Antes de cambiar Ley de Agua de Puebla, el gobierno reservó datos: ONG
12 enero 2016 Imagen: e-consulta
El Informe Ciudadano presentado hoy por académicas y activistas, en el edificio de La Aduana Vieja, sobre la privatización del agua en Puebla, evidenció que las acciones y operaciones llevadas a cabo por el gobierno del estado han sido cuidadosamente ejecutadas en un diseño “de operación secreta”.
El primer paso en el plan de trasferencia del vital líquido a manos de empresarios fue la puesta del candado a la información que ésta implicaba: las bases de licitación de los municipios, la ampliación, acondicionamiento, mantenimiento, operación y administración de la infraestructura hídrica del SOAPAP, así como la prestación del servicio de saneamiento de aguas que se generen en municipios con los que se celebraron convenios de coordinación con ese objeto, de conformidad, con las bases de la licitación pública número soapap-lpic- 001/2013, del sistema operador de los servicios de agua potable y alcantarillado del municipio de Puebla.
Este acuerdo de reserva de la información que establece siete años para su resguardo, comienza su cuenta a partir del 26 de agosto de 2013, según se desprende del documento firmado por el Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), Manuel M. Urquiza Estrada.
Una vez garantizada la secrecía, se echó a andar el andamiaje que oficialmente inició el 12 de septiembre de 2013, cuando fueron aprobadas las Modificaciones a la Ley de Agua, autorizando las concesiones en la prestación de servicios del agua potable por particulares, por el Congreso local, y un día después, el 13 de septiembre, publicadas en el Periódico Oficial.
En el contrainforme en el que participaron las organizaciones defensoras del derecho humano al agua como “Agua para Todos, Agua para la Vida”, “La Asamblea Social del Agua” y el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (CUPREDER) se advirtió en uno de sus múltiples análisis expuestos, que el contenido de los contratos para privatizar el agua en el mundo ha tenido como constante su reserva y constituye el mayor secreto financiero de los últimos tiempos.
Las autoras afirmaron que los contratos con las empresas privadas no son instrumentos neutrales sino estructuras que distribuyen el control sobre recursos económicos entre el capital privado y el público.
En su exposición, rescataron la investigación de David Hall, ex director de la Unidad de Investigación Internacional de Servicios Públicos de la Universidad de Greenwich, en Inglaterra, y autoridad mundial de los procesos del manejo de interés social del agua, quien ha documentado que los contratos firmados con los gobiernos para concesionar los servicios del agua, mantienen cláusulas y condiciones voraces estipuladas a cambio del acceso a créditos internacionales permanentes a sus contratantes.
La usura en los jugosos contratos del agua incluye también la carga sobre el gasto público de los países a largo plazo, en promedio con pagos garantizados a 25 o 30 años, disminuyendo la incertidumbre y altos costos de transacción, según el investigador.
Esto sin mencionar las re-negociaciones enmascaradas en cuotas legales, costos de construcción elevados, garantías que sólo los gobiernos pueden conceder, como la construcción de la infraestructura, porque no hay que pagar de antemano.
Estos contratos están respaldados y promocionados por instituciones internacionales de financiamiento y corporaciones trasnacionales que permiten que el gobierno que firma, se endeude sin que aparezca en las cuentas públicas.
12 de enero de 2016
Fuente: e-consulta
