El pasado jueves 28 de abril, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se aprobó el Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4º De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para ampliar el reconocimiento del derecho al medio ambiente sano e incluir el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Proyecto de decreto, aprobado por 296 votos a favor, 78 en contra y 6 abstenciones, es un triunfo importante para la sociedad mexicana. El 29 de abril la Minuta fue turnada a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso a) del artículo 72 de la CPEUM, y está ahora en manos de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, por lo que ahora es indispensable que las y los senadores lo revisen y aprueben a la brevedad, y que las refomas y adiciones sean aprobadas después por la mayoría de las legislaturas de los Estados.

Los elementos considerados en el dictamen y en la discusión en la Cámara de Diputados son reflejo de una larga lucha nacional e internacional para el reconocimiento de derechos fundamentales, incluido el derecho humano al agua. La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) ha impulsado durante 5 años la necesidad de elevar a rango constitucional el derecho humano al agua y al saneamiento, con el fin establecer criterios orientadores de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos y, consecuentemente, adecuar la legislación secundaria en la materia. Asimismo, en julio del año pasado, celebramos la resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas que reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento; y demandamos al gobierno mexicano actuar en consecuencia a nivel nacional respondiendo a la exigencia de organizaciones civiles y sociales de armonizar el derecho interno con el derecho internacional en materia de derechos humanos.

Desafortunadamente, al tiempo que diputados y diputadas federales reconocen el derecho humano al agua, legislaturas locales están discutiendo o pasando legislaciones que contradicen este espíritu. Concretamente, nos preocupa la Ley del Agua del Estado de México recientemente aprobada por la LVII Legislatura mexiquense y formulada por el titular del Poder Ejecutivo estatal, ya que permite que empresas privadas tengan participación directa en el manejo del líquido en tanto que posibilita a las personas físicas o morales que cuenten con la experiencia, la solvencia técnica y económica necesarias, a prestar los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento, reuso de aguas residuales tratadas y la disposición final de sus productos.

Además, en el Distrito Federal, sigue abierta la discusión de la iniciativa de Ley del Ejecutivo local para descentralizar el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) que incluye disposiciones que abren la puerta a la privatización, además de orientarse hacia un modelo de gestión que no se basa en el enfoque de derechos humanos. Sin embargo, en los debates realizados recientemente por diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hubo consenso generalizado para rechazar la privatización del agua en el Distrito Federal. Fue expresado así tanto por organizaciones, como por diputados y diputadas locales y propios funcionarios del SACM. Por todo ello, hemos dirigido una carta a las y los legisladores y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la que demandamos y exigimos que se incluya el siguiente artículo en la Ley de Aguas del Distrito Federal:

La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua junto con 50 organizaciones sociales y civiles y alrededor de 200 personas, entre ellas destacadas académicas y académicos en el tema como Blanca Jiménez, Rodrigo Gutiérrez, David Barkin, María Luisa Torregrosa y Jorge Legorreta reclamamos la inclusión de dicho párrafo.

La armonización de la legislación mexicana reconociendo el derecho humano al agua es ya una labor impostergable y deberá contemplar una visión sustentable del manejo del agua como bien público y común, que dé marcha atrás a la privatización y mercantilización del vital líquido.

– Agua, Trabajo, Servicio y Vida A.C.

– Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP)

– Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)

– Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)

– Centro Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C.

– Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara, A.C.”(CESEM)

– Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, A.C. (COPEVI)

– Colectivo Radar

– Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA A.C.)

– Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP)

– Desarrollo, Educación y Cultura Autogestionarios, Equipo Pueblo

– Enlace Rural Regional, A.C. (ERRAC)

– Espacio DESC

– Food First Information and Action Network- México (FIAN-México)

– Guardianes de los Volcanes, A.C.

– Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC)

– Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

– Otros Mundos, A.C.

– Red de Género y Medio Ambiente (REGEMA)

– Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)

– Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ)

Aliado internacional:

– Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL)