Ausencia de consulta pública en megaproyectos: Monterrey VI, un ejemplo

09 julio 2014

Una de las presentaciones en el Congreso –realizado del 9 al 11 de abril de este año en la Universidad de Guanajuato, sede Salvatierra- de Beatriz Torres Beristain y Rosalinda Hidalgo, señala que “actualmente en Veracruz existe un estado de confrontación entre la imposición de megaproyectos y grupos de la sociedad civil que se oponen a ellos. Las autoridades ostentan un discurso de desarrollo sustentable y participación, sin embargo (…) lo que hay es falta de transparencia, ausencia de reales procesos participativos y una falta de acciones contundentes para la preservación y restauración de ecosistemas”.

El trabajo, Megaproyectos en el estado de Veracruz: entre la devastación y el despojo, destaca lo relativo a Monterrey VI, el cual consiste en un trasvase de 520 kilómetros que llevaría agua de la cuenca del Río Pánuco, desde los límites entre San Luis Potosí y Veracruz hasta la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). “A pesar de la magnitud faraónica de este proyecto, y de lo controversial que son hoy día los trasvases a nivel mundial, ha pasado parcialmente desapercibido mediáticamente, y lo mismo ha ocurrido con las voces de resistencia”.

Otra ponencia, de Eduardo José Rodríguez de Ita, Los mecanismos de participación ciudadana en los marcos legales y de política pública ambiental federal: el caso del proyecto Monterrey VI, precisa que la ZMM se ha abastecido con agua de la presa El Cuchillo, construida en 1994 –la cual también abastece agua para riego a Tamaulipas-, pero ésta tenía una visión sólo al 2010. Y ahora con Monterrey VI, con una inversión programada de 13 mil 644 millones de pesos provenientes de fuentes diversas, el gobierno de Nuevo León prevé la extracción y conducción de un volumen de 15 metros cúbicos por segundo de la cuenca del Pánuco. Con ello se abastecería la ZMM y municipios conurbados durante los próximos 50 años.

Este trasvase “es el único en la historia de México por su extensión, al contar con alrededor de 390 kilómetros de longitud”, dice y precisa que el documento principal que aborda la problemática del proyecto Monterrey VI es la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) promovida por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM). En el texto “no se observa el papel de los mecanismos participativos” que debieron aplicar la Secretaría de Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua (Conagua), para involucrar a la población afectada por este proyecto.

Una preocupación de Rodríguez de Ita es que en los trasvases más representativos en el mundo, Trasvase Tajo-Segura (España), Río Snowy (Australia), Lesotho Highland Water Project (Lesotho y Sudáfrica “se predijeron excedentes en la cuenca donadora, lo que precisamente motivó la transferencia del recurso. Sin embargo, estos proyectos se caracterizan por conllevar impactos ambientales negativos por la reducción del caudal ecológico de la cuenca donadora, lo que ha resultado (…) en la amenaza a especies en peligro de extinción”, dice, citando consideraciones del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, sus siglas en inglés).

Sobre la presa El Naranjal, el documento de Torres e Hidalgo señala que esta obra pretende desviar el río Blanco (en el centro del estado de Veracruz) y conducirlo por más de 22 kilómetros por medio de terrenos ejidales y productivos de Ixtaczoquitlán, Fortín, Amatlán, Cuichapa, Yanga y Omealca. Ello para generar 360 megavoltios (960 GWh/año). De concretarse, sería la novena hidroeléctrica más importante del país y la más importante de Veracruz.

“Las comunidades cercanas al proyecto El Naranjal nunca fueron informadas ni consultadas; desde 2009 o antes se empezó a dar compra de tierras con engaños argumentando otros propósitos, sin embargo a finales de abril del 2011 se confirmó que se trataba de un proyecto hidroeléctrico, conformándose un grupo de resistencia llamado Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre”.

En cuanto al proyecto Propósitos Múltiples Xalapa, que pretende dotar de agua a la ciudad de Xalapa por los próximos 25 años y energía para 300 mil personas, señala que no existe una MIA ingresada de este proyecto, pero “al parecer consiste en una presa sobre el río la Antigua con una cortina de cien metros de alto por 700 metros de longitud que almacenará 135 millones de metros cúbicos de agua y un sistema de bombeo (…). Las investigadoras precisan que los inversionistas son el gobierno de Veracruz y una empresa brasileña, Odebrecht (esta última con 70 por ciento de aportaciones).

La respuesta social es, según señalan las investigadoras: “Desde 2011 han existido movilizaciones de personas de la cuenca de la Antigua para protestar contra la posible realización de presas sobre su río. Actualmente varios de los grupos y comunidades que se oponen a este proyecto se han organizado alrededor de un colectivo denominado Pueblos Unidos en Defensa de la Antigua” (LER).

09 de julio de 2014
Fuente: La Jornada del Campo