La aplicación de la Ley de Aguas de Andalucía, que obliga a los ayuntamientos a cobrar un canon para financiar las infraestructuras de saneamiento y depuración propiedad de la Junta, ha sido uno de los motivos, pero no el único, que ha llevado al PP a presentar mociones en los consistorios en las que denuncia la invasión de las competencias municipales por parte de la Administración regional y reclama la nulidad de la normativa. El proceso ahora iniciado concluirá con un recurso ante el Tribunal Constitucional. El Ayuntamiento de Marbella, gobernado por el Partido Popular, ha sido uno de los primeros en llevar a cabo la iniciativa.

Los colectivos profesionales del sector agrario que desde el principio auguraban que la Ley de Aguas iba a provocar un serio conflicto si no estaba precedida del consenso, finalmente han acertado de pleno.En los últimos días, la asociación de regantes Feragua, los colegios de ingenieros de Agrónomos; de Caminos, Canales y Puertos; de Minas, y la Plataforma Agua Pública, de la que forman parte unos 1.700 trabajadores de la Agencia Andaluza, hicieron público un durísimo manifiesto en el que cuestionaban la política hidráulica de la Junta.

Y casi en paralelo, desde el PP se lanzaba una ofensiva contra la Ley Aguas, que la portavoz de Medio Ambiente de esta formación política, Carolina González Vigo, justifica en declaraciones a ABC: «Las actuaciones que hemos emprendido terminarán con un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero liderado por los ayuntamientos porque se ha producido una invasión de sus competencias».

Según González Vigo, «la Ley de Aguas naufraga desde el principio y terminará por hundirse. Los socialistas hicieron una Ley, se equivocaron en la votación en el Parlamento y en el proceso para elaborar la segunda Ley tuvieron que rectificar porque para entonces la Junta había decidido cargarse la Agencia Andaluza del Agua» a través del decreto para la reordenación de la Administración andaluza.

A estas alturas, afirma la parlamentaria del PP, «la Ley es un fracaso y el PSOE lo que tenía que haber hecho es recapacitar y presentar un texto legislativo más acorde con las necesidades de Andalucía. Y es un fracaso —añade— porque desde el primer momento se concibió como un instrumento más para recaudar, y en situaciones de crisis lo último que pude hacer un gobierno es impulsar una normativa para aprobar impuestos del agua. Que además —enfatiza— los tienen que recaudar los ayuntamientos, asumiendo con ello el coste político».

En segundo lugar, prosigue Carolina González Vigo, «es un fracaso porque apuestan por el intervencionismo, no sólo en los ayuntamientos, sino con los agentes productivos de Andalucía. Los agricultores se van a ver muy afectados por la Ley, con concesiones a revisar, con derechos históricos y constitucionales que se ponen en duda, y afectará también a la industria y al turismo».

Y por otro lado, resalta, «la Ley crea una inseguridad jurídica tremenda», al desaparecer la Agencia Andaluza del Agua, y al quedar todavía sin definir plenamente la nueva estructura administrativa. «Realmente —asegura González Vigo— los socialistas han perdido el pulso de la gestión del agua desde el principio. Y lo que es inaceptable, es que el consejero de Medio Ambiente diga que el plan de saneamiento y depuración (que finaliza en 2017 con una inversión de 1.765 millones) se va a recaudar con cargo al canon de mejora de la infraestructuras hidráulicas, pero por parte de los ayuntamientos». Por tanto, resume, «después de malgastar el dinero con la pésima gestión, ahora lo que le dicen a los alcaldes es que asuman el reto de financiar la infraestructuras pendientes, lo cual es inaceptable».