La gestión de los recursos públicos para garantizar el derecho humano al agua, establecido en el Artículo Cuarto de la Constitución, requiere de leyes, políticas, programas y acciones que se apeguen a los estándares de derechos humanos. El Poder Ejecutivo, en los tres niveles de gobierno, necesita diseñar, implementar, fiscalizar y evaluar sus políticas públicas conforme las obligaciones y los principios de derechos humanos.
A lo largo del siglo XX el suministro de la creciente demanda de agua potable para la Ciudad de México se ha dado por medio de la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento, primero con la explotación de aguas subterráneas, y después con grandes trasvases, con altos costos energéticos, sociales y ambientales.
Oficialmente en México, nueve millones de mexicanos no cuentan con ningún acceso al agua, y de los que sí tienen acceso, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reconoce que el líquido no es necesariamente de calidad para consumo humano.
La Alianza Nacional Agropecuaria, Comercializadores y Consumidores (ANACC)-El Barzón trabaja para el uso eficiente del agua y la energía como recursos indispensables para la producción de alimentos y la seguridad alimentaria.
La situación: demasiado y demasiado poco. El agua para uso agrícola presenta una paradoja: en algunas regiones se sobreexplota mientras que en otras se aprovecha poco. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) señala que una tercera parte de las cuencas del país tienen déficit hídrico.
Para lograr la soberanía alimentaria, México debe incrementar su eficiencia en el uso agrícola del agua. Aun cuando 77 por ciento de las aguas concesionadas son dedicadas a este uso, el país importa la mitad de los alimentos que consume. La eficiencia global del agua de riego es de sólo 40 por ciento, y gran parte del agua para uso agrícola proviene de presas y de la sobreexplotación de acuíferos en zonas semiáridas, lo cual deriva en crecientes procesos de desertificación.
Los deshielos del volcán Iztaccihuatl dan origen a los ríos Amecameca y La Compañía. Alimentaban la zona chinampera del antiguo lago Chalco hasta que Porfirio Díaz concesionó estas tierras y aguas al hacendado Íñigo Noriega, quien mandó excavar un canal (ahora llamado Dren General) para vaciar el lago a inicios del siglo XX.
San Lucas Xochimanca, lugar donde se ofrecen flores, es el primer pueblo de la montaña en Xochimilco. La Presa San Lucas, de origen xochimilca-nahuatlaca (1200 a 1521 a. C.), corazón del lugar, fue rehabilitada por los pobladores originarios, quienes donaron sus tierras y trabajo en el año 1945. Tiene 28 hectáreas de extensión y almacena mil 600 millones de litros de agua.
El ejido del pueblo de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, con 476 hectáreas de agricultura canalera, junto con sus más de ocho mil chinampas del mismo pueblo, forman parte del Área Natural Protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, la cual a su vez ha sido decretada Patrimonio Cultural de la Humanidad por “el valor excepcional y universal” del sistema chinampero prehispánico, que mantiene sus vitales funciones agrícolas y ambientales hasta la fecha, en la buena compañía de serpientes, garzas blancas, pelícanos, patos y gallinitas de agua.
Una conjunción de cambios en políticas públicas y en la legislación crea una tormenta perfecta para desplazar o eliminar la gestión comunitaria de los sistemas de agua de uso doméstico: en 1981, la entrega a los estados y ayuntamientos de los sistemas que operaba la federación; en 1983, la reforma al artículo 115 constitucional que obliga al municipio a atender el abasto de agua de uso doméstico; en 1992, una nueva ley agraria que resta atribuciones a los ejidos y comunidades agrarias, y también en la Ley de Aguas Nacionales de 1992, con un nuevo sistema de concesiones que permitió el desconocimiento de los derechos históricos de miles de comunidades.
Existe una continuidad del nivel organizativo de la comunidad desde la época prehispánica y la diáspora tlaxcalteca en la Colonia. Pasa por la contracción de los derechos de agua durante la segunda mitad del siglo XIX y por su recuperación con el reparto agrario, y pasa por la supresión de organizaciones de regantes en el marco de los distritos de riego y -en las décadas recientes- con las políticas neoliberales y legislación que tiende a desaparecer el nivel de gobierno comunitario.
Los más de dos mil 500 sistemas ciudadanos de autoabasto de agua potable que hoy operan en México, son el resultado de décadas de trabajo autogestivo comunitario, por un lado, y del descuido y falta de interés del Estado, por el otro.
La privatización del agua ha avanzado en el Distrito Federal desde 1996, por medio de concesiones a cuatro trasnacionales con ligas con corporaciones mexicanas.
La privatización de los sistemas de agua y saneamiento ha adoptado diversas formas pero presenta una constante: el traspaso del control y la gestión de las operaciones a empresas privadas, convirtiéndolas en fuentes de lucro para el capital.
Una proporción significativa de los territorios de los pueblos originarios se localiza en las partes altas –los parteaguas- de las sierras que atraviesan el territorio nacional, en donde se precipitan millones de metros cúbicos de agua al año. Los territorios indígenas ocupan el 67 por ciento de la superficie donde llueve más de cuatro mil 500 milímetros anuales en nuestro país (Boege, 2008), esto es las montañas que reciben los huracanes tanto del Pacífico como del Golfo de México.
Hoy en día México es un país urbano; el 72 por ciento de la población vive en ciudades, las cuales consumen una gran cantidad de bienes (agua, alimentos, fibras, madera) producidos y transportados desde ámbitos rurales. Generan enormes cantidades de desechos que contaminan ríos y arroyos e impactan ecosistemas. Requieren de servicios ambientales para prevenir inundaciones y erosión, así como para regular procesos hidrológicos.
Dada la importancia del agua en la vida, se requiere nuestra participación para la gestión integral de los recursos hídricos en el territorio que habitamos. La actual Ley de Aguas Nacionales especifica que la ciudadanía puede colaborar por medio de los Comités, Comisiones o Consejos de Cuenca. Estas instancias son órganos colegiados de integración mixta, para la planeación, realización y administración de las acciones de gestión de los recursos hídricos por microcuenca, subcuenca y cuenca, respectivamente.
Aunque limitados en su alcance por su carácter consultivo, los Consejos de Cuenca son instancias diseñadas para la cogestión del agua. En el país operan 26 Consejos de Cuenca que la aún vigente Ley de Aguas Nacionales define como órganos colegiados de integración mixta entre representantes de los tres niveles de gobierno y la ciudadanía, para contribuir a la gestión integrada de los recursos hídricos y restablecer el equilibrio entre su disponibilidad y aprovechamiento.
El 22 de marzo, Día Mundial del Agua, se anunciaron próximas inversiones de 250 mil millones de pesos en macropresas, trasvases y desalinizadoras para hacer llegar el agua a todos los mexicanos. Esta visión, que asume el derecho humano al agua como dádiva del Estado a ser exprimido de un medio ambiente mezquino, para dotar el servicio a una población pasiva, invisibiliza el vital papel de las comunidades y sus ecosistemas en la provisión de agua.
Los derechos humanos, antes que normas jurídicas, son procesos históricos de lucha por medio de los cuales grupos subalternos pugnan por universalizar el acceso a bienes o intereses fundamentales para la vida, frente a poderes fácticos que intentan convertirlos en privilegios o mercancías.
