GUADALAJARA, JALISCO (10/JUL/2017).- En el informe que el Grupo de Trabajo de la ONU presentó sobre derechos humanos y las empresas transnacionales y otras compañías, señaló que las autoridades federales no asumían sus responsabilidades en los casos de los ríos Santiago y Sonora, esto tras visitar el país para revisar ese y otros temas.

El Grupo de Trabajo estuvo el 2 de septiembre de 2016 en el área de la Cascada del Salto de Juanacatlán para constatar las consecuencias que la contaminación industrial ha tenido para los derechos humanos.

Tras hablar con el Gobierno de Jalisco sobre distintas situaciones problemáticas, reportaron que las autoridades Estatales dijeron ser muy conscientes del problema, pero que se trataba de una cuestión federal e incluso varias veces habían intentado crear un equipo de trabajo con las autoridades federales para realizar un plan de rehabilitación del río.

Los representantes de la ONU —que estuvieron en el país del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016— escribieron en el informe que, como en el caso del río Sonora, la distribución de responsabilidades y competencias entre los organismos federales, estatales y municipales fue un obstáculo para la eficacia de la supervisión.

“Se consideró que las autoridades federales no asumían sus responsabilidades, con la consiguiente limitación de las medidas correctivas”.

En el texto también citaron que en el caso del río Santiago, que se considera el más contaminado de México, los vertidos de más de 300 empresas establecidas en el corredor industrial de Ocotlán-El Salto van a dar al torrente.

Añaden que una de las zonas más contaminadas del arroyo pasa por los municipios de Juanacatlán y El Salto, a 35 kilómetros de la ciudad de Guadalajara.

EL DATO

Exceso de contaminación

Se estima que el río Santiago es uno de los afluentes más contaminados de México, ya que más de 300 empresas del corredor industrial de Ocotlán-El Salto vierten ahí sus residuos.

Los índices más altos de polución se concentran en la parte que pasa por los municipios de Juanacatlán y El Salto.

Denuncian poco diálogo

El Grupo de Trabajo de la ONU aseguró que si bien más de 300 mil personas viven en los municipios de Juanacatlán y El Salto, cercanos al río Santiago, “la población afectada podría incluir a los 7.5 millones de personas. Los principales afluentes proceden de fábricas del sector de la metalmecánica y la metalurgia, la industria química y farmacéutica, la electrónica, la automoción y la industria de la alimentación y las bebidas”.

El equipo de especialistas de la ONU recordó que según un estudio realizado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el río concentra un total de mil 090 sustancias tóxicas, productos químicos y metales, de procedencia principalmente industrial.
“La imagen del río cubierto de espuma y el fuerte hedor de los gases y otros olores que se dispersan al caer el agua por la cascada de El Salto causaron una gran impresión. Los médicos locales mencionaron un aumento en la incidencia de diversos trastornos de salud, como la leucemia, los abortos espontáneos y las anomalías congénitas”.

Finalmente resaltaron que los afectados han impulsado mesas de diálogo para encontrar soluciones con las autoridades federales y estatales: “Las comunidades expresaron su frustración por el hecho de que sus preocupaciones no fueran escuchadas ni recibiesen respuesta alguna. A pesar de la evidente exposición a una contaminación industrial peligrosa, son las víctimas las que han de demostrar que su salud está siendo afectada”.

Toman medidas, pero no hay avances

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) presentó en diciembre de 2016 el Programa de Manejo Integral de la Cuenca del Río Santiago-Guadalajara (PMICSG), un referente para “generar las capacidades necesarias para que entiendan y se vea que el territorio debe de tener una visión creciente, frente a los escenarios de crisis hídrica, cambio climático y vulnerabilidad social”, indicó Magdalena Ruiz Mejía, titular de la Semadet. (EL INFORMADOR, 15/DIC/2016).

Sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) lanzó un ultimátum en febrero de 2017 a siete ayuntamientos del Estado para que en un lapso máximo de 10 días informaran sobre los avances en el cumplimiento de otra recomendación emitida para indagar en las anomalías que presenta el Río Santiago, ya que no había pruebas de que hubiera algún avance en el tema. (EL INFORMADOR, 16/FEB/2017).