Al parecer, no existe lógica, sentido común o de las proporciones cuando se diseñan o adoptan planes y programas que debieran servir para apoyar el bienestar de los sonorenses. La prioridad ha sido vender un producto escaso a los inversionistas foráneos, so pretexto de generar empleos y ser “competitivos”, lo cual pasa por alto el equilibrio ecológico, la protección del ambiente y, desde luego, la salud de las familias.

 

La voracidad criminal de empresas mineras como Grupo México y similares, ejemplifican de manera clara la inconsciente depredación ambiental que se agrava con la participación de maquiladoras y otras empresas trasnacionales que disponen del recurso hidrológico, y que expulsan al aire y al agua sustancias toxicas bioacumulables, no sólo con el conocimiento de las autoridades sino con su complicidad y apoyo, según se ha podido entender gracias a eventos recientes de gran impacto social.

 

No deja de ser alarmante que, cuando ocurre un accidente catastrófico como el derrame minero de Cananea, se pueda tener la evidencia incuestionable de que el sistema de protección civil, las salvaguardas legales y los aspectos logísticos de prevención y remediación de los daños, no funcionan. Pueden pasar, no uno ni dos años, sino muchos más en los que se despliegan la más obscena y ridícula demagogia, la manipulación informativa y la descarada desgana por solucionar los problemas. Se acude a los pronunciamientos mediáticos, a la oferta de dinero, a la minimización del daño, a la desorganización de los afectados, a la apatía social, mientras que los perpetradores gozan de impunidad.

 

Pero, a los daños protegidos por la corrupción y la impunidad reinante, se añaden los proyectos acordados con los mismos delincuentes ambientales, se fortalecen los compromisos y agradecen sus migajas económicas, porque “hay que atraer inversiones y generar empleos”. Así, mientras la minería obtiene cuantiosas ganancias, el gobierno celebra los beneficios del “fondo minero” que huele a chantaje y leperada, y Sonora pierde lo más por lo menos.

 

Es claro que el gobierno debe gestionar programas y proyectos que incidan en el desarrollo económico y social de la entidad, cumpliendo con sus obligaciones constitucionales, pero toda labor de carácter público conlleva una alta responsabilidad social, debiendo tener el suficiente sustento científico, financiero, técnico y humano para ser viable. Debe tener claro que la vida y el bienestar ciudadano está por encima de las consideraciones y expectativas empresariales privadas, sean nacionales o extranjeras. En este sentido, los proyectos de instalación de plantas tratadoras de aguas o de desaladoras, o de confinamientos de sustancias tóxicas, deben ser analizados desde una perspectiva integral, tomando en cuenta el ambiente y no solamente por su inmediatez política o económica.

 

Apoyar proyectos de desalación de agua en territorio sonorense al servicio de nuestro vecino del norte, como ha trascendido recientemente, sin considerar la descarga de salmuera en un ecosistema como el del Mar de Cortés, resulta aventurado cuando no francamente criminal. Emprender proyectos que modifiquen las condiciones de la biodiversidad acuática y terrestre serían una prueba contundente de la absurda irresponsabilidad de quien gobierna. 

 

Sonora no tiene por qué ser proveedor de recursos naturales ni basurero de nadie. En todo caso, debiera procurarse impulsar la economía estatal en estricto apego a nuestras posibilidades productivas y dentro del marco del interés nacional. No se vale sudar calenturas ajenas.

 

Es evidente que ha faltado el necesario trabajo de inventariar, catalogar y clasificar económicamente los recursos sonorenses y establecer su uso real y potencial; es obvio que no ha habido aplicación de los conocimientos del geógrafo económico y del economista especializado en problemas del desarrollo. En consecuencia, no hay diagnósticos sectoriales, por lo que no hay políticas ni programas que aterricen en nuestra realidad y que sirvan para algo; es triste ver que nuestro estado carece de planeación y está sujeto a las eventualidades de una administración sujeta a ocurrencias. Así las cosas, la economía sonorense está condenada a la dependencia, a satisfacer necesidades ajenas, porque carece de la voluntad y atributos necesarios para cumplir con los supuestos del desarrollo que establece la Constitución.

 

 En la actualidad, es más evidente que las grandes batallas por librar para la subsistencia humana tienen que ver con el agua, con la disponibilidad y la garantía de acceso para poblaciones cada vez más grandes y demandantes. Es absurdo comprometer casi por nada el futuro y sobrevivencia de nuestros conciudadanos en aras de “hacer negocios”. El encarecimiento de las subsistencias y la privatización de los servicios públicos dan cuenta de la ineptitud del gobierno, de lo equivocado del modelo y, en este caso, el juicio ciudadano estará pronto en manifestarse. 

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16 agosto 2016

Fuente: Dossier Polìtico

Por: Josè Darìo Arredondo Lòpez