LA SIERRITA DE GALEANA, EN DURANGO

Otro ejemplo de la impunidad con la que actúan las mineras es el que ocurre en La Sierrita de Galeana es una comunidad ejidal que se encuentra en el municipio de Tlahualilo, Durango, integrada por 127 ejidatarios. La historia por la defensa de los derechos del ejido inicia con la llegada de la minera canadiense Excellon Resources Inc. en 1997.

Desde los inicios, la empresa buscó un acercamiento con la población, pero no fue sino hasta 2004 cuando la minera acordó la renta de 4 hectáreas de tierra de uso común por 30 años. El pago acordado fue por 1 millón 200 mil pesos, sin embargo, al momento de firmar, en el contrato se estableció la renta no por 4 sino por 27 hectáreas por el mismo pago.

Los comuneros protestaron pero finalmente firmaron el contrato porque la empresa los amenazó con expropiarles sus tierras argumentando que tenía buenas relaciones con el gobierno mexicano, de acuerdo con documentos en poder de ProDESC, una organización no gubernamental que tiene como objetivo defender y promover los derechos económicos, sociales y culturales.

En su acompañamiento a la comunidad de La Sierrita, la organización ha detectado muchas irregularidades de las autoridades mexicanas, quienes incluso han llegado a “proteger a las transnacionales”.

El 29 de agosto de 2012, en el estado de Durango, elementos del Ejército mexicano y de las policías federal y estatal utilizaron la fuerza para desmantelar un campamento pacífico enfrente de la mina La Platosa, propiedad de Excellon Resources. El ejido La Sierrita exigía que la firma respetara el contrato de arrendamiento que ambas partes habían firmado en 2008, y que la empresa había violado.

En México es común, aseguró Juan Antonio López Cruz, coordinador del Área de Justicia Trasnacional de ProDESC, que cuando las comunidades hacen una protesta para hacer ver que hay una violación a sus derechos a la tierra y al medio ambiente hay una represión por parte del Estado.

“Las grandes empresas transnacionales, ya sea nacionales o extranjeras, en cuanto ven que existe una protesta social en contra de lo que ellos están haciendo, lo primero que hacen es irse a quejarse con el gobierno, y la reacción es la represión”, dijo Juan Antonio López.

Las protestas iniciaron desde el 8 de julio de 2012 y desde ese momento la mina decidió suspender las operaciones, debido a que los trabajadores se unieron a los pobladores en un gesto de solidaridad.

Ante la represión del Estado y de grupos de choque provenientes de otros estados contratados por la empres para detener los plantones y protestas, en septiembre de ese mismo año, los habitantes decidieron hacerlo por la vía jurídica argumentando que la empresa incumplió con el contrato.

En el país, cuando las comunidades deciden dejar los bloqueos y emprender acciones legales se enfrentan con el problema de la burocracia, largos procesos que tardan días, semanas, meses y años.

“La demanda está en curso, las comunidades cuando inician un proceso jurídico se encuentran con que el acceso a la justicia no es tan real, tenemos juicios que siempre presentan retrasos, presentas una demanda y la primera audiencia es cuatro meses después, en esa primera audiencia la difieren y nos dan otra tres meses después, y así nos vamos”, expuso el coordinador del Área de Justicia Trasnacional de ProDESC.

Los activistas coinciden en que la legislación mexicana favorece a las empresas y que el llamado que hacen las autoridades a las comunidades de llevar los procesos por la vía legal en lugar de realizar protestas sólo beneficia a las mineras porque mientras se dicta una sentencia las empresas siguen operando.

“El proceso en contra de la mina La Platosa sigue y mientras no se dicte una sentencia, la minera sigue operando. Para poder entender cómo trabaja el Estado frente a las empresas transnacionales, nos encontramos que la tendencia es de protección a las grandes empresas, aún cuando existe una clara violación a los derechos humanos de las comunidades”, precisó López Cruz.

PASTA DE CONCHOS

El 19 de febrero de 2006 ocurrió una explosión en la mina Pasta de Conchos, ubicada en la región carbonífera de Nueva Rosita, Coahuila. El incidente provocó el colapso de varios túneles y sepultó a 65 mineros que laboraban en el turno de la noche. La mina –que era operada por Grupo México– fue cerrada de manera indefinida hasta encontrar los cuerpos.

Un grupo especializado de la minera y familiares de los mineros realizaron la búsqueda, sin embargo, en esos días no se encontró a nadie. Los trabajadores habían estado en huelga al menos 14 veces en demanda de mejores salarios y condiciones de seguridad y salud.

En esos días, el entonces Gobernador, Humberto Moreira Valdés, se comprometió a recuperar los cuerpos y crear un programa de becas para los hijos de las víctimas. Esta ayuda sería otorgada por la minera y el gobierno de Coahuila, sin embargo, un año después, la empresa dejó de dar el apoyo económico.

El 4 de abril de 2007, la búsqueda fue suspendida y un mes después también las becas. Hoy, a poco más de nueve años de la tragedia, sólo los restos de dos mineros fueron localizados, mientras que 63 siguen atrapados y sin nadie que los rescate.

MINERA CUZCATLÁN EN OAXACA

La oposición a la mina Cuzcatlán, fillial de la canadiense Fortuna Silver Mines Inc, se lleva a cabo desde el año 2009. Enfrentarse a la operación minera en San José del Progreso, Oaxaca, se ha convertido en algo cada vez más peligroso e incluso mortal.

El 15 de marzo de 2012, el activista Bernardo Vásquez Sánchez fue asesinado a balazos. La Red Mexicana de Afectados por la Minería vincula su muerte con su oposición a las actividades de explotación de oro y plata de la empresa.

La compañía se instaló en 2006 sin el consentimiento de la población. A tres años de la muerte del activista, organizaciones opositoras a la mina exigen a las autoridades el cierre de la compañía, que ha ocasionado descontento social y contaminación ambiental.

LOS FILOS Y EL BERMEJAL EN GUERRERO

El complejo minero Los Filos de la canadiense Goldcorp está ubicado en el ejido Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, en el estado de Guerrero. Inició sus operaciones en el 2007 y desde entonces, los pobladores acusan a la minera de afectaciones en su salud. Otro problema es el daño ambiental. Para cuando la empresa termine de extraer el oro los cerros habrán desaparecido, advierten organizaciones.

Aunque el tema de la inseguridad es ajena a la minera, la zona se ha visto afectada por criminales que amenazan tanto a habitantes como a empleados de la compañía. En marzo pasado 4 mineros fueron levantados por hombres armados, días después encontraron a 3 en una fosa. La mina señaló que su crimen no tuvo relación “con su trabajo en Goldcorp”.

Estos son sólo seis ejemplos de una lista de 36 conflictos mineros que existen en el país. Una de las afectaciones más importantes de la actividad minera es la contaminación del ambiente. Las mineras utilizan millones de litros de sustancias tóxicas como el cianuro, la sosa cáustica y el ácido sulfúrico. El uso de grandes proporciones de agua y la generación de drenaje ácido genera terrenos sulfurosos que afectan la flora y la fauna, además de la salud de los pobladores donde se encuentra instalada la mina y otras comunidades aledañas.