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Ecuador: La lucha por la el agua, la vida y la dignidad

La lucha por el agua ha logrado aglutinar a una gran diversidad de sectores en Ecuador, porque implica la defensa del territorio y de los pueblos, exige el equilibrio y la no acumulación y señala el camino al Sumak Kawsay, el Buen Vivir.

La ley propuesta por el gobierno de Rafael Correa centralizaba la toma de decisiones bajo la autoridad única de la Secretaría Nacional del Agua, nombrada por el Ejecutivo. No contenía estrategias para superar el acaparamiento (el uno por ciento de los sistemas de riego en Ecuador, que son de los hacendados, cuentan con el 64 por ciento del agua para este uso), ni para garantizar el respeto de los sistemas comunales (que implican a 86 por ciento de todos los sistemas de riego). No protegía el agua frente a actividades extractivas y proyectos hidroeléctricos, ni garantizaba el derecho al consentimiento informado de los pueblos.

La ley de Correa fue rechazada por la multitudinaria Marcha Plurinacional por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos en marzo del 2012. Como resultado, se realizan 22 consultas provinciales, y el tema está en la Mesa de Diálogo organizada por la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Legislativa.

En todo este proceso, las organizaciones indígenas han defendido seis puntos irrenunciables:

1. Preservación y protección de fuentes de agua, zonas de recarga y ecosistemas vitales frente a toda actividad extractiva.

2. Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, como autoridad máxima, constituido paritariamente entre el Estado y las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas, pueblo montubio y afrodescendientes.

3. Gestión comunitaria y pública del agua.

4. Fondo Nacional del Agua, como parte del presupuesto general, a ser distribuido de manera oportuna, democrática, desconcentrada, intercultural y plurinacional, a favor del uso doméstico, de la soberanía alimentaria y de la restauración ecológica.

5. Liberación del agua de la privatización, mercantilización y acaparamiento, sin excepción.

6. Respeto a las decisiones de las comunidades: Que los pronunciamientos en la consulta pre-legislativa sean íntegramente incluidos en la nueva ley de aguas.

Si los plazos se cumplen, el proyecto de ley irá al pleno de la Asamblea en junio. Los pueblos han logrado consensos con los legisladores a favor de algunos de estos principios, y están preparándose para la vigorosa defensa de los faltantes: la protección de fuentes de agua frente a dinámicas mineras, la liberación de la privatización y la necesidad de contar con un consejo plurinacional del agua en vez de una autoridad única gubernamental.

17 de mayo de 2014
Fuente: La Jornada del Campo
Nota de Nayeli Moctezuma Pérez