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El Alto Atoyac y la contaminación que no cesa

05 septiembre 2017

28 de Agosto 2017
Fuente: Animal Político
Nota: Octavio Rosas Landa R.

El Estado mexicano ha actuado sistemáticamente, durante más de dos décadas, para ocultar o negar la existencia de la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac, Zahuapan y sus afluentes.

Las comunidades de la cuenca del Alto Atoyac (en los estados de Puebla y Tlaxcala) están hoy nuevamente peleando por su vida y por sus derechos. En marzo de este año la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 10/2017 por la violación de los derechos a un medio ambiente sano, al saneamiento del agua y a la información, entre otros, que durante más de veinte años han estado cometiendo autoridades de los tres niveles de gobierno, así como miles de empresas industriales (algunas de ellas asentadas en la cuenca desde hace más de 50 años) que vierten, sin tratamiento alguno, sus residuos tóxicos a los cauces de ríos, arroyos, zanjas y canales, así como también a la atmosfera y a los campos de cultivo.

La Recomendación fue dirigida a autoridades de los tres niveles de gobierno —Semarnat, Conagua, Profepa y Cofepris en el ámbito federal; los gobiernos de Puebla y Tlaxcala en el ámbito estatal, y las presidencias municipales de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en Puebla y de Ixtacuixtla, Tepetitla y Nativitas, en Tlaxcala—, y en ella se les conmina a formar un grupo interinstitucional con participación de la sociedad civil que esté encargado de formular un Plan Integral de Restauración Ecológica o Saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac que incluya un Plan de Salud para atender la crisis sanitaria que enfrentan todas comunidades de la cuenca, desde hace más de 25 años. Además, esta Recomendación es la respuesta de la CNDH a una queja interpuesta seis años antes por un grupo de pobladores de varias comunidades de los municipios señalados en la Recomendación, agrupados en la Coordinadora por un Atoyac con Vida, quienes han denunciado —por más de 20 años— los impactos catastróficos de la contaminación de la cuenca del Alto Atoyac en la vida comunitaria, la cultura, la economía, el ambiente y, principalmente, en la salud de los habitantes de la cuenca, ante autoridades federales, estatales y municipales (al respecto, puede verse aquí el documental Nos están matando, que documenta la lucha de la Coordinadora y de sus integrantes).

La Recomendación marca un giro en este tipo de instrumentos respecto a las anteriores emitidas por la misma CNDH en relación con la violación de los derechos ambientales. Por un lado, este documento reconoce de manera oficial, por primera vez, que existe un vínculo directo entre la destrucción ambiental de una cuenca y los daños a la salud de las personas que habitan en y transitan por ella. Por otro lado, la Recomendación exhibe con claridad los mecanismos por medio de los cuales las autoridades de los tres niveles de gobierno han pretendido negar su competencia para resolver la catástrofe ecológica que sufren las comunidades de Puebla y Tlaxcala. Por si esto fuera poco, la CNDH deja ver que las instituciones del Estado mexicano han actuado sistemáticamente, durante más de dos décadas, para ocultar o negar la existencia de la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac, Zahuapan y sus afluentes, así como para encubrir el hecho de que son las grandes empresas asentadas en corredores, parques y ciudades industriales las principales responsables de la destrucción de los ecosistemas ribereños y de la afectación económica, social, cultural y de salud de aproximadamente 2.3 millones de personas que habitan en la cuenca.

La Recomendación es sólo un punto intermedio en la lucha de las comunidades por obtener una justicia que les ha sido negada por todas las instancias del gobierno mexicano desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Con el inicio del TLCAN —que hoy se está renegociando para beneficiar aún más a las empresas y a los intereses económicos que fueron los ganadores desde el principio— la cuenca del Alto Atoyac sufrió simultáneamente dos procesos que detonaron la catástrofe ecológica que hoy se vive en la región. En primer lugar, la llegada de miles de empresas de todos tamaños y de distintos ramos productivos como la química, la petroquímica, la de producción de plásticos, la de autopartes, la papelera, la de alimentos y bebidas, la textil, la maderera y la metalmecánica, entre otras, saturó de contaminantes altamente tóxicos los cauces de los ríos, la atmósfera y los campos circundantes a los corredores industriales.

Gracias a una desregulación ambiental de facto aplicada por el Estado mexicano para atraer inversiones extranjeras en medio de un proceso de desmantelamiento de las cadenas productivas nacionales, incluyendo la destrucción de la soberanía alimentaria, en la cuenca del Alto Atoyac, se instalaron empresas que, al mismo tiempo que aprovechaban la abundancia de agua subterránea de muy buena calidad proveniente de los escurrimientos de la Sierra Nevada al poniente y del volcán la Malinche (o Matlalcuéyetl, como lo nombran las comunidades tlaxcaltecas) tomaron ventaja de la existencia de una amplia red hidrológica superficial que no dudaron en emplear como drenaje industrial. Para la industria, el gobierno mexicano estableció condiciones inmejorables: mientras la industria saquea los acuíferos, utiliza los ríos y arroyos como drenaje en el que vierte metales pesados (cianuro, arsénico, plomo, cromo, cadmio, mercurio y zinc, entre otros), lo mismo que hidrocarburos, solventes, detergentes, ácidos, compuestos clorados, compuestos orgánicos volátiles (COVs) los cuales se mezclan con las descargas municipales de agua residual de origen doméstico (pero también industrial, porque muchas empresas vierten sus residuos no tratados a los drenajes municipales) y producen dentro del cauce los ríos y arroyos, nuevos compuestos, como las dioxinas, que envenenan a miles de personas de manera cotidiana.

En segundo lugar, la industrialización generó un proceso de urbanización salvaje en decenas de comunidades anteriormente dedicadas a la agricultura. De hecho, la acelerada industrialización de la cuenca del rio Zahuapan favoreció el surgimiento y proliferación de bandas de tratantes de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. El corredor industrial que atraviesa de norte a sur el estado de Tlaxcala se ha llenado de moteles, autohoteles, cantinas, bares y centros “botaneros” donde diariamente son explotadas sexualmente niñas y mujeres secuestradas en hasta 14 entidades de la República, para abastecer el mercado sexual tlaxcalteca dirigido a los trabajadores originarios de otros Estados de la República que llegan solos a Tlaxcala a emplearse en la industria.

Este proceso doble ha ocasionado la depredación de los recursos hídricos de la cuenca del Alto Atoyac, al mismo tiempo que depreda sexualmente los cuerpos de mujeres y niñas que expresa el desprecio de la industria y del Estado hacia el cuerpo natural de la tierra como al cuerpo y la dignidad de las mujeres. No es casualidad que, hoy día, el estado de Tlaxcala sea el de mayor incidencia del delito de trata de personas con fines de explotación sexual en todo el país, con tasas que son hasta cinco veces superiores a la incidencia de este mismo delito en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

El resultado de más de 25 años de omisión, negligencia y corrupción empresarial y gubernamental en la cuenca del Alto Atoyac se cuenta, en las comunidades, en decenas de muertos de enfermedades como cáncer, leucemia mieloide, púrpura trombocitopénica, anemia, insuficiencia renal, enfermedades gastrointestinales y daño genotóxico en la población, pero también como la pérdida de cosechas y la necesidad de emplear grandes cantidades de agroquímicos tóxicos en los campos de cultivo, cuya producción es castigada en el precio cuando los ejidatarios y pequeños propietarios la llevan a vender a las centrales de abasto de Puebla y la Ciudad de México.

La catástrofe también es cultural, porque las comunidades han sido despojadas de sus ríos que, hace no tantos años, contenían fauna acuática y distintas variedades de peces comestibles, ajolotes, acociles, ranas y sapos, nutrias, tortugas, serpientes e insectos (también comestibles), porque en el río corría agua bonita, nos dijo un día la señora Antonia, en una comunidad del municipio de Nativitas. La contaminación del río Atoyac, por ejemplo, tuvo un impacto particularmente fuerte en las mujeres y los niños, dado que el río era el punto de reunión de las mujeres que convivían, dialogaban y tomaban acuerdos propios en la ribera, hacían convivencia y enseñaban a los niños a nadar, a socializar y a conocer. Todo eso fue destruido y las fiestas o el trueque que hacían las comunidades en la ribera desaparecieron. Su lugar fue tomado por industrias, talleres domésticos de fabricación de prendas de mezclilla y la delincuencia común y organizada.

El “progreso” que trajo la industria (bajos salarios y jornadas largas) enriquecieron a las empresas, a los gobernadores y a no pocos presidentes municipales, en tanto los salarios de los trabajadores locales comenzaron a ser absolutamente insuficientes para pagar tratamientos, traslados, medicamentos y funerales de hermanos, padres y, sobre todo, hijos. En la ribera del Atoyac, en comunidades como Villa Alta y Tepetitla, casi no hay persona que no haya perdido algún familiar por alguna enfermedad crónico-degenerativa.

En el Alto Atoyac,la lucha es, como dicen los pobladores de Santa Apolonia Teacalco, “porque nos devuelvan el río como nosotros lo teníamos”. La Recomendación de la CNDH es un paso adelante, pero de ninguna manera se ha logrado el triunfo. Existen muchos obstáculos que sortear, entre ellos, la vocación gubernamental por la simulación. En 2005 y 2011, las autoridades federales y estatales anunciaron, con un gran despliegue publicitario, sendos planes de saneamiento (integrales, por supuesto) para la cuenca. Destinaron millones de pesos a estudios de diagnóstico y a la construcción de Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), que hoy día son casi o totalmente inoperantes. Incluso se simuló la construcción de algunas PTARs, como la de San Rafael Tenanyécac, que consiste en cuatro paredes, a la orilla del río, sin equipamiento alguno y que sería un lugar de reunión de jóvenes, si la pestilencia del río no los ahuyentara a todos.

En 2011, la Conagua incluso publicó una Declaratoria de clasificación de los ríos Atoyac y Xochiac, en la que se establecieron parámetros más estrictos que los de las Normas Oficiales Mexicanas 001 y 002 y plazos de cumplimiento perentorios, muchos de los cuales ya vencieron y la contaminación continúa. Un obstáculo adicional es la conformación misma del Grupo Interinstitucional que debe diseñar el Plan de Saneamiento de la cuenca. Al respecto, la Recomendación llama a las autoridades a abrir el Grupo a la participación de las organizaciones de la sociedad civil “que así lo deseen”. Sin embargo, a la fecha sabemos que se han realizado reuniones y aunque los propios quejosos han solicitado ser incorporados al mencionado Grupo, no han recibido respuesta de la Conagua, quien coordina el trabajo de saneamiento.

Pero ser incluidos en el Grupo es apenas el comienzo de la siguiente etapa: la Coordinadora por un Atoyac con Vida y la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos, acompañados por el Centro Fray Julián Garcés, saben bien que las autoridades pretenden imponer un plan que no resuelva realmente el problema, sino que les permita administrarlo políticamente, al menos hasta las elecciones de 2018. También saben que el gobierno federal sólo tiene en mente algunas remediaciones superficiales y cosméticas que sólo pospondrán el estallido de una nueva crisis de salud en la región. Por ello, las comunidades están dialogando y construyendo su propia propuesta que incluye, como un aspecto necesario pero no suficiente, la restauración ecológica del río. Las comunidades están discutiendo la necesaria reparación del daño, para exigir al gobierno medidas efectivas y garantías, como la de no repetición, contempladas en la misma Recomendación de la CNDH.

Sólo una intensa presión social logrará que las instituciones del Estado mexicano asuman las obligaciones que por décadas han dejado de cumplir y cuyas consecuencias son devastadoras para las sociedades poblana y tlaxcalteca. El país no merece esto. Es hora de que los pueblos hagan valer lo que por derecho les corresponde y que es una deuda del Estado: el acceso a la justicia ambiental como elemento fundamental de la justicia social. El país necesita que las comunidades del Alto Atoyac obtengan justicia, para dar esperanza a los cientos de conflictos sociales y ambientales que están activos todavía en nuestro dolido México. Ya es tiempo.

 

* Octavio Rosas Landa R. es Profesor de Economía Política en la Facultad de Economía de la UNAM y coordinador del Programa de Procesos Organizativos Comunitarios Socio-Ambientales en el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, AC., que trabaja con las comunidades de la cuenca del Alto Atoyac para obtener reparación por más de dos décadas de omisión gubernamental que ha ocasionado la enfermedad y muerte de cientos de personas en las comunidades ribereñas.