La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó contra sus intereses y resolvió que tanto ella como el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) –incluidos juzgados y tribunales– deben pagar por el servicio de agua potable y alcantarillado en el Distrito Federal.

En votación dividida (siete contra dos), los ministros señalaron ayer que los órganos del Poder Judicial de la Federación “no están exentos” de dicho pago; sin embargo, el pleno postergó, por razones de técnica jurídica, la resolución de asuntos en los cuales los gobiernos de Aguascalientes, Nuevo León y Baja California exigen también a las autoridades judiciales que cubran las cuotas por el suministro del líquido.

No obstante, se prevé que la decisión será la misma. El artículo 115 constitucional exime a las dependencias federales del pago de impuestos, pero no de servicios.

Posteriormente, los ministros comenzaron a evaluar si la SCJN y el CJF deben efectuar desembolsos por impuesto sobre nómina.

En el contexto de la discusión, José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco y José de Jesús Gudiño Pelayo aclararon que están en contra de que el pleno resuelva ese tipo de “consultas”, porque no está legitimado para votar temas que lo involucran directamente. Sin embargo, la mayoría ya había decidido de manera previa que los presentes en la sesión tenían que votar los asuntos listados.

El origen de esos temas se remonta a 2006, cuando Mariano Azuela pidió al gobierno capitalino que exentara a la SCJN y al CJF de los pagos por predial, agua potable e impuesto sobre nómina. Pero éste sólo lo favoreció con la condonación del primero. Entonces, el ministro solicitó una “consulta” a la Corte para que determinara sobre el pago de las obligaciones mencionadas.