¿Defender el territorio cuesta la vida? Una radiografía de los defensores ambientales en México

17 julio 2026 Agua

Redacción: agua.org.mx/Karina Bautista-Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C.

Investigación: Emiliano Porras – Estudiante de la licenciatura en Comunicación de la Universidad Iberoamericana

En abril de 2026, en menos de una semana, dos defensores ambientales fueron asesinados en Michoacán: Roberto Chávez Bedoya, campesino que denunciaba la tala ilegal y el acaparamiento de agua para huertas de aguacate, y Lázaro Mendoza Ramírez, quien realizaba labor socioambiental en la región del lago de Zirahuén.[1] Sus casos no son un hecho aislado: son parte de un patrón que convierte a México en uno de los países más peligrosos del mundo para quienes protegen bosques, ríos y territorios.

De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), entre 2016 y 2026 al menos 195 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas en México por causas ligadas al ejercicio de su labor frente a megaproyectos, minería, tala ilegal y otros intereses extractivos.[2] Durante 2025 se documentaron 10 homicidios y 314 agresiones no letales (estigmatización, intimidación, difamación, hostigamiento).[3]

Los estados con más casos históricos son Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Chiapas, entidades donde la minería, la tala ilegal y los conflictos territoriales son más frecuentes. Itzel Arteaga, abogada del CEMDA, advierte que “estructuralmente no ha cambiado la situación”: el Acuerdo de Escazú (el tratado que obliga a los Estados a proteger a las personas defensoras) sigue sin implementarse del todo, y persiste la falta de mecanismos de prevención. A esto se suma una impunidad que ronda entre el 95 % y el 99 % de los casos: en más de una década de homicidios documentados, las detenciones y sentencias son la excepción. [3]

El caso de Michoacán ilustra bien el fenómeno: la expansión del monocultivo de aguacate ha alterado ríos y acaparado agua durante la última década, y el crimen organizado se ha involucrado directamente en la tala, el cambio de uso de suelo y la protección de huertas, presionando y amenazando a quienes se organizan para defender bosques y agua. El CEMDA documenta también que el propio Estado (en sus tres niveles de gobierno) fue el actor agresor en gran parte de los casos no letales de años recientes, principalmente a través de estigmatización y criminalización. [3]

Quizá para muchas personas estos hechos son aislados, que ocurren “lejos”, en sierras y comunidades que no conocemos. Pero lo que estas personas defienden es la base de la que depende el agua que bebemos, el aire que respiramos y buena parte de lo que comemos. Cuando un defensor es asesinado no solo se pierde una vida: se elimina la única voz que frenaba la destrucción de un ecosistema del que todos, en mayor o menor medida, dependemos.

Además, esta violencia envía un mensaje de intimidación a comunidades enteras, silenciando futuras denuncias.[9] Eso significa menos ojos vigilando la deforestación, menos alertas sobre contaminación y menos resistencia frente a proyectos que, tarde o temprano, pueden tocarnos: la crisis de agua, la pérdida de bosques y el cambio climático no reconocen fronteras estatales.

A nivel institucional, en abril de 2026 se celebró en Nassau, Bahamas, la Cuarta Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú, donde los 19 Estados parte aprobaron por consenso 10 decisiones, entre ellas impulsar un mecanismo de respuesta rápida para la protección de personas defensoras del medio ambiente. México presentó ahí los avances de su ruta nacional de implementación, que incluirá consulta pública.[10] Es un paso relevante, pero especialistas insisten en que aún falta traducir esos compromisos en mecanismos de protección con presupuesto y personal suficientes. [3]

Desde casa, algunas acciones concretas que puedes tomar:

Consume con conciencia: prioriza productos con certificación de origen o de comercio justo, y evita normalizar el consumo que financia el acaparamiento de agua y la deforestación.
Apoya organizaciones: dona o hazte voluntario/a de organizaciones que documentan agresiones y acompañan legalmente a comunidades y defensores.
Exige a tus autoridades: como ciudadano/a puedes solicitar, a través de peticiones o redes sociales, que se implemente de forma efectiva el Acuerdo de Escazú y que se fortalezca el mecanismo nacional de protección a personas defensoras y periodistas.
Habla del tema: menciona esta problemática en conversaciones cotidianas, en la escuela o el trabajo; la presión social y mediática ha logrado ya, en otros casos ambientales, que empresas o bancos se retracten de financiar proyectos cuestionados.

Proteger a quienes defienden el territorio es proteger, también, el agua, el aire y los alimentos de los que depende toda la sociedad mexicana.

[1]Ortuño López, G. (2026, 5 de mayo). México: la expansión del aguacate y el crimen organizado rodean los asesinatos de dos defensores ambientales de Michoacán. Mongabay Latam.

[2]Medrano, D. (2026, 3 de mayo). Matar para callar: al menos 195 defensores ambientales han sido asesinados en México en una década. Grupo Animal.

[3] Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). (2026). Informe de personas defensoras del medio ambiente 2025.

[10]Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)/Profepa. (2026, 26 de abril). COP4 de Escazú avanza hacia la acción: América Latina y el Caribe fortalecen la protección de defensores y la justicia ambiental. Gobierno de México.