Caminos abiertos al fracking; activistas e iniciativa de ley insisten en frenarlo

09 julio 2014

Al tiempo que buena parte de la población nacional se ha mantenido hipnotizada por el Mundial de Fútbol en Brasil, los senadores del PRI, PAN y PVEM, y sin el PRD, avanzaron en los días recientes en la concreción legislativa de la reforma energética –en sesiones expeditas, sin discusión y con celeridad– y ante ello ha habido una inmediata reacción de diversas organizaciones ambientalistas, de campesinos, y de la propia Alianza Mexicana contra el Fracking.

Dentro de estas reacciones –que implican una preocupación seria porque las nuevas legislaciones fortalecen la posibilidad abierta ya desde la reforma al 27 Constitucional de 1992, de despojo o de tratos desleales de renta y venta de tierras de propiedad social y privada y de sus recursos, para proyectos de hidrocarburos, por considerarlos de “utilidad pública e interés social”–, destacan las advertencias sobre las “letras chiquitas” de la reforma energética y su batería de leyes que apuntan a avalar el fracking, que en pocas palabras provoca la erosión del suelo, contaminación del medio ambiente, peligro serio para la salud pública y en especial para la población rural, desperdicio de agua, limitación del agua para la agricultura y riesgo de temblores, según señalamientos de la Alianza contra el Fracking y de El Barzón.

Las amenazas del fracking son tales que el pasado 14 de abril, desde antes de la discusión de las leyes secundarias energéticas, diputados del PRD, PT, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza presentaron una iniciativa para que se expida la Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica en la exploración y explotación de hidrocarburos, misma que los activistas anti fracking piden que se apruebe con urgencia.

La iniciativa plantea la preocupación de que los métodos de explotación de hidrocarburos del subsuelo por el mecanismo de fractura hidráulica se contrapongan a los derechos humanos establecidos en los artículos Primero y Cuarto de la Constitución, relativos al acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo humano y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Según Claudia Campero, miembro de la Alianza contra el Fracking, en México, la explotación de gas shale es ya una realidad en estados como Coahuila, Veracruz y Tamaulipas. Y de hecho comienzan ya a registrarse sismos en el estado de Nuevo León debido a la fracturación hidráulica.

Si bien el conjunto de leyes secundarias de la reforma energética no se concentran sólo en el tema del fracking, si tienen una implicación directa de facilitación del uso de esa técnica. En una conferencia de prensa dada por la Alianza contra el Fracking, Areli Sandoval, dijo que el Artículo 91 de la Ley de Hidrocarburos establece que “la industria de hidrocarburos es de utilidad pública y que la exploración y extracción de estos recursos es de interés social y de orden público”, con lo que se abre paso a una explotación total de los recursos que el gobierno federal disponga en materia energética. Con dicha disposición “el Estado podrá obligar a que los dueños de terrenos renten sus territorios a empresas petroleras, o en su caso, expropiarlos en favor de dichas empresas”.

De acuerdo con la iniciativa de ley para impedir el fracking, “el método de fractura hidráulica no representa una opción adecuada para el desarrollo nacional. Representa riesgos graves de contaminación y salud, por lo cual esta Legislatura debe estar a la vanguardia en medidas ambientales y de derechos humanos, adoptando el principio precautorio para prohibir la fractura hidráulica hasta que investigaciones científicas puedan asegurar otros métodos de extracción de hidrocarburos que no pongan en riesgo la seguridad humana y el equilibrio ecológico”.

09 de julio de 2014
Fuente: La Jornada del Campo
Nota de Lourdes Rudiño