En junio de 2012, la Delegación provincial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla daba su visto bueno a una modificación sustancial de la Autorización Ambiental Unificada ya otorgada a estas instalaciones ubicadas en uno de los polígonos de Osuna, todo ello en el marco del proyecto de ampliación promovido por ‘Dasy Organización S.L.’. La organización ecologista elevó a la consejería correspondiente toda una serie de alegaciones al creer “incomprensible” que sea autorizada dicha ampliación.

Entre los más de 40 folios de alegaciones presentadas al proyecto, alertaba Ecologistas en Acción de los numerosos antecedentes por contaminación en Osuna y otras localidades españolas provocados por este tipo de instalaciones. El presidente del grupo empresarial al cual pertenece ‘Dasy’, José María Gimeno, fue “condenado en 2003 a cuatro años de prisión y tres de inhabilitación especial por un delito medioambiental en Cataluña muy similar al que ahora recibe la fiscalía en forma de denuncia”, señala en un escrito el colectivo ecologista.

“Las leyes ambientales no contemplan que este tipo de industrias se ubiquen en zonas de alto valor ecológico que, ‘a priori’, deberían estar blindadas ante una larga serie de impactos ecológicos asociados e imposibles de eliminar, sobre todo por emisiones atmosféricas, muchas veces pestilentes y vertidos de aguas residuales”, esgrimen los ecologistas.

Recuerdan los ecologistas que en 2008, ‘Dasy’ “vertió cientos de toneladas de lodos tóxicos que acabaron en el arroyo Salado tras recorrer miles de metros a través del terreno”, sobre todo porque hace unas tres semanas habría sido detectado nuevos vertidos durante el verano pasado “sin control alguno, mientras la autorización en vigor los prohíbe taxativamente”.

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Fuente: La Información

11 de octubre de 2012