Llega Greenpeace al Río Sonora
05 septiembre 2014
El organismo ambientalista con representación en México, informó que el reciente derrame de sustancias tóxicas a los Ríos Sonora y Bacanuchi es sólo la “punta del iceberg” de la contaminación tóxica de nuestros ríos por la mala gestión de las cuencas, la poca supervisión a las industrias por parte de la Conagua y la laxitud de leyes y sanciones.
Pese a la existencia de una Ley de la Responsabilidad Ambiental -que entró en vigor el 7 de julio del 2013 y que establece la reparación de daños en caso de delitos cometidos contra el ambiente- hace falta una revisión a la parte de las sanciones para inhibir a las empresas a contaminar.
“En el caso de Sonora, la multa para Grupo México, cuyo dueño es el tercer hombre más rico del país, es irrisoria; la Conagua estableció el pago por 1.2 millones de pesos por las afectaciones a al menos 22 mil habitantes de siete municipios, mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aplicaría una multa por 40 millones de pesos más la reparación del daño de la cual no se establece una cifra.
El pasado 22 de agosto, Greenpeace México lanzó una seria advertencia y asegura que México es “un paraíso” para contaminar; respecto al derrame en Sonora refiere que “el derrame en el Río Sonora es sólo la “punta del iceberg” de la contaminación tóxica de los ríos mexicanos”.
¿Las afectaciones ambientales a corto y mediano plazo para 7 municipios cuestan sólo 40 millones de pesos?, definitivamente no, pero pareciera que México está de oferta para quien guste contaminar”, cuestiona el organismo pro ambientalista internacional con sede en México.
En el primer posicionamiento relacionado al derrame de tóxicos, expone que “el 6 de agosto ocurrió el peor desastre ambiental en Sonora, el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados muy dañinos para la salud y los ecosistemas, provenientes de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, perteneciente al Grupo México; cuyo dueño es Germán Larrea, el tercer hombre más rico del país”.
Describe que esta descarga de lixiviados mineros con arsénico, níquel, fierro, cobre, cadmio, manganeso y aluminio, ponen en riesgo a por lo menos 22 mil personas que habitan en 7 municipios aledaños a los ríos Sonora y Bacanuchi: San Felipe, Arizpe, Aconchi, Banamichi, Ures, Baviácora y Hermosillo.
“Entre los daños que pueden causar los altos niveles de metales en el agua son problemas en el sistema nervioso, daños hepáticos, pulmonares, renales, reproductivos y neurológicos, que pueden propiciar enfermedades como el Alzheimer, mal de Parkinson, saturnismo, hepatitis, cáncer, hemocromatosis o hasta la muerte, en el caso del arsénico”, advierte el organismo.
Añade que los municipios afectados están recibiendo agua potable en botellas o pipas pues la principal fuente para sus actividades fue contaminada.
“La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció que Grupo México deberá pagar una multa de 40 millones de pesos y monitorear la calidad del agua en el Río Sonora cada quince días, en un periodo de cinco años, hasta garantizar que deje de ser peligrosa para la salud de los sonorenses”, precisa.
“El derrame en el Río Sonora es solo la punta del iceberg de la contaminación tóxica de los ríos mexicanos. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el 70% de los ríos nacionales presentan algún grado de contaminación, pero poco o nada se está haciendo para revertirlo y mucho menos para prevenir”, apunta Greenpeace.
Precisa además que la laxitud de leyes permite a las empresas seguir contaminando pues en teoría se les exige un “pago” o la “reparación del daño” en la zona donde ocurrió el desastre, pero sin tomar en cuenta las externalidades.
Por ejemplo, el derrame en el río Sonora no sólo afecta a las comunidades aledañas al afluente sino también vulnera derechos de otras, como la tribu Yaqui que por años han luchado para evitar que se les restrinja el acceso al agua para actividades agrícolas, a cambio de que el líquido llegue a la zona urbana de Hermosillo a través del Acueducto Independencia, cuyo funcionamiento fue suspendido por la Suprema Corte de Justicia.
“Ahora, este mandato judicial podría desobedecerse ya que el río Sonora – que llevaba agua a la ciudad de Hermosillo desde la presa El Molinito, de la cual se extraían 8 millones de metros cúbicos- está contaminado”, señala.
Tan sólo unos días después del vertido tóxico en Sonora, una mina de la empresa Proyecto Magistral provocó otro derrame en el municipio El Oro en Durango contaminando 2 mil metros cúbicos de agua con cianuro; el cual es potencialmente letal. Aunque Profepa acudió a tomar medidas de contención aún no se han dado a conocer las sanciones.
El mensaje que el gobierno está dando es que México sigue siendo un “paraíso” para contaminar.
“Greenpeace se une a las exigencias de las comunidades afectadas en Sonora y demandamos que se cumpla a cabalidad el compromiso de la empresa Grupo México y el gobierno para una verdadera remediación que incluya:
Reconocimiento total por parte de la empresa sobre las afectaciones socio-ambientales de este derrame a los siete municipios aledaños a la zona del vertido.
Saneamiento completo de la Cuenca con el fin de que el agua del río y los pozos pueda volver a ser usada para riego y consumo humano, así como para el equilibrio ecológico.
Reparación de los daños ambientales, de salud y socioeconómicos ocasionados por esta fuga de contaminantes; aun si algunas consecuencias aparecieran años después, como puede ser el caso de la salud.
Transparencia y acceso público sobre la información derivada de los muestreos y de las medidas acordadas y acciones de la empresa y el gobierno.
Un plan de contingencia ambiental y de salud para posibles afectaciones a mediano y largo plazo.
El cierre inmediato y permanente de la planta minera Buenavista.
Inspecciones al resto de instalaciones de Grupo México, a fin de evitar futuros accidentes en otras regiones del país.
La minería es una de las industrias más contaminantes, pero no la única.
No debemos perder de vista que las recientes reformas “estructurales” en México han abierto la puerta para consolidar un modelo extractivo de recursos naturales, en el que queda lejos la justicia ambiental para las comunidades y los ecosistemas, pues se priorizan las ganancias económicas sobre los derechos humanos.
La reciente Reforma Energética es un ejemplo de ello, ya que permite, entre otras cosas, la utilización del fracking (fractura hidráulica) para la extracción de gas shale.
Podemos suponer por estricta lógica económica que las preguntas de algunos inversores serían:
¿Qué pasará cuando sus pozos contaminen los mantos freáticos?
¿Qué harán si falla la recolección, transporte o almacenamiento de agua o sólidos residuales radiactivos?
¿Qué acciones se harán si se afecta la salud de miles de personas?
¿Qué medidas se tomarán si se atenta contra el Derecho Humano de los mexicanos al agua y a un medio ambiente sano?
Ahora sabemos la respuesta: Nada.
Limpieza superficial; residuos peligrosos permanecen en sedimentos: Greenpeace
En la región de Sonora afectada por la contaminación del derrame de residuos peligrosos de la minera Buenavista del Cobre de Grupo México se observa una limpieza superficial con el retiro de lodos que se dejan a un lado de los cauces, hay desinformación de la ciudadanía y la empresa utiliza la remediación como campaña a su favor, señaló Sinaí Guevara, responsable de la campaña de tóxicos de Greenpeace.
Aseveró que los metales pesados que con el derrame se vertieron a los ríos Bacanuchi y Sonora, como cobre, arsénico o cadmio, permanecerán en los sedimentos del cauce y cada uno ocasiona distintos efectos, pero en general todos son bioacumulativos, ya que el cuerpo no los puede eliminar. Pueden causar desde insuficiencia renal hasta cáncer y disrupción hormonal. Ejemplificó que el cadmio causa osteoporosis y el cianuro puede ser mortal.
Mencionó que en un recorrido que integrantes de la organización hicieron por la zona durante la última semana se enteraron de que el derrame del pasado 6 de agosto es el tercero que ocurre en lo que va del año.
Explicó que lo que encontraron fue que se hace limpieza superficial, con palas se quitan lodos de los cauces, pero se dejan a un lado, al aire libre, por lo que se tiene que verificar que todo eso sea retirado y no quede a la intemperie.
Mencionó que se debe hacer monitoreo permanente para conocer la calidad del agua; cuando empieza la limpieza, empieza el olvido. Dijo que si sólo se sanea superficialmente queda la posibilidad de que la población padezca enfermedades a largo plazo.
Además, es difícil informar a la gente en los 200 kilómetros de extensión de la zona donde se reportó el daño ocasionado por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato acidulado de cobre de la presa de jales de la minera, ubicada en Cananea. La gente de la región, agregó, comentó que en lo que va del año es el tercero que ocurre en las instalaciones de la minera, pero como los otros fueron de menor magnitud, no fueron reportados a las autoridades.
Grupo México envía pipas con agua a la zona, con lo cual lleva una campaña de comunicación, con la que se presentan como salvadores de la comunidad. Buscan hacer olvidar de que son los causantes de que no hay agua, y no tendrían que llevarla ahora en pipas si no es porque ellos contaminaron la fuente del líquido, los ríos.
Este desastre ambiental permite ver la postura del gobierno ante estos hechos; no basta cobrar multas, porque esto es un derecho por contaminar. La empresa pagaría un máximo de 40 millones de pesos, lo cual equivale a 0.03 por ciento de su ganancia total.
Con esto, agregó, también sale afectada la tribu yaqui, ya que ahora la única fuente de agua para Hermosillo, que se abastece de la presa El Molinito, pero está cerrada por la contaminación, es el acueducto Independencia, lo cual afecta el recurso destinado a la tribu. Al respecto hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
05 de septiembre de 2014
Fuente: Dossier Político
