Actualmente sumido en una crisis de agua potable, Chile enfrenta las consecuencias de las políticas de la dictadura del Gral. Augusto Pinochet que pusieron casi todos los suministros de agua dulce y los servicios relacionados con el agua del país en manos de las corporaciones multinacionales. Pero la solución a esta crisis, que está empeorando, la tiene un inopinado grupo de maestros canadienses.

En 1981, el código de agua de Pinochet re-definió a este recurso como un bien comercializable. Desde entonces, las corporaciones han podido presentar ofertas para el uso de los derechos estatales del agua, para su reventa mediante un sistema de asignación basado en el mercado, con mínimo control por parte del gobierno. Sólo unos cuantos otros países han apostado por una reducción tan drástica del control del estado sobre los recursos de agua.

El sistema de mercado ha creado conflictos sobre los recursos hídricos y la pérdida de derechos de agua de las comunidades indígenas, como los atacameños, quienes perdieron el acceso a vastas cantidades de agua que sustentaban sus modos de vida y actividades culturales a lo largo del río Loa.

Asimismo, Chile cuenta con la mayor cantidad de servicios privatizados de agua y saneamiento en el mundo; el 95.8% de la población utiliza servicios privados. Sin embargo, globalmente, más del 90% de los servicios de agua y saneamiento son financiados y gestionados públicamente gracias a una feroz oposición al manejo del agua con fines de lucro, que típicamente resulta en tarifas más altas y menos rendición de cuentas.

Alrededor del mundo, han habido comunidades que han detenido la privatización del agua y los servicios de saneamiento; el Transnational Institute, una ONG holandesa, ha documentado los casos de 235 comunidades que, entre 2000 y 2015 , recuperaron el agua, devolviéndola a manos de los poderes públicos.

Una creciente oposición a la privatización en Chile ha seguido esta tendencia pero con un giro inesperado. El Ontario Teachers’ Pension Plan(Plan de Pensión de Maestros de Ontario, u OTPP por sus siglas en inglés) es actualmente el inversionista más grande en materia de agua y saneamiento en Chile, con participación mayoritaria en tres grandes servicios de agua chilenos – Essbio, Esval y Aguas del Valle – controlando el 41% del sector.

Chile cuenta con cobertura de agua casi universal; el 99% de la población utiliza una fuente mejorada de agua potable. La casi total universalidad a menudo se pone como un ejemplo de los beneficios de la privatización, pero ésta en realidad se logró mediante la financiación pública [pdf], antes de que el sector fuera privatizado.

A pesar de que, durante la era de Pinochet, otros bienes públicos fueron vendidos, el estado continuó realizando grandes inversiones en el agua y saneamiento, el cual fue el último sector en privatizarse. Las corporaciones privadas heredaron sistemas en buen funcionamiento en 1999: en ese momento las políticas de la era de Pinochet habían creado un ambiente altamente favorable para los inversionistas privados, incluyendo una tasa de beneficio del 7% garantizada.

En medio de los patrones meteorológicos extremos vinculados con el cambio climático, las inversiones en las mejoras y el mantenimiento de la infraestructura por parte de los servicios financiados por la OTPP no cumplen con los lineamientos chilenos. Los registros gubernamentales de Chile muestran [pdf] que Aguas del Valle invirtió tan sólo 49% del mínimo recomendado en 2014, mientras que Essbio y Esval invirtieron 75% y 64%. Y todo esto mientras que las tarifas de agua son más altas en Chile que en cualquier otro lugar de Latinoamérica.

Mientras tanto, los servicios corporativos han mantenido el derecho de determinar a qué áreas dar provisión, lo que ha resultado en varias “zonas sin servicio” fuera de los rentables centros urbanos. Éstas a menudo son dirigidas por voluntarios de la comunidad, en un esquema sin fines de lucro, mediante asociaciones conocidas como Agua Potable Rural (APR).

En la provincia de Petorca, donde el agua es escasa, las concesiones por parte del estado para la extracción del agua exceden los recursos disponibles. En el pueblo de Cabildo, los pequeños agricultores reclaman que un permiso concedido a Esval ha causado grandes impactos en sus propios suministros de agua, pero sus esfuerzos legales para rescindir el acceso de Esval no han tenido éxito. Mientras tanto, las APR, que opera con recursos insuficientes en las zonas del área sin servicio, muchas veces se quedan sin agua durante los períodos de sequía.

Ricardo Sanguesa Botella, presidente de la asociación local de irrigadores, y Modatima, la red regional de pequeños agricultores, aseveran también que cuando las fuentes de agua se secan durante la temporada de sequía, Esval compra agua de pozos ilegales – aquellos que operan sin licencia – con el fin de proveer agua por medio de camiones de emergencia. Al ser contactados para pedir un comentario, Esval dijo: “Chile, y específicamente el área de Petorca, se han visto afectadas por sequías severas durante los últimos ocho años. Enfrentar este escenario ha significado un gran esfuerzo por parte de nuestra empresa, y gracias a un trabajo arduo logramos para nuestros clientes un suministro continuo sin alteraciones. Durante este periodo, tuvimos que reforzar nuestra producción con la contribución de fuentes externas. Contamos con proveedores externos que, como requisito básico, poseen derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas en la zona, las cuales garantizan su operación; así aseguramos que la fuente de agua esté en orden y cumpla con la legislación vigente.”

Sin embargo, la obtención del agua por medio de pozos ilegales es un problema que va en aumento en Chile, ya que las multas impuestas son muy bajas para ser un factor disuasivo eficaz. Además, el estado chileno no supervisa los orígenes del agua transportada en camiones por compañías privadas durante los períodos de crisis.

El mito del éxito del modelo chileno ha sobrevivido porque las consecuencias de la privatización han sido menos severas que en otros países más pobres. Pero a medida que los beneficios de las décadas de fuerte inversión pública van escaseando, y la realidad del cambio climático se hace evidente, los servicios privados están siendo expuestos.

Varios grupos de justicia del agua en Chile – tales como Modatima, Fundación Terram y ChileSustentable – están exigiendo poner fin a la privatización, pero no será fácil arrebatar el poder de las manos de las corporaciones en la era de los acuerdos de libre comercio. Chile ha firmado 26 acuerdos comerciales cubriendo 62 países, incluyendo Canadá, desde finales de la década de 1990. Estos acuerdos instauran los derechos de las corporaciones, que tienen el poder de demandar a Chile si el gobierno intenta endurecer la normativa.

Recientemente, grupos ambientalistas, sindicatos y organizaciones comunitarias chilenas han colaborado con el Council of Canadians para poner de manifiesto el papel de la OTTP en la crisis de agua de Chile. Pero la interacción entre mercados de agua, servicios privados, el cambio climático y el derecho humano al agua es compleja. En lugar de luchar por un retiro inmediato de las inversiones, los grupos de justicia del agua piden que los maestros de Ontario se unan a la discusión en torno a una transición justa y sostenible del control privado del agua hacia el control público en Chile.

El primer paso tomado es firmar una petición pidiendo a la OTPP sumarse al diálogo con los grupos chilenos para explorar estrategias, así como un plazo realista para devolver el agua y saneamiento a las manos de los poderes públicos.

La crisis del agua en Chile es compleja, pero ofrece una oportunidad única a los maestros canadienses para apoyar al creciente movimiento anti-privatización, y ayudar a liberar a los chilenos de las cadenas de la era de Pinochet.