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Acueducto Independencia: agua clara, manos turbias

01 agosto 2014

La explotación de recursos naturales es el pan de cada día en países en “vías de desarrollo”. Desde la conquista, los gobernantes no han renunciado a la posibilidad de obtener las mayores ganancias a pesar de la extinción y la movilidad de pueblos enteros.

Por un lado, nos encontramos con promesas de desarrollo para las comunidades, trabajo, calidad de vida, bienestar. Por el otro, con desinformación, poca participación y persecución a la disidencia.

La explotación de recursos es sin duda una de los nichos más importantes de opacidad, la consulta se vuelve molesta para las autoridades, explicar el beneficio social, las posibles afectaciones, los daños que genera un mega proyecto y el impacto que tendrá al medio ambiente es mucho menos importante que los millones de pesos que otorgará su desarrollo.

Estos procesos han significado la persecución, el desalojo, la expulsión de personas, familias y pueblos enteros que exigen una consulta previa, libre e informada; que expresan el riesgo que representa la extracción para preservar sus costumbres y tradiciones, o que señalan la falta de información veraz que les permita decidir sobre su futuro y el de su comunidad.

La Tribu Yaqui en Sonora ha luchado incansablemente por la conservación de su territorio y recursos naturales. En 1940, un decreto del presidente Lázaro Cárdenas les otorgó expresamente el derecho al 50% del agua existente en el caudal del río Yaqui. Sin embargo, en las últimas décadas y ante la sequía por lo que ha pasado el estado, los escurrimientos han sido utilizados para surtir a otras ciudades, para la agraoindustria y al Valle del Yaqui dejando a la Tribu con grandes problemas de acceso al agua.

 

De esta manera, sin considerar el decreto y a pesar del reconocimiento constitucional del derecho a la consulta previa libre e informada para los pueblos indígenas, en 2010, sin consulta, información, ni participación de la Tribu, se iniciaron los planes para la construcción y operación del Acueducto Independencia que pretendía transvasar, desde la presa “El Novillo”, alrededor de 60 millones de metros cúbicos de agua de la Cuenca del río Yaqui a la Cuenca del río Sonora. En el mismo año el proyecto fue sometido a la Manifestación de Impacto Ambiental ante la SEMARNAT, y para 2011 la autorización estaba otorgada[1].

A partir de este momento inició una batalla que aún no termina y que se ha convertido en una guerra de odio de las autoridades para este grupo indígena. Los yaquis han manifestado su oposición de diversas maneras y el gobierno hábil e incapaz de entablar el diálogo ha optado por deslegitimar las razones de la tribu frente a los otros ciudadanos.

Pero lo que piden los yaquis no es cosa de otro mundo, no es una idea desconsiderada ni criminal como lo han señalado diversas autoridades[2], es información y reconocimiento de derechos que, por lo menos, ya se encuentran en la literalidad de las normas nacionales y en los principios internacionales de derechos humanos; pero como siempre, se dejan sólo para la lectura de los universitarios y no para su efectiva aplicación.

El próximo miércoles 6 de agosto, ARTICLE 19 presentará en el Centro Cultural Elena Garro los Principios relativos a la Libertad de Expresión y el Derecho al Agua y Saneamiento. Invitamos a nuestros lectores que nos acompañen en este primer acercamiento al ejercicio de los Derechos Económicos, Culturales y Sociales, através de la libertad de expresión y el acceso a la información.

Los principios son el resultado de un proceso de estudio, análisis y consulta, supervisado por ARTICLE 19 y basado en la amplia experiencia y el extenso trabajo de las oficinas regionales y las organizaciones asociadas de ARTICLE 19 en numerosos países del mundo y nacen con la intención de que gobernantes, legisladores y jueces los adopten y así reconozcan la necesidad de contar con información suficiente que capacite para luchar por estos derechos, la libertad de las personas de transmitir información al público y debatir cuestiones relacionadas, y la participación en la toma de decisiones relativas a los mismos.

Los Estados tienen obligación de informarnos sobre todo lo relacionadocon estos temas. Gobiernos como el de Sonora deben reconocer que -para hablar de democracia y desarrollo- los ciudadanos debemos estar en posibilidad de cuestionar, desde un punto de vista crítico, la conducta de un Estado respecto a estos derechos, de manifestarnos y expresarnos sin temor a ser perseguidos o sometidos a represalias o discriminación.

Al exigir información, debatir y manifestarnossobre el derecho al agua, no exigimossolamente propiedad, exigimos vida, salud, dignidad, un medio ambiente saludable, alimentación, trabajo. También pugnamos por la justicia social, la protección de la identidad cultural y la diversidad, la igualdad y la paz[3].

 

[1] Misión civil de observación a la consulta a la tribu Yaqui. Informe preliminar del proceso de consulta a la Tribu Yaqui. A un año de la sentencia de la SCJN. Disponible aquí.

[2] El Universal. Juez pide paralizar Acueducto Independencia en Sonora. Disponible aquí.

[3] ARTICLE 19, Principios relativos a la libertad de expresión y el derecho al agua y saneamiento. Disponible aquí.

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01 de agosto de 2014
Fuente: Animal Político
Nota de Ana Cristina Ruelas