Educa: amenazan a Oaxaca 67 proyectos hidroeléctricos
03 julio 20177 de septiembre de 2017
Fuente: Eco
Una investigación realizada por la asociación civil Servicios para una Educación Alternativa (Educa) reveló la intención del gobierno federal y estatal, de impulsar en Oaxaca 67 proyectos hidroeléctricos.
La iniciativa “Observatorio de Derechos Territoriales” de Educa arrojó que del total de proyectos, 66 son considerados como “pequeñas hidroeléctricas” y uno tiene la categoría de “gran proyecto”.
Sin embargo, la asociación determinó que por las características de estos proyectos ninguno será pequeño, al argumentar que en algunos casos como en la cuenca de Choapam Mixe se proyectan nueve presas en el mismo río, o en la cuenca del Río Verde donde se planean construir 14 presas.
Educa informó que este trabajo de investigación está dividido en seis partes y quincenalmente publicarán cada una, respaldada en investigaciones que dan cuenta del despojo y devastación del territorio oaxaqueño a través de proyectos de inversión, especialmente en materia energética.
Como complemento, presentó un mapa que incluye los proyectos que se encuentran en el Inventario Nacional de Energías Renovables (INERE) de la Secretaría de Energía.
“Es fundamental que las comunidades y pueblos emprendan acciones para ejercer sus derechos de acceso a la información pública, a la libre determinación y a la defensa de sus territorios”, asentó la asociación.
Contexto hidro-energético en Oaxaca
De acuerdo con Ana María García Arreola, del área de Derechos Territoriales de Educa, México ha cambiado legal y estructuralmente el sistema energético a través de la llamada reforma energética, que se tradujo en la reforma al artículo 27 constitucional y más de 12 leyes secundarias.
Este cambio, escribió, implica que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se convierta en una empresa productiva que competirá al igual que cualquier otra empresa por el mercado energético.
“El nuevo esquema permite la entrada de empresas a todas las etapas del proceso productivo lo cual representa una gran oportunidad de negocios para las mismas, pero una amenaza para los territorios”, expuso.
Por otra parte, sostuvo, a la par de la apertura del sector energético a capital privado, el impulso a la política de la energía limpia adquiere mayor preponderancia, se promueve ahora la captación de recursos a través de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) para el cumplimiento de metas contra el cambio climático.
En este año, dijo, se realizó la primera subasta de 6.3 millones de Certificados de Energías Limpias (CEL) por parte de CFE para empresas privadas, con base a información de Notimex.
“Esta subasta concluirá con la asignación de contratos de largo plazo de 15 a 20 años entre las empresas generadoras de energías limpias.
“El gobierno mexicano pretende cubrir la meta de 5% de su consumo en CEL para 2018. Cualquier empresa ahora podrá por ejemplo vender un paquete de energía y CELS. La primera subasta la ganaron Sun Power Systems, Enel, Parque Eólico Reynosa III, Gestamp Wind, Recurrent Energy, Alten Energías Renovables del Istmo, que invertirán en su conjunto 2 mil 116 millones de doláres de 2016 a 2018.”, precisó en el documento digital.
Sin embargo, explicó que para varios expertos existe un problema en la definición de energías limpias en las leyes mexicanas; por ejemplo, detalló, se consideran a las hidroeléctricas y la energía nuclear, sin considerar los graves impactos ambientales que están han tenido.
Los siguientes párrafos son copia fiel de la investigación de educa:
El panorama para Oaxaca
Oaxaca ofrece bienes comunes como los ríos, manantiales, vientos y otras fuentes de agua, que podrán ser concesionados a empresas para la producción de energía.
A través de un análisis realizado por EDUCA3 del Inventario Nacional de Energías Renovables (INERE) elaborado por la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía del Gobierno Federal se han identificado posibles proyectos de inversión “verde” en territorios oaxaqueños.
Existen proyectados al menos 66 proyectos de “pequeñas” hidroeléctricas, 1 proyecto de gran hidroeléctrica y 8 proyectos de aerogeneradores.
La Comisión Federal de Electricidad todavía es la ejecutora de algunos proyectos hidroeléctricos, pero en Oaxaca han presentado proyectos las empresas Electricidad del Istmo, ENERSI, COMEXHIDRO y Electricidad de Oriente4. La distribución de la energía también abierta a empresas está abriendo un potencial mercado a empresas nacionales y extranjeras.
Preocupaciones en materia de Pueblos Indígenas y Derechos Humanos e inversiones
Los cambios de nueva matriz energética y una nueva estructura del sector energético en México se contraponen con todos los avances en materia de Derechos de los Pueblos indígenas y Derechos Humanos que se han logrado de manera progresiva, más aún porque la regulación de las empresas es incipiente y no existen mecanismos que hagan justiciables los derechos.
Para el caso Oaxaca centramos la atención en algunas consideraciones:
En Oaxaca la propiedad social de la tierra es de más del 80% entre ejidos y comunidades agrarias5, los proyectos planteados para la producción y comercialización de energía, bajo el nuevo marco legal, desconocen los derechos agrarios a través de los mecanismos de expropiación.
Los procesos de negociación contemplados en las leyes energéticas conducen irremediablemente a la cesión de territorios a empresas, se establecen servidumbres legales que restringen el uso y disfrute a los poseedores y propietarios. El modelo privilegia a las grandes empresas nacionales y extranjeras que puedan cumplir con los requisitos de sostenibilidad financiera.
La actividad de la industria eléctrica tiene preferencia sobre cualquier otro uso u aprovechamiento que se da a la tierra. Con las concesiones sobre ríos por parte de empresas, incluidas la Comisión Federal de Electricidad, las comunidades verán afectadas su acceso al agua, al territorio y a sus formas de vida.
Varios de los proyectos hidroeléctricos se proyectan en territorios indígenas zapotecos, chatinos, mixes, chinantecos, mixtecos. Si bien en la reforma energética se incorpora la consulta como un requisito (a pesar de que esta reforma no fue consultada), en su implementación los gobiernos y las empresas son juez y parte, conducen el proceso y encaminan a la negociación sin posibilidad de veto o cancelación. Esta situación contraviene los principios de la consulta y la jurisprudencia internacional en la materia.
La Ley de la Industria Eléctrica incorpora un nuevo estudio: el Estudio de Impacto Social al conjunto de requisitos, sin embargo este estudio es realizado por las empresas interesadas en la realización del proyecto, sin que las comunidades puedan tener acceso a los resultados del estudio, ni argumentar en los mismos. Además los resultados no son considerados para el otorgamiento de los permisos.
Existe una gran opacidad en la información de las empresas, pero también en la información que el Gobierno Mexicano en cuanto a los proyectos de inversión a ejecutarse en territorios, los Pueblos y Comunidades se encuentran en una situación inequitativa al no tener elementos para la toma de decisiones informada.
Estamos evidentemente ante una asimetría en la relación empresa-estado-pueblos y comunidades, dejando a estos últimos sin mecanismo de defensa de sus derechos y donde el estado Mexicano abandona progresivamente la responsabilidad de protección de esos derechos. Es necesaria una regulación de la actuación de las empresas, especialmente de las inversiones y sus resultados.
Proyecto minero en etapa de exploración ubicado en la comunidad de Magdalena Teitipac, Oaxaca. Por decisión de la asamblea general, el proyecto se encuentra suspendido desde julio de 2012. Seguidamente, en 2013, la comunidad fue declarada por las autoridades municipales como “Territorio Prohibido para la Minería”.
Proyecto Hidroeléctrico en etapa de Estudios de Factibilidad, los municipios considerados por la CFE para la realización de dicho proyecto son: Santiago Tetepec, Tataltepec de valdés, Santiago jamiltepec y San Pedro Tututepec, en la costa de Oaxaca. Desde 2006, las comunidades chatinas, mixtecas, afromexicanas y mestizas han exigido la cancelación del proyecto y respeto a la determinación de los pueblos y comunidades de la Costa en defensa del Río Verde.
Proyecto de minería subterránea en etapa de explotación comercial ubicado en San José del Progreso, Oaxaca. Actualmente ciudadanas y ciudadanos de la comunidad desconocen la magnitud y alcance del proyecto, las afectaciones ambientales, así como los beneficios económicos de la empresa. De igual forma se han cometido violaciones sistemáticas a los derechos de la población, por lo que exigen cancelar las concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal en el municipio.
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Me preocupa que sentenciar de entrada a los 67 proyectos como “amenazas”, lejos de ayudar a que las cosas se hagan bien, desacredita a otros movimientos legítimos contra proyectos efectivamente “perversos” (en términos ambientales y sociales). La mini-hidro (estrictamente) puede implementarse de forma social y ecológicamente responsable, y es importante porque puede ayudar a absorber la variabilidad de otras fuentes renovables intermitentes (solar-eólica), y disminuir la dependencia de centrales (fósiles) de respaldo. Me parece importantísimo vigilar los procesos de consulta ambiental y social de cada proyecto, y oponerse a los que no tengan sentido, pero fijar una postura a priori sólo les está cerrando la puerta a participar en esos procesos de la mano con los desarrolladores.