y mercantilización de los recursos naturales y de la propia vida.

En entrevista, Alberto Arroyo investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, critica la firma de tratados y acuerdos que reconocen el CIADI. En primer lugar, cuestiona quiénes son los beneficiarios de la inversión extranjera que estos acuerdos buscan atraer. Segundo, señala el caso de Brasil, país que no ha firmado ningún TBI y es el principal captador de inversión extranjera directa de América Latina, por encima de México, que ha firmado y se ha subordinado a los intereses de los inversionistas extranjeros.

Arroyo, miembro de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, habló sobre algunas estrategias que se puede impulsar para recuperar la soberanía cedida: “Una estrategia es iniciar una campaña a nivel local, nacional e internacional para cuestionar el poder de las corporaciones e impulsar un código vinculante que dé a los pueblos y a los gobiernos la capacidad de demandar a las trasnacionales en un tribunal internacional por violación a los derechos humanos, así como por la deuda ecológica (daños irreversibles que han causado desde el pasado y hasta el futuro). “La violación de los derechos humanos debe ser causal de nulidad inmediata de un tratado”.

Por otro lado, se ha apelado a la defensa del territorio; los pueblos han defendido su derecho a la consulta previa, reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La comunidad es la última línea de defensa del territorio ante los embates de las transnacionales y tiene que pelear bajo el amparo de la propiedad colectiva de la tierra, señala Arroyo.

“No cabe duda que entrar a un TBI sin medir las severas consecuencias es lo peor que pueden hacer los gobiernos”, manifiesta Javier Echaide, catedrático de la Universidad de Buenos Aires. “Argentina, que privatizó sus sistemas de agua, una vez comenzada la crisis de 2001 recibió un alud de demandas multimillonarias ante el CIADI. De concretarse la privatización del agua en México se correría la misma suerte”.

En el mismo sentido, Arroyo agrega: “El agua como un derecho humano indispensable para garantizar la soberanía alimentaria de los países y la preservación de los ecosistemas debe quedar exenta de la lógica del libre mercado”. En el caso mexicano, la legislación permite concesiones con duración de hasta 30 años, garantizando el pago de utilidades esperadas en caso de la cancelación de la concesión por cualquier motivo, e incluyendo el incumplimiento por parte del concesionario.

Para lograr mayor control sobre las inversiones, Arroyo señala la importancia de presionar para evitar la firma de tratados, acuerdos y concesiones, especialmente los de largo plazo. También invita a participar en la campaña mundial a favor de un tratado internacional y mecanismos que obligarían a los Estados a responsabilizar a las empresas para sus acciones u omisiones que vulneren derechos humanos. Para más información de la campaña: rmalc@rmalc.org.mx.

17 de mayo de 2014
Fuente: La Jornada del campo
Nota de Eduardo Monroy y Jessica Jiménez (Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa. Revista Xantico)