Destruyen casas en Tijuana para canalizar arroyo y hacer vialidad

16 diciembre 2011

16 de diciembre de 2011
Fuente: El Universal
Nota de Julieta Martínez

TIJUANA. El personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) destruyó ocho viviendas que se encontraban asentadas a un costado del arroyo Alamar, por lo que las personas afectadas presentarán una denuncia penal por daños y perjuicios.

El director de Administración del Agua de la dependencia, Ángel Lozano Aragón, justificó que se trata de un área federal que será canalizada, además de que “las familias fueron notificadas hace tiempo de las obras y de que debían desalojar los terrenos”.

El funcionario sostuvo que el gobierno de Baja California —encabezado por el panista José Guadalupe Osuna Millán— ofreció reubicar a las familias a predios que podrán pagar de acuerdo con sus posibilidades.

Las obras de canalización que incluyen la construcción de una vialidad que conectarán la zona industrial con el centro de la ciudad y tendrán un costo de 600 millones de pesos

Zenaida López, una de las afectadas junto con dos de sus hijos que habían construido dos casas de madera en la zona, aseguró que los obreros llegaron con maquinaria pesada y destruyeron sus pertenencias sin darles tiempo a reaccionar, así que se quedaron con lo que llevaban puesto.

Los documentos oficiales, muebles, ropa y todo tipo de objetos fueron arrasados por las máquinas mientras los pobladores del asentamiento, ubicado en la delegación Cerro Colorado, intentaban evitarlo colocándose frente a sus viviendas.

Conato de violencia

Tras un conato de enfrentamiento y ante la presencia de agentes de la Policía Municipal, la destrucción de las casas fue suspendida y durante horas, niños y adultos se dedicaron a buscar pertenencias que no hubieran sido destruidas, en tanto el personal de la Conagua esperaba instrucciones para continuar o retirarse del lugar.

Una representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acudió al lugar, pero aclaró que no podía evitar el operativo, por lo que se limitó a verificar que a las familias no se les violentaran sus garantías individuales.