En las zonas rurales de Bolivia, casi la mitad de la población carece de agua potable. Junto con la falta de saneamiento, es uno de los grandes retos de aquí a 2025 en el país.

No es frecuente ver a un ministro inaugurando un retrete. O un grifo. Seguramente, todo depende de las prioridades. En el altiplano boliviano, acceder a agua potable y saneamiento es un asunto tan crucial que merece que la alta representación del Estado haga este gesto simbólico.

La escasez, sin embargo, no parece un gran problema al atravesar esta llanura a 4.000 metros de altura. Cerca del cielo, por los paisajes verdes y amarillentos rodeados por la cordillera andina, se cruzan sucesivos riachuelos hasta llegar al Titicaca, uno de los mayores lagos del mundo. Pero ni estas fuentes llegan a todas las dispersas poblaciones, en su mayoría de indígenas aymaras, ni son aptas para el consumo humano.

El 85% de los bolivianos goza de agua potable, según los datos del Gobierno. El porcentaje se reduce al 62% en las pequeñas comunidades rurales de menos de 2.000 habitantes. El saneamiento es aún más escaso: seis de cada 10 habitantes del país cuentan con el servicio, pero en estas pequeñas poblaciones solo acceden cuatro de cada 10 personas. En cifras absolutas, hay todavía en Bolivia 1,6 millones de personas sin agua potable y 4,6 millones sin saneamiento.

Solucionar estas carencias es uno de los grandes retos del país, que en su Agenda Patriótica marca llevar agua al 100% de la población para el año 2025. Para ello, está trabajando con la Cooperación Española (Aecid) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el objetivo de hacer llegar los servicios a las pequeñas comunidades. Mediante un fondo no reembolsable en el que cada entidad aporta 20 millones de dólares, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas se encuentra en la fase final de un programa que incluye 214 proyectos en otras tantas comunidades de estas zonas rurales de menos de 2.000 habitantes, que son las más complicadas e inaccesibles.

Huarialtaya, en el municipio de Pucarani, es uno de esos asentamientos donde el agua potable y los retretes acaban de llegar de la mano. Llevan algo más de medio año instalados en este pueblecito en el que 30 familias viven del autoconsumo de papa, quinoa, habas y otras hortalizas, además de lo que sacan vendiendo la leche de sus vacas. Cada una tiene unas cuantas: tres, cuatro, seis… Estanislao Salas contaba con 30, pero la sequía que ha padecido el altiplano en el último año le ha obligado a vender casi todas: no tenía con qué alimentarlas. Ahora le queda media docena.

Salas es el presidente del comité de agua de Huarialtaya. Como todo en la comunidad, lo votan en asamblea, donde toman en común las decisiones de un asentamiento que, en buena medida, se rige por las normas que ellos mismos se dan. “Si alguien no usa los retretes están establecidas sanciones de 150 bolivianos [casi 20 euros]”. No es cosa menor, teniendo en cuenta que en este territorio rural cada familia ingresa una media de poco más de 300 euros al mes. Lo que no dicen es para qué usan el chicote, una especie de bastón que llevan a la espalda. En estas comunidades, algunos castigos no son monetarios, sino físicos. No está claro si, en ocasiones, el uso del váter no se incentiva a golpes.

Resulta más sencillo con el agua potable. La solución técnica más frecuente es perforar hasta dar con una fuente de agua potable, normalmente, a más de 30 metros bajo tierra, e instalar una bomba que la lleve a un tanque en la zona más alta de la población. Se instalan unas fuentes y de ahí los vecinos se sufragan la llegada de las tuberías hasta sus casas y el coste mensual de la electricidad de la bomba: un promedio de unos cinco bolivianos mensuales (menos de un euro) por el servicio.

La alternativa era cargar con cubos desde el pozo o fuente más próxima, que no siempre estaba cerca y que casi nunca aportaba líquido salubre. Las diarreas eran frecuentes, algo que no solo es una molestia para cualquier persona sino que, sobre todo para los niños de menos de cinco años, supone un freno en su desarrollo, tanto físico como intelectual. Con este panorama, cuando llega el agua potable a las casas existen pocos motivos para no usarla.

Pero con los váteres es distinto. La costumbre de hacer las necesidades al aire libre no es fácil de desarraigar; menos entre personas de cierta edad; y menos aún cuando pasan horas en el campo, a cientos de metros de sus casas. Es frecuente que opten por hacer sus asuntos en el lugar donde están. Aunque esta práctica también merma la salud, lo hace de forma menos evidente: no solo va en contra de los derechos humanos, sino que contribuye a propagar enfermedades intestinales y parásitos. El Altiplano es una de las zonas más endémicas de fasciolasis, una dolencia considerada desatendida que, aunque rara vez es mortal, menoscaba la calidad de vida y la capacidad de desarrollo de las comunidades. Cristina Mecerreyes, técnica especialista en agua y saneamiento del BID, asegura que el uso de los retretes en el primer año de instalación es de entre un 30% y un 70%. “Si lo utilizan más de la mitad ya es una buena cifra, para ir fomentando la cultura a partir de ahí, sobre todo en las nuevas generaciones”, explica.

Buena parte de la instalación de los sanitarios es gratuita, pero para llegar a más personas y para involucrarlas con su uso, hay una parte de la que se tienen que encargar los usuarios. El plan del Gobierno financia la base de un retrete ecológico, que consiste en un váter seco, que tiene una vía para la orina y otra para las heces. Una se va acumulando para fabricar con ella pesticida y la otra, tras la deposición, se seca con cenizas. Esto previene los olores y la proliferación de bacterias. Cada sanitario tiene dos depósitos de heces: cuando se llena uno, se pone el otro. El primero se deja secar durante unos meses y se convierte en abono. Y así sucesivamente.

Pero el sanitario en sí no se instala hasta que la familia que lo va a usar no construye las paredes y el techo. “Es también una forma de implicarlos, de que se apropien de la infraestructura y la valoren. De lo contrario es todavía más complicado que la usen”, explica Mecerreyes. Cuando se pregunta a los lugareños, ninguno reconoce que no los utiliza, pero sí admiten que en ocasiones es complicado hacer ver a sus vecinos que lo hagan.

Para lograrlo, el programa de instalación también ha aportado cursos de capacitación, que explicaba a las comunidades cómo usar los retretes y su importancia. Juan Choque, presidente de la comunidad de Carhuisa, en el municipio de Batallas (también en el Altiplano), explica que todas las viviendas cuentan ya con esta instalación. “Todos los vecinos la usan desde el principio, aquí no ha habido problemas”, asegura. Agua potable ya tenían desde hacía unos cuatro años: “Desde entonces las diarreas, que eran muy frecuentes, sobre todo en niños, han descendido mucho”.

Por allí acababa de pasar Carlos Ortuño, ministro de Medio Ambiente y Agua. Hizo un recorrido por varias poblaciones del Altiplano, donde sus representantes agradecían incansablemente la labor hecha, tanto a los financiadores, como al “hermano ministro” y al “hermano Evo [Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia]”; pero también aprovechaban para pedir mejoras: más agua potable, alcantarillas, mejor saneamiento. Esto sucedió a finales del pasado abril, cuando Ortuño inauguró, en Puerto Pérez, a orillas del Titicaca, una bomba que suministra agua potable desde un pozo a todas las viviendas a través de una nueva red de tuberías, además de, como símbolo, un grifo y un retrete.