México volvió al punto de partida y no podrá cumplir prontamente con el dilatado requerimiento constitucional que obliga al Congreso a aprobar una nueva ley de aguas que determine quién es el responsable de garantizar el acceso al agua potable para todos los ciudadanos.
Si bien todavía hay tiempo para que los miembros del órgano legislativo aprueben la última versión de una serie de proyectos presentados el año pasado, las próximas elecciones del 6 de junio tienen a los parlamentarios preocupados de asegurar sus escaños. Leer más.
