El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, Leo Heller, manifestó su preocupación porque el acceso de la población a estos recursos no figure entre las máximas prioridades de las autoridades en México, por lo que instó al Estado a cumplir sus obligaciones internacionales y conceder a estas garantías la misma importancia y atención que da, por ejemplo, a los señalamientos contra la tortura o las desapariciones forzadas, y a destinar el presupuesto necesario para tal fin.

Agregó que en varias regiones del país es común la falta de continuidad en el abastecimiento del líquido (tandeos) y hay ausencia de saneamiento en zonas rurales, inequidad en el servicio y poca información sobre la calidad del líquido. Lamentó que sean las personas con mayores dificultades económicas quienes más recursos destinen al no contar con el servicio o recibirlo de manera deficiente, por lo que demandó dar máxima prioridad a la población pobre y marginada.

El experto internacional presentó el informe que elaboró tras su visita a México, del 2 al 12 de mayo de este año, durante los trabajos del 36 periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en el que asentó que el país debe asignar la máxima prioridad a asegurar que ninguna persona, familia o comunidad se quede sin servicios adecuados de agua y saneamiento, a fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Reconoció algunos avances del país en la expansión de infraestructura de agua y saneamiento y al asentar en la Constitución el derecho humano a este recurso. Sin embargo, planteó, lo anterior no se ha traducido en una verdadera provisión de estos servicios en las viviendas. Por ello instó a que a la brevedad se promulgue una ley de aguas, para la cual se debe contar con la participación de todos los sectores –incluidos el académico y la sociedad civil– y con ello cerrar la brecha entre las promesas constitucionales y la realidad.

Heller remarcó que gran parte de las redes de agua del país funcionan con un régimen de rotación, por lo que los hogares reciben agua corriente únicamente en días específicos, a menudo impredecibles, o a ciertas horas. Esto significa que los usuarios deben tener el agua almacenada durante mucho tiempo, lo cual produce un deterioro de su calidad y afecta la salud humana.

Expresó su preocupación por las reducciones presupuestarias a escala nacional para brindar estos servicios y derechos, y enfatizó que una presunta buena actuación de las autoriddes no debe utilizarse para justificar la gran reducción que experimentó el presupuesto para agua y saneamiento en 2017, pues este año los recursos gubernamentales para el sector fueron 37 por ciento menores a los destinados en 2016.

Otra de sus preocupaciones es que muchas escuelas carecen de instalaciones adecuadas de agua potable y saneamiento: de los 206 mil 155 planteles públicos, 42 mil 617 obtienen el recurso de un pozo o de un camión cisterna y 6 mil 489 no tienen acceso a éste.

Otro punto destacado en el informe es que México es el país que más agua embotellada utiliza, con un consumo per cápita que es indicio de la desconfianza de la población mexicana hacia los servicios de distribución del líquido. Depender del agua embotellada no es claramente una forma de atender las obligaciones del país en relación con este derecho, ya que menoscaba la necesaria accesibilidad y asequibilidad del abastecimiento del líquido.

El relator detalló que autoridades de los tres niveles de gobierno reconocieron que la calidad del agua no es del todo adecuada para su consumo. Asimismo, encontró casos relacionados con la contaminación de las fuentes de agua por proyectos mineros o industriales, fracking, extracción de hidrocarburos, y uso indiscriminado de plaguicidas, entre otros.

El relator planteó recomendaciones a México a fin de lograr que todas las personas tengan acceso al recurso, y sobre todo resaltó que debe darse prioridad al uso doméstico que al industrial, comercial o de otro tipo.