Agua y gobierno en el DF (I)

28 agosto 2015

Los gobiernos han flotado en transacciones clientelares de corto plazo, soslayando la importancia de un problema que, siendo crítico, es también de solución muy onerosa y no ofrece dividendos político-electorales inmediatos, dado que se desenvuelve y acecha sigiloso desde la obscuridad del subsuelo.

La ciudad de México —al igual que los municipios conurbados del Estado de México— se abastece en 60% del acuífero subterráneo, al que se le extrae más del doble de lo que recarga de manera natural. Por eso, la ciudad se hunde y fractura, mientras se agota el preciado recurso en un horizonte de crisis a la vista hacia la próxima década.

El resto del agua que consume la ciudad llega desde Cutzamala y Lerma, a través de formidables infraestructuras construidas hace décadas. Se distribuye en el Distrito Federal por medio de casi 15,000 kilómetros de tuberías, obsoletas y en pésimo estado, rotas por falta de reposición y mantenimiento y por los hundimientos diferenciales del subsuelo.

Así, la ciudad pierde 40% del agua que ingresa a la red de distribución. Muchos padecen de escasez de líquido, dado que en estas condiciones, un mayor volumen y presión de agua sólo implica mayores fugas y pérdidas.

Reponer la red de distribución exige decenas de miles de millones de pesos, y un minucioso y complicado trabajo a lo largo de muchos años. Mientras tanto, siendo el Valle de México una cuenca naturalmente cerrada (endorréica) y lacustre, es preciso desalojar las aguas pluviales y residuales a través de un complejo y colosal sistema de drenaje profundo, que de manera permanente requiere de un mantenimiento muy costoso.

Cuando es insuficiente, se generan inundaciones bíblicas que dislocan la vida de millones de habitantes, especialmente en el oriente de la metrópolis. El agua así drenada fluye en gran parte hacia el Valle del Mezquital en el estado de Hidalgo, donde es aprovechada por agricultores, y donde se infiltra, recarga y satura el subsuelo de esa región.

Pronto recibirá tratamiento en la planta de Atotonilco, una de las mayores del mundo, gracias a una alianza público-privada promovida por la Comisión Nacional del Agua hace algunos años, en la que participan grandes empresas constructoras y (a regañadientes) los gobiernos del DF y del Estado de México.

Hemos preferido actuar en la coyuntura, parchando aquí y allá, con presupuestos reactivos y precarios, cuando los dineros del presupuesto fluyen abundantemente a los subsidios y dádivas otorgados a clientelas electorales, como “política social” de la izquierda.

Mientras el caos urbano inutiliza zonas de recarga a la par que destruimos relictos lacustres como Xochimilco, nuestro sistema de aguas es manejado por una burocracia centralizada y opaca, en total descoordinación con casi 30 organismos municipales de agua en el Estado de México en una incoherente Torre de Babel institucional a escala de cuenca.

A contrapelo de prácticas casi universales, no es una empresa pública con personalidad ni patrimonio propio, no tiene gobierno corporativo ni consejo de dirección, las tarifas se fijan con base en conveniencias políticas, no le rinde cuentas a nadie, no es autosuficiente y depende de subsidios astronómicos, excluye la participación de la sociedad, carece de una visión a largo plazo, y hace que el DF destaque entre las grandes ciudades de México por su mal desempeño en calidad del servicio, medición y eficiencia.

Los partidos que dominan la ALDF se han negado a una reforma, porque transgrede principios y convicciones de izquierda.

El GDF se somete.

27 de agosto de 2015
Fuente: El Economista
Nota de Gabriel Quadri de la Torre