La oficina europea antifraude renuncia a investigar el ‘caso Acuamed’

14 abril 2016

La Guardia Civil en la sede de la empresa Acuamed. VÍCTOR LERENA (EFE)

La constatación de que Acuamed había recibido fondos europeos para algunos de sus proyectos llevó a la Comisión Europea a informar de esos hechos a la oficina de lucha contra el fraude, un órgano comunitario independiente. Diversas organizaciones se habían dirigido también a la OLAF para esclarecer si había fondos europeos implicados en algún caso de corrupción. Una de ellas recibió una carta el pasado 7 de abril, a la que ha tenido acceso este diario, que daba explicaciones similares. Añadía también que todos los detalles están bajo secreto judicial y que “no se harán más comentarios sobre el caso”. La portavoz de la OLAF alega que, dado que España ya tiene su propia investigación, no se veía el valor añadido de abrir otra en el seno comunitario.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco trata de desentrañar la actuación de una trama corrupta que infló facturas y realizó pagos por infraestructuras que nunca existieron o cuya adjudicación se amañó. El caso cobró relevancia comunitaria por dos vías. La primera, que la empresa, dependiente del Ministerio de Agricultura y encargada de realizar obras en la cuenca mediterránea, recibió 821 millones de euros comunitarios entre los años 2000 y 2013. La segunda, que la persona que dirigía el ministerio cuando ocurrieron algunos de los presuntos fraudes era el hoy comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete. La Comisión Europea ha recibido varias preguntas parlamentarias –entre ellas de los eurodiputados de Podemos- para que intente aclarar tanto el desembolso de fondos como el papel de Cañete en estas operaciones.

El caso tocó al comisario al trascender que en febrero de 2014, cuando aún era ministro, se reunió con dos altos cargos de FCC, la empresa constructora de una desaladora de Almería que reclamaba una compensación por daños en la infraestructura. Tras ese encuentro, Agricultura pidió a la Abogacía del Estado un informe para analizar la validez legal de los argumentos de FCC, pese a que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente había desaconsejado esa indemnización. Su gabinete en Bruselas siempre ha alegado que no se desoyeron esas recomendaciones y que finalmente no se hizo el desembolso a la empresa.

La renuncia de la OLAF a intervenir directamente revela que no dispone de suficientes evidencias para iniciar una investigación autónoma. Pero al mismo tiempo, la decisión de asistir a la justicia española pone de manifiesto que existen sospechas fundadas de que el dinero europeo haya podido acabar en las manos equivocadas.

12 de abril del 2016

Fuente: El País

LUCÍA ABELLÁN