ONGs rechazan “cambios cosméticos” a “Ley Korenfeld”: debe cambiar por completo, dicen
07 abril 2015
La Ley General de Aguas, la llamada “Ley Korenfeld”, debe ser sustituida en su totalidad y no sólo realizarle modificaciones cosméticas o menores, afirmaron a Sin Embargo organizaciones de la sociedad civil que participaron en la discusión con la Cámara de Diputados para elaborar una iniciativa de ley para finalmente fue reemplazada por el documento de la Comisión Nacional de Aguas (Conagua).
Las expertas adelantaron que no aceptarán cambios cosméticos en una ley que claramente es contraria a las verdaderas necesidades del sector, luego de que la Comisión de Recursos Hidráulicos de San Lázaro anunciara la realización de audiencias públicas para “subsanar las irregularidades cometidas en la dictaminación” de la iniciativa el pasado 4 de marzo.
“La propuesta de la Ley de Aguas que se tiene actualmente está mal en tantos aspectos que se requiere que se deseche, modificarle un fragmento aquí un fragmento allá, no nos da la posibilidad de cambiar la visión completa en la que se basa esa iniciativa [Ley Korenfeld]”, afirmó en entrevista Claudia Campero, miembro de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua.
La especialista destacó que la iniciativa redactada en las oficinas de Conagua promueve un descalabro ambiental al impulsar el traslado de agua a grandes distancias con impactos muy importantes sociales y a los ecosistemas.
Precisó que la visión de trasladar el agua de un sitio a otro a través de grandes inversiones para llevar agua para diferentes actividades económicas es la ideología que trae detrás la “Ley Korenfeld”.
Por lo cual no es suficiente realizar tres o cinco cambios a la iniciativa, sino modificar de raíz la visión de transformar el líquido vital en solo una mercancía.
“El planteamiento global de la Ley es malo, porque es una visión donde predomina la construcción de grandes infraestructuras para trasladar el agua a grandes distancias y sobre todo promueve la participación de las empresas privadas en la provisión del agua con absoluto desconocimiento a lo que significa el derecho humano al agua”, explicó.
Por su parte, Nathalie Seguin, coordinadora de Freshwater Action Netwok (FAN México), afirmó que se requiere una Ley General del Agua basada en principios diferentes a solo promover el sistema de trasvases o limitar a 50 o 100 litros el agua gratuita para consumo humano.
Recalcó que el derecho humano al agua y al saneamiento son dos aspectos primordiales para una calidad de vida digna que deben estar incluidos en una ley efectiva.
“El acceso al agua de calidad, en cantidad, que sea cercana y que sea asequible, es decir que el pago por este servicio no ponga en riesgo ningunos de los otros derechos humanos. El derecho humano al saneamiento implica el acceso a un sistema sanitario, que pueda uno ir al baño literalmente”, explicó la especialista.
Reiteró que los elementos contrarios a esta visión, que por cierto ha sido ratificada en dos ocasiones por México mediante la firma de convenios internacionales, se repiten de manera frecuente en la “Ley Korenfeld”.
INICIAN AUDIENCIAS PÚBLICAS
La Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados iniciará este martes una serie de audiencias públicas, por cuanto tiempo sea necesario, para crear una nueva iniciativa de Ley General de Aguas.
De acuerdo con un comunicado de la Comisión presidida por el Diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD), la presentada el 4 de marzo pasado es “una iniciativa ajena a la Comisión y excluye a otras cuatro presentadas previamente”. Además de que omitió los foros y consultas que se han realizado durante dos años.
“Esa dictaminación [“Ley Korenfeld”], violatoria del Reglamento de la Cámara de Diputados, debe dar paso a otra con base en una nueva iniciativa a partir de audiencias públicas donde especialistas, funcionarios, representantes de comunidades, organizaciones civiles, instituciones de educación superior e investigación, representantes de empresas y cámaras empresariales, y ciudadanía en general, presenten sus propuestas”.
La Comisión recibirá por escrito las solicitudes de todos los organismos que quieran participar en la creación de la ley. Serán aceptadas por correo electrónico o entregando un documento en las oficinas de San Lázaro. El aspirante a expositor tendrá derecho de audiencia ante el Pleno de la Comisión y las propuestas deberán estar centradas en modificar, adicionar o suprimir artículos del dictamen del 4 de marzo. Se deben ofrecer “argumentos justificativos de hecho y de Derecho”.
El periodo formal de audiencias comenzará este martes 7 de abril, y se darán “por el tiempo que sea suficiente”. Todas serán transmitidas en vivo por el Canal del Congreso y también serán retransmitidas en horarios diversos. La comisión pretende “subsanar irregularidades” cometidas en la dictaminación del 4 de marzo, como la exclusión de propuestas presentadas en seis foros regionales, 60 mesas técnicas de trabajo y las iniciativas presentadas, una, por la asociación civil “Agua Para Todos”; otra, por la Diputada Aleida Alavez Ruiz; una más por diversos grupos parlamentarios, y una última por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Denunció que en el pasado se hicieron foros regionales y mesas técnicas. Incluso los legisladores recibieron múltiples propuestas y aportaciones de diversas organizaciones, académicos, usuarios de distrito de riesgo y especialistas en general, todo lo cual fue “ignorado en el dictamen hoy suspendido”.
David Korenfeld Federman, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) –y quien da nombre a la Ley–, está sometido a la presión pública debido a que hace poco más de una semana fue sorprendido por un vecino cuando utilizaba un helicóptero del Gobierno federal para movilizar a su familia. Argumentó públicamente que se trató de una emergencia médica. Pero no fue así.
Poco después se supo que mentía: las fotos no mostraban a un enfermo; el mismo funcionario participó en una carrera días antes y, se ventiló, su familia hizo reservaciones vacacionales justo para cuando estaba “en emergencia médica”.
La administración federal, sin embargo, no ha dicho qué hará con el funcionario. La Secretaría de la Función Pública (SFP) dijo que lo investigará. No se sabe cuándo.
07 de abril de 2015
Fuente: Central
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