Nuevos conflictos en Aguas Transfronterizas

19 mayo 2014

El “Tratado de distribución de aguas internacionales de los ríos Colorado y Tijuana y Bravo desde Fort Quitman, Texas, Estados Unidos de América hasta el Golfo de México”, suscrito por ambos países el 3 de febrero de 1944, regula el uso y aprovechamiento de las aguas internacionales de los ríos Bravo, Colorado y Tijuana y establece que México debe asignar como mínimo a su vecino del norte 431 millones 721 mil metros cúbicos anuales de los afluentes del Río Bravo (esto representa una tercera parte del agua que llegue a la corriente principal de ese Río procedente de los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Arroyo las Vacas). Por su parte, EU debe asignar a México entre mil 850 millones 234 mil metros cúbicos y dos mil 96 millones 931 mil metros cúbicos al año de los afluentes del Río Colorado, por medio de la presa Imperial, ubicada en California.

El Tratado considera ciclos quinquenales, lo cual quiere decir que si en un año hay faltantes de agua en las entregas entre países, los pendientes pueden cumplirse en los años posteriores dentro de cada ciclo. El ciclo actual es el 34, cuya conclusión ocurrirá el 25 de octubre de 2015.

Así, dado el rezago que muestra México, de 389 millones de metros cúbicos (al mes de abril de 2014, de acuerdo con la Comisión Internacional de Límites y Aguas, CILA), en los 17 meses que restan al ciclo 34 el país estaría obligado a entregar a su vecino del norte poco más de mil millones de metros cúbicos con la tercera parte que llegue al Río Bravo de los afluentes aforados, lo que implicaría la necesidad de que se presente un escurrimiento promedio anual de casi dos mil millones de metros cúbicos de tales afluentes. Pero las condiciones actuales de la cuenca son de un escurrimiento promedio anual de apenas 982 millones de metros cúbicos, señala un reporte elaborado por Consejo Regional Agropecuario de Tamaulipas (CRAT).

¿Cuál es el motivo del rezago? El comisionado de la Sección Mexicana de la CILA (la instancia que administra el Tratado), Roberto Fernando Salmón Castelo, afirmó en una reunión en el Senado el 23 de abril que el problema tiene su raíz en la “sobreexplotación derivada de un sobre-concesionamiento”, además de un uso anárquico del líquido en las unidades de riego, derivaciones no autorizadas de agua y falta de medición y control.

En efecto, señala Jorge Luis López Martínez, presidente del CRAT, el inminente riesgo de caer en incumplimiento en el Tratado es resultado de una sobreexplotación de acuíferos, esto es de aguas subterráneas, que ocurre en la agricultura, en particular en la cuenca del Río Conchos, en Chihuahua, lo cual ha generado crónicamente, desde 1995, un déficit que llegó a alcanzar los 600 millones de metros cúbicos anuales.

Por ello, al inicio de los años 2000, con Vicente Fox estrenándose en la Presidencia de la República, México presentaba un rezago de unos 400 millones de metros cúbicos de un ciclo vencido y respondió a las presiones de EU “pagando” con agua que se tomó de afluentes no comprometidos en el Tratado, lo cual afectó el abasto para la irrigación agrícola de los distritos de riego 025 del Bajo Río Bravo y 026 del Bajo Río San Juan, de Tamaulipas. Más de 15 mil familias productoras de sorgo, maíz y hortalizas fueron afectadas. “Quedaron sin una gota”, comenta López Martínez. El hecho derivó en demandas judiciales emprendidas por los productores y el gobierno tamaulipeco que concluyeron con el pago de indemnizaciones con dinero del erario público.

El hecho también propició algo positivo: un trabajo de autoridades y usuarios de agua –agrícolas y urbanos- de Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León para generar un reglamento que ordene y distribuya el uso del agua de la cuenca del Río Bravo, el cual “lamentablemente, ha avanzado muy poco”, dice López Martínez.

Alfonso Cortez Lara, profesor-investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), precisa que las aguas subterráneas no están consideradas en el Tratado; sólo lo están las superficiales, pero es claro que hay una interconectividad entre los flujos de ambas aguas. Y las subterráneas, que son las más cuantiosas e importantes a futuro, se están aprovechando de forma inadecuada. “Los problemas que se han detectado en los años recientes son de sobreexplotación en Mexicali, Baja California; en Yuma, Arizona; en San Luis Río Colorado, Sonora; en ambos Nogales…”.

El académico comenta que el asunto tiene que resolverse internamente en el país, así como del lado de EU deben enfrentar sus propias ineficiencias, pero “he escuchado con cada vez más intensidad, y sobre todo en EU, el interés de estudiar las aguas subterráneas conjuntamente e implementar mecanismos binacionales para su gestión y manejo, para derivar luego en un tratado específico sobre esas aguas. La prioridad es alta, por las condiciones que tenemos de cambio climático”. Esto es un reto para gobiernos e instituciones académicas, pues no hay aún estudios amplios, integrales, sobre los volúmenes y ubicaciones de estas aguas. Estos estudios son más costosos y difíciles que los de aguas superficiales.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado, Aarón Irízar, considera que el tema de las aguas subterráneas –si bien es crucial, pues de los 653 acuíferos de México, 101 presentan sobreexplotación-, debería continuar manejándose al margen del Tratado de 1944, como un asunto interno. Aunque, explica, en agosto de 1973, en su acta 242, el CILA estableció pautas para estas aguas en las zonas transfronterizas., “y si la condición obliga a que se hagan más actas para proteger el tema de aguas subterráneas, no deben limitarse”.

Textualmente, esa acta 242 dice que “Mientras se llega a la celebración por los Gobiernos de México y los Estados Unidos de un convenio de alcance general sobre aguas subterráneas en las áreas fronterizas, cada país limitará el bombeo de las aguas subterráneas en su propio territorio dentro de los ocho kilómetros (cinco millas) de la línea divisoria entre Sonora y Arizona y cerca de San Luis a 197 millones 358 mil metros cúbicos anuales (…) A fin de evitar problemas futuros, México y los Estados Unidos se consultarán recíprocamente antes de emprender cualquier nuevo desarrollo de aguas superficiales o de aguas subterráneas, o de emprender modificaciones substanciales a sus desarrollos actuales, que pudieran afectar adversamente al otro país”.

De acuerdo con Jorge Luis López, la tarea de poner orden en las aguas subterráneas implica: 1.- establecer el reglamento de la cuenca, “que no hemos concluido aunque tenemos años trabajando en esto, y que es tan sencillo como decir cuando haya poca agua, repartámosla y que nos falte agua a todos, y cuando haya mucha, tomemos toda la que necesitemos”; 2.- la compra de derechos de concesiones por parte del gobierno federal (de la Comisión Nacional del Agua, Conagua); 3.- la reducción del consumo agrícola, vía obras de modernización de la infraestructura de aprovechamiento, y 4.- el cambio de uso de suelo en zonas agrícolas de la frontera norte hacia la urbanización. Esto es, son acciones de política interna. Sobre este último punto Cortez comenta que en esta zona el agua se destina entre 76 y 86 por ciento a la agricultura, y si bien hay ineficiencias tanto en el uso urbano como en el agrícola, en este último se nota más.

Comenta López Martínez: en el pasado “hubo todo un desorden en las concesiones (de la Conagua)”; en el marco del trabajo que realizan usuarios y autoridades “sí hubo un programa de gobierno, que compró del orden de 200 millones de metros cúbicos de las sobre-concesiones que tenemos en la cuenca, y eso sin duda ayuda, pero estábamos hablando de un déficit de unos 600 millones de metros cúbicos anuales y hoy ese déficit está arriba de los 300 millones. La sobre-concesión sigue siendo un problema crítico a la fecha.

“Estamos condenados a que si no hacemos más de lo que hemos hecho, vamos a entrar en una encrucijada tremenda otra vez con Estados Unidos”.

Un punto clave y donde está el reto principal para dar un uso sustentable a las aguas subterráneas está en la modernización de la infraestructura agrícola, dice López Martínez. Se trata de nivelar tierras, modernizar la infraestructura propia de distribución y tecnificar el sistema de operación de los distritos de riego, pues allí es donde se dan las mayores pérdidas. “Pero son inversiones tan cuantiosas que no las pueden pagar sólo los agricultores, requieren apoyo de recurso público”.

“Por ejemplo en el Bajo Bravo, distrito 025, hemos hablado que en el corto plazo las necesidades son superiores a los siete mil millones de pesos, pero las previsiones de presupuesto público que vemos a mediano plazo son apenas de mil 600 millones”.

Todas las fuentes entrevistadas coinciden en que el Tratado de 1944 debe permanecer sin cambio; en términos de intercambio de volúmenes de agua resulta benéfico para México, pero las actas que genera la CILA, y que hasta hoy suman 319, sí deben verse como instrumento para adecuar el Tratado a las condiciones específicas de cada región. De acuerdo con Alfonso Cortez, de lado mexicano la CILA negocia sólo por medio de su comisionado y muchas veces en sigilo (si acaso en la década reciente ha involucrado a interlocutores interesados por el medio ambiente), mientras que del lado de EU el comisionado cuenta con la participación e interacción de representantes de la población usuaria del agua y hay mucha transparencia y oportunidad en la información (en ello tiene que ver el hecho de que en México el agua es propiedad de la nación y en nuestro vecino del norte son muchos los dueños privados y hay mecanismos de mercado bien definidos).

Cortez Lara precisa que hay ejemplos de la posibilidad de que las actas adapten el Tratado a las realidades actuales. Es el caso de la 319, la cual estableció la determinación de asignar agua al delta del Río Colorado. “Aquí durante 20 años el agua no había llegado al delta, e igual pasa en el Bajo Río Bravo; se atiende a las ciudades, luego al campo, y del delta todos se olvidan. Con el acta 319 estamos comenzando a pensar en la naturaleza, en proteger nuestro medio ambiente”. Asimismo, el acta 318 permitió negociar la posposición de entrega de aguas de EU debido al daño que sufrió la infraestructura hidroagrícola de Baja California por el sismo sufrido por este estado en 2010.

17 de mayo de 2014
Fuente: La Jornada del campo
Nota de Lourdes Rudiño