Algunos de los cambios más preocupantes que introduce el proyecto presentado por el Gobierno son los siguientes:

Elimina el reconocimiento del acceso al agua en condiciones adecuadas de calidad y cantidad como un derecho humano fundamental. El texto original incorporaba un reconocimiento expreso de este derecho, que desaparece de la propuesta del Gobierno.

Promueve la privatización de los servicios públicos de acueductos y alcantarillados. El texto anterior incorporaba una norma expresa que decía que únicamente se otorgarán concesiones para la prestación de servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento al AYA, las municipalidades y las Asadas. Esta norma también fue eliminada y en su lugar establece que estas concesiones podrán otorgarse a cualquier persona pública o privada.

Elimina los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el uso y conservación del agua. El proyecto dictaminado en 2005 creaba consejos de cuenca con participación directa de las comunidades locales.

Desprotege los humedales del país, derogando de forma subrepticia el artículo 45 de la Ley Orgánica del Ambiente. La derogatoria de esta norma no formaba parte del proyecto original. Es evidente que su introducción a última hora busca favorecer los intereses de las trasnacionales que intentan construir megaproyectos turísticos y de marinas, destruyendo estos frágiles ecosistemas.

Debilita las normas para la protección de las áreas de recarga acuífera. Con la propuesta presentada por el Gobierno solo se protegerán las áreas de recarga acuífera que sean calificadas como “vulnerables” por el Poder Ejecutivo. Es decir, a diferencia de lo que dice la Ley Forestal vigente, habrá que esperar a que un área de recarga acuífera se encuentre en condición de vulnerabilidad para poder asignarle protección, independientemente de su valor e importancia.

Privatiza el Departamento de Aguas Subterráneas del Senara. Esta dependencia cuenta con personal técnico especializado en materia de aguas subterráneas. El proyecto original trasladaba sus recursos y personal al Minae para fortalecer su capacidad técnica como autoridad rectora del Estado, encargada de velar por la protección de todas las aguas del país. El proyecto del Gobierno priva de estos valiosos recursos al órgano técnico del Minae encargado de la gestión del recurso hídrico. En su lugar, pretende trasladar el personal y recursos públicos del Departamento de Aguas Subterráneas a una sociedad anónima denominada “Centro de Investigación Costarricense para la Tecnología del Agua”.

Reestablece las concesiones para nuevos proyectos de cogeneración eléctrica privada al amparo de la Ley Nº 7200, sin considerar los negativos impactos ambientales, sociales y económicos de esta ley.