Doñana y su guerra del agua con la Unión Europea

27 junio 2016

Un agente del Seprona verifica uno de los pozos que hay en el Parque Nacional de Doñana .

El principal problema estriba en las extracciones del acuífero subterráneo del Parque Nacional, al margen de las establecidas legalmente, a través de unos mil pozos que se reparten por las 10.500 hectáreas de zonas regables en las comarcas del entorno. Para su clausura, un proceso que se ha iniciado pero de forma muy lenta, los agricultores necesitan 20 hectómetros cúbicos de agua superficiales de los embalses de Huelva.

El pasado 6 de junio el Gobierno central aprobó un trasvase mínimo anual de 4,99 hectómetros cúbicos desde la demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras a la demarcación del Guadalquivir para atender las demandas de abastecimiento y regadío de los pueblos de la Mancomunidad de Municipios del Condado de Huelva.

Con ello, según el Ejecutivo de la nación, se contribuirá al equilibrio hídrico del entorno del Parque Nacional a través de la recuperación de los acuíferos de la zona. Este trasvase comenzó a gestarse nada más y nada menos que en 2008, y todavía no está operativo en lo que se refiere al riego por una diferencia de criterios en lo que respecta a las concesiones.

Por ley

En paralelo, el Gobierno tramita una ley, de incierto futuro por cuanto depende del resultado electoral, que permitirá el envío de otros 15 hectómetros cúbicos anuales de aguas superficiales de la misma cuenca onubense a la comarca del Condado. Con ambas aportaciones habría agua suficiente para el riego, y daría pie al cierre de todos los pozos irregulares que han provocado, esencialmente, la iniciativa sancionadora de la Comisión Europea.

Esa es la opinión que mantiene Cristóbal Picón, presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado. «Con los 20 hectómetros se pueden cerrar todos los pozos, tener garantía de agua y no afectar al acuífero en ningún momento», subraya.

Los pantanos de Huelva embalsan de media 900 hectómetros cúbicos, y destinan a todos los consumos 1.700. La cuenca es excendentaria, y la provincia «lluviosa», sostiene Picón.

Especialmente se muestra muy crítico con las denuncias presentadas por los ecologistas, a partir de las cuales ha intervenido la UE, y también con las diferentes administraciones, porque en su opinión «van por detrás de la vida real, como siempre y en todos los sitios. Llevamos años intentando regularizar la situación», resalta.

El portavoz de los agricultores ve «injusto» que se presenten quejas sin ofrecer alternativas. «Nosotros sí queremos buscar soluciones para conseguir un equilibrio entre agricultura y medio ambiente. Y en ningún momento queremos perjudicar al Parque Nacional. Al contrario. Nuestro interés es cuidarlo para mantener una actividad de la que vivimos las familias».

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, estatal, ha elaborado en las últimas semanas los informes con los que Gobierno central pretende refutar las críticas de Europa.

Según fuentes de aquel organismo, hay un interés especial en perseguir las fincas que incumplen con el Plan de Ordenación. Hasta ahora se han realizado unas 200 actuaciones contra regadíos ilegales en la campaña de 2016.

Últimamente la Confederación ha adquirido más de 900 hectáreas de la finca «Los Mimbrales», lo que supone detraer de los acuíferos 6.800.000 metros cúbicos de derechos privados de agua, que tenía reconocidos por sentencia firme. «Y por primera vez –subrayan las mismas fuentes– se han cerrado pozos ilegales; pocos, sí, pero se han cerrado».

26 de junio de 2016
Fuente: ABC