Aceptan recomendación de la ONU sobre La Parota

13 marzo 2008

Fuente: Milenio.com 13 de marzo de 2008

El gobierno federal debe crear una política para atender a los desplazados.

La administración guerrerense apoya el proyecto, pero busca un acuerdo. Piden apoyo de organismos internacionales para realizar una consulta.

El gobierno de Guerrero aceptó la petición de la Organización de las Naciones Unidas para no realizar los trabajos del proyecto hidroeléctrico de La Parota, mientras se resuelve la división interna entre los ejidatarios.

La administración estatal consideró viable que el gobierno mexicano desarrolle una política para atender a las personas desplazadas de la zona donde se construirá el proyecto.

El secretario de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, reiteró la voluntad de su administración para encontrar un acuerdo entre los opositores y los jornaleros que apoyan la hidroeléctrica.

Además, pidió nuevamente el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas o de otro organismo internacional para realizar una consulta o plebiscito y definir el destino de La Parota, pues seria un proceso imparcial.

El gobierno de Guerrero, insistió, apoya La Parota, pues considera que beneficiará a la entidad.

Una de las situaciones que traba la negociación —indicó Chavarría— es la definición del precio que la Comisión Federal de Electricidad pagará por cada hectárea adquirida, lo que ha causado descontento entre los ejidatarios de la zona.

“Se ha hablado mucho de un precio justo, pero no se le ha puesto cifra. Hablar de un precio justo, es como hablar de pájaros volando. Se tiene que consolidar la negociación, para que los ejidatarios evalúen lo que les conviene”.

El secretario de Gobierno explicó que la campaña informativa de la CFE no ha sido adecuada, pues los campesinos desconocen que la obra impulsará el turismo en la zona

– Claves
Invitación

• Los relatores de la ONU consideraron que el gobierno mexicano debe contar con una política exhaustiva sobre los posibles desalojos en la zona donde se construye el proyecto.

• Por ello, recomendaron que sean respetados los derechos humanos de los habitantes de la región y consideraron que parte del conflicto y la tensión generada entre las comunidades se debe al vacío legislativo, relacionado con los mecanismos para validar el derecho a la consulta de las comunidades afectadas.