La guerra del agua

22 agosto 2011

22 de agosto de 2011
Fuente: Teorema ambiental
Nota de Manuel Hernández

En los últimos dos siglos, el acelerado crecimiento de las ciudades ha ejercido una mayor presión sobre el capital natural del cual dependen muchas comunidades. En este sentido, factores como el incremento de la pobreza o la voracidad de los grandes grupos económicos por la apropiación de recursos como la tierra y el agua han detonado una serie de conflictos sociales que evidencian la debilidad institucional de un país como México para garantizar el respeto por los derechos fundamentales de las personas.

Corrían las primeras horas de la mañana cuando se escucharon los disparos. Todo comenzó el pasado 15 de abril, cuando un grupo de mujeres, jóvenes y niños del poblado de Cherán, ubicado en la meseta purépecha de Michoacán, decidió enfrentar con palos y piedras a un grupo de taladores que operaba ilegalmente en los terrenos de la comunidad. Al verse sorprendidos en el acto y acorralados, los traficantes de madera desenfundaron sus armas para herir de muerte a dos comuneros que intentaban defender su bosque. Horas más tarde un grupo de hombres fuertemente armados que protegían a los talamontes, vinculados con el crimen organizado, llegaron al pueblo para amenazar de muerte a los comuneros, quienes invadidos por el miedo decidieron atrincherarse para evitar un posible ataque.

Luego de dos meses, los habitantes de Cherán han empezado a retomar sus actividades cotidianas, pero el peligro sigue ahí, latente, a la espera del primer descuido para escribir lo que sería una tragedia anunciada.

“Este primer enfrentamiento se da a partir del hartazgo de la gente por la devastación que estas personas estaban haciendo en nuestra comunidad. Por ello exigimos justicia para nuestros asesinados, para nuestros desaparecidos, extorsionados, desplazados y, lo más importante, justicia para nuestros bosques”, señala José, uno de los comuneros que desde entonces vive en estado de alerta constante, algo que se nota de inmediato en sus ojos o en la forma en que se acaricia el cuello cuando la posibilidad de ser asesinado junto a su familia sale durante la conversación.

Esta situación no sólo ha puesto en evidencia la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad de una ciudadanía asediada por la violencia de los grupos criminales, sino también una guerra sin cuartel por el control de los recursos naturales.

Un tema vital para muchas comunidades cuya supervivencia depende de este capital natural en disputa.

Por ello no es casualidad que el enfrentamiento se diera en el momento justo en que los comuneros de Cherán pretendían escavar un segundo pozo en sus terrenos para mitigar la sed ante la cada vez más insuficiente agua potable de la que disponen. Un problema en el que los árboles juegan un papel fundamental para retener el agua de lluvia. De ahí que la tala clandestina de casi 20 hectáreas en poco más de cinco meses, a razón de cuatro camiones diarios, fuera motivo suficiente para que los comuneros de Cherán decidieran defender el bosque aun a costa de su propia vida.

Algo similar ocurre en los alrededores del lago Zirahuén, y no necesariamente por el crimen organizado, sino por las dinámicas de un sistema económico impulsado por los diferentes niveles de gobierno.

Esto debido a las facilidades que las autoridades han otorgado tanto a empresarios nacionales como extranjeros para construir un complejo turístico que busca despojar a las comunidades de sus tierras y recursos vitales como el agua. Uno de tantos casos donde queda en evidencia la voracidad de los grandes desarrolladores inmobiliarios. “Nos interesa que no se acabe el monte y que se conserve el lago, porque de ahí depende la vida de todos, para respirar aire limpio. Los árboles llaman al agua. Hay manantiales que salen del cerro y por eso tenemos desconfianza de que si el lago se seca los manantiales también van a desaparecer”, comenta Bulmaro Cuiriz Hurtado de la comunidad Sierra Grande, uno de los más férreos opositores al proyecto turístico en Zirahuén, quien incluso ha recibido amenazas de muerte por defender las tierras de la comunidad.

A pesar de que los comuneros indígenas se han mantenido en pie de lucha desde hace varios años, los grupos de poder económico avanzan poco a poco en sus intentos por convertir la zona en un jugoso negocio con el aval de las autoridades del municipio de Salvador Escalante y el gobierno estatal de Leonel Godoy. Así lo demuestra la construcción de una carretera en la periferia del lago que detonará el crecimiento inmobiliario y grandes cultivos de aguacate, además de diversas anomalías legales en la disputa por los derechos de propiedad de la tierra. Una situación que para los comuneros representa la crónica anunciada de un desastre ambiental como el que vive hoy en día el lago de Pátzcuaro, caracterizado por los altos niveles de contaminación y desaparición de especies emblemáticas como el pez blanco. De ahí que los famosos pescadores con redes de mariposa que en otros tiempos dependían del lago para sobrevivir hoy sean una mera atracción turística. Un destino que los comuneros de Zirahuén quieren evitar a toda costa.

“La comunidad nunca ha vendido, aunque las dependencias van a apoyar a estos grandes hacendados que dicen tener en regla sus escrituras”, agrega Bulmaro, quien mira con tristeza cómo estos grupos han empezado a talar más de dos mil árboles en los alrededores de Zirahuén, incluyendo una buena parte de las 100 hectáreas que fueron reforestadas por los comuneros. Sin embargo los daños ambientales no se limitan a los bosques, ya que una situación similar ocurre en la costa michoacana con las modificaciones ilegales a los ordenamientos de conservación y protección ambiental de Lázaro Cárdenas para promover y facilitar la realización del Proyecto de Desarrollo Turístico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), cuya primera fase se encuentra sujeta a evaluación del impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), misma que de aprobarse afectaría la dinámica hídrica del estero del Caimán y atentaría contra la biodiversidad. Aunque grupos ambientalistas como la Red Manglar Internacional han denunciado el grave daño que podrían sufrir los ecosistemas de la región, el proyecto sigue su curso en aras de lo que algunos llaman progreso.

Alto impacto social y ambiental Al igual que ocurre en Michoacán, estas prácticas de despojo y apropiación de recursos naturales derivadas de un modelo de desarrollo capitalista se han convertido en un problema serio que ha detonado diversos conflictos ambientales a lo largo y ancho del país. “Cada día hay más afectación ambiental y destrucción de los recursos naturales. Iniciamos defendiendo nuestros manantiales junto a 13 pueblos en contra del avance de unidades habitacionales que no están resolviendo el problema de vivienda en nuestras entidades, sino un negocio que hacen estas empresas, ocasionando la destrucción del medio ambiente, invadiendo áreas de tierra cultivables, desaparición de vegetación y animales. Esto además de la contaminación hacia los ríos y barrancas por medio de la basura y los desechos de aguas negras”, dice Saúl Atanasio Roque Morales, representante del Consejo de Pueblos de Morelos, un movimiento social preocupado por solucionar los diversos conflictos ambientales en aquella entidad, tal como ha ocurrido con la instalación de rellenos sanitarios y otros proyectos de urbanización de áreas verdes que han agudizado las tensiones por el acceso a recursos básicos como el agua.

“Se está destruyendo un área de alta captación de aguas como el Texcal con gente que está invadiendo tierras y haciendo negocio con las autoridades, quienes simplemente autorizan o se hacen de la vista gorda destruyendo nuestros recursos naturales”, agrega Roque Morales. Lo mismo ocurre de forma sistemática en estados como Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Colima o Veracruz, donde las autoridades gubernamentales parecen estar más preocupadas por aprobar proyectos redituables en lo económico aunque esto implique un impacto profundo en la salud de las personas y los ecosistemas. Basta citar el caso de las mineras canadienses instaladas en San Luis Potosí para darse cuenta de la magnitud del problema.

Todo lo anterior pudo constatarse durante el Coloquio sobre Cambio Global, Seguridad Hídrica y Conflictividad Socioambiental en México, celebrado en el Centro de Investigaciones en Ecosistemas (CIEco) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la ciudad de Morelia en mayo pasado, donde académicos y organizaciones civiles se reunieron para exponer y discutir un sinnúmero de casos donde los intereses económicos parecieran estar por encima del bienestar social y ecológico.

“Digamos que sí hay una emergencia; hay actores muy claros con impactos fuertes, principalmente las empresas mineras, varias empresas transnacionales con modelos de agricultura muy depredadora, el sector inmobiliario y turístico, por lo que es necesario analizar a fondo esta situación con el fin de analizar el origen de los diversos conflictos relacionados con el uso y distribución del agua, la apropiación de los recursos naturales y del territorio mismo”, señaló Patricia Ávila, investigadora del CIEco, quien considera que el crecimiento acelerado de las ciudades durante los últimos cien años viene acompañado de un aumento en los conflictos por el control de los recursos naturales.

De acuerdo con Ávila, el problema de fondo tiene que ver con que el modelo de desarrollo vigente en México y el mundo sigue sin cumplir con los criterios mínimos de sostenibilidad. De ahí que los gobiernos sigan promoviendo grandes proyectos de infraestructura como una alternativa para garantizar cierto nivel de bienestar a determinados sectores de la población, aun con el alto costo ambiental que esto implica, tal como ocurre actualmente en Morelia con las modificaciones de instrumentos de protección ambiental y de planeación territorial con el fin de promover la urbanización en áreas naturales protegidas y en zonas agrícolas.

En el caso del agua esto resulta evidente, ya que la poca sustentabilidad de las políticas públicas ha provocado que los gobiernos hayan decidido enfrentar el problema de abasto hídrico a través de grandes obras que a la larga sólo sirven para agudizar viejos problemas. Esto es justo lo que ocurre en ciudades como el Distrito Federal, León, Acapulco, Hermosillo o Monterrey, lugares donde se pretende resolver el problema de disponibilidad hídrica importando agua de otras cuencas, despojando de este vital líquido a muchas comunidades rurales para seguir manteniendo un esquema que más tarde o más temprano terminará por colapsar. Viejas costumbres que promueven un futuro marcado por el desastre.

Si a esto se le suma la alta vulnerabilidad de México frente a fenómenos como el cambio climático, el cual podría agudizar la disponibilidad de agua en el norte y centro del país según algunos pronósticos, algunos expertos sostienen que es urgente impulsar programas de acción que puedan solucionar de raíz estos problemas desde una perspectiva sustentable.

“Cuando hablamos de seguridad hídrica no sólo nos referimos a la cantidad de agua en un pozo, sino también hay que tomar en cuenta todos los sistemas de soporte de los ecosistemas”, comenta Manuel Maass, investigador del CIEco, quien considera que garantizar la seguridad hídrica implica forzosamente restablecer el equilibrio de los ecosistemas frente al ámbito social. “Quizá no podamos decretar todo el país como zona de protección ecológica, pero sí como zona de manejo socioecológico”, explica el especialista.

A pesar de las diferentes visiones en torno al problema, los expertos parecen coincidir en que la conservación de los recursos naturales está íntimamente ligada a los procesos sociales, y por ello las políticas ambientales deben tomar en cuenta factores la pobreza y el respeto por los derechos humanos. Y aunque algunos organismos internacionales como Naciones Unidas celebren la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada recientemente por el Congreso mexicano, la cual proporcionará mayores instrumentos jurídicos para hacer valer de una manera más integral los derechos fundamentales de las personas, algunos expertos consideran que el gran problema que enfrenta México es su debilidad institucional para impartir justicia.

“El poder económico se ha ido por encima de los intereses y los derechos humanos. Lo que está en juego es un desarrollo económico que ha beneficiado sólo a una minoría y lo que hay que buscar es un balance para desarrollar algunos proyectos y que al mismo tiempo se protejan los recursos naturales y los derechos de las personas”, señala Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), quien considera que uno de los problemas más grandes en este sentido es la incapacidad que ha demostrado el Estado mexicano para hacer cumplir la ley. “El marco legal puede ser apropiado y suficiente con algunos ajustes, pero me parece que lo más relevante es que la implementación de la ley no está sucediendo. Ahí están los reglamentos, las normas y los acuerdos internacionales como ejemplo, que en la práctica son letra muerta”, concluye.

Debilidad institucional

Al término del coloquio, los participantes emitieron la Declaratoria sobre Seguridad Hídrica, Participación Social y Legalidad en México, en la que se expusieron las conclusiones más relevantes, entre las cuales destaca la fragilidad del Estado mexicano frente a la dinámica del mercado. Reproducimos textualmente un fragmento de dicho documento:

“El papel que han jugado el Estado y los actores privados (empresas transnacionales mineras, sector inmobiliario y turístico, industrias en diversos ramos y agroindustrias) ha sido un elemento determinante de la agudización de las tensiones por el agua y los territorios, ya que el modelo de desarrollo globalizador antepone el interés individual (privado) sobre el colectivo (público y social), genera mayor pobreza y desigualdad social y contribuye al deterioro del patrimonio natural del país. “En México, las políticas del agua, de conservación y manejo de los ecosistemas y de regulación ambiental han estado subordinadas a las políticas económicas. De allí que el deterioro del patrimonio natural del país sea una expresión del modelo económico neoliberal, que se basa en la apropiación privada de los recursos naturales (como el agua); la maximización de la ganancia en el corto plazo, al no considerar los costos sociales y ambientales generados; y la laxitud de los gobiernos en materia ambiental, que abre oportunidades a la inversión privada y extranjera.”

Radiografía del
descontento

Éstos son algunos de los muchos casos donde los proyectos económicos basados en el desarrollo de infraestructura han ocasionado escenarios de conflicto socioambiental en México, por mencionar sólo algunos:
* La autorización del impacto ambiental del proyecto turístico de Fonatur en Marismas Nacionales, Sinaloa, en una zona de alta importancia ecológica, arqueológica y social y que pone en riesgo el humedal y la conservación de la biodiversidad.
* La lucha campesina por la defensa del territorio frente al proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota, que pretende garantizar el abasto de agua al complejo turístico de Acapulco Punta Diamante y abrir nuevos desarrollos inmobiliarios en la cuenca del río Papagayo en Guerrero.
* La construcción de la presa del Zapotillo, con el fin de abastecer la demanda de agua para uso urbano y agrícola en Guanajuato y la afectación de la población rural de Temalcapulín, Jalisco.
* La construcción del Acueducto Independencia para abastecer de agua a la ciudad de Hermosillo y afectación de los derechos de agua de la tribu yaqui, en Sonora.
* La sobreexplotación de acuíferos y deterioro de ecosistemas por parte de la agroindustria, que conlleva a altas concentraciones de arsénico en el agua potable de la Comarca Lagunera y afecta el funcionamiento geohidrológico en Cuatrociénegas, Coahuila.
* La oposición al proyecto minero en Real de Catorce por su afectación al patrimonio natural (área natural protegida), cultural (Wirikuta, lugar sagrado y centro del mundo en la cosmogonía huichol) y riesgos en la salud de la población.
* La afectación de ecosistemas y riesgos en la salud de la población por la contaminación de la industria petrolera y petroquímica en ríos y cuerpos de agua de la región de Coatzacoalcos, Veracruz, y oposición a la construcción de nuevos proyectos petroquímicos.
* Las abrogaciones y modificaciones ilegales de instrumentos de conservación y protección ambiental para impulsar proyectos portuarios e industriales en la laguna de Cuyutlán, Colima, que violentan el derecho humano a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar.