El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), en respuesta a la demanda de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) contra la Semarnat, la Conagua, la Profepa y la Secretaría de Salud, resolvió el pasado 6 de noviembre: 1) condenar al Estado mexicano por la violación a los tratados internacionales y al ordenamiento jurídico interno que garantizan el derecho al agua como derecho humano fundamental y la incapacidad de las autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para establecer mecanismos efectivos de acceso a la justicia ambiental; 2) reconocer el creciente deterioro del derecho humano al agua en la República Mexicana y la insuficiencia de los mecanismos jurídico-políticos para detenerla; 3) alertar por los niveles de conflictividad social en la República Mexicana y la ausencia de instrumentos de participación ciudadana para canalizarla. ¿Por qué la condena internacional?

De no implementarse un programa nacional de uso sustentable del bosque, que incluya a los hongos como parte del manejo de multirecursos, podría propiciarse la sobreexplotación o explotación inadecuada de las especies de alto valor comercial, que tendría como consecuencia un impacto ecológico y socioeconómico severo, debido a la alteración de la tasa de recuperación natural de las poblaciones de hongos silvestres, así como la modificación de los patrones tradicionales de uso del recurso.

La Confederación Nacional Campesina (CNC) consideró fundamental aumentar los distritos de riego en el país y rehabilitar los ya existentes con tecnificación, ya que el 90 por ciento de ellos se encuentran deteriorados y son fundamentales para erradicar el hambre en México, pues comprenden más de seis millones de hectáreas, donde se produce gran parte de los alimentos que consume la población y que se exportan.

En México existe una crisis del agua debido a la contaminación por desechos domésticos, agrícolas e industriales, así como por la sobrexplotación de los acuíferos y aguas profundas, advirtieron especialistas en el tema.