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«Peligro de muerte» de flora y fauna por la contaminación del Mar Menor

07 septiembre 2017

6 de septiembre de 2017
Fuente: La Verdad
Nota: Alicia Negre

La memoria de la Fiscalía General del Estado tampoco es ajena a la situación que atraviesa el Mar Menor. El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Miguel Eduardo de Mata, alude, en el balance de su departamento, a la investigación que se está realizando por la contaminación de la laguna salada. Una situación, remarca, que supone «un peligro de muerte de la vida animal y vegetal».

Según explica el Ministerio Público, estas diligencias comenzaron a tramitarse en abril de 2016 y, en apariencia, están a punto de materializarse en una querella por un presunto delito ecológico. Desde hace varios años, sostiene la Fiscalía, se están produciendo unos vertidos a la laguna «cuyo origen es la actividad de las desalobradoras de los agricultores» del Campo de Cartagena.

«Ante la ausencia de agua para riego y al existir en la zona el denominado acuífero ‘cuaternario’, se instalan sin autorización alguna las citadas desalobradoras, que se encargan de extraer agua del mencionado acuífero, el cual se encuentra contaminado fruto de los vertidos de nitratos de la actividad agrícola», explica el fiscal. «El Mar Menor es un lugar que tiene todos los niveles de protección ambiental admisibles en nuestro ordenamiento jurídico, y se está contaminando de esa forma produciéndose lo que se denomina eutrofización».

El Ministerio Público recuerda que esta actuación puede ser constitutiva de un delito contra el medio ambiente. Remarca, asimismo, que se está investigando también la actuación de los poderes públicos para evitar esa contaminación.

Por otra parte, en este balance, la Fiscalía vuelve a lamentar, como ya ha hecho reiteradamente en los últimos años, la reticencia de los jueces a la hora de ordenar las demoliciones de construcciones ilegales. «Se han interpuesto por el fiscal varios recursos de apelación por no haberse accedido por el juez a la demolición, incluso en casos de edificaciones que se encontraban en fase de estructura y ni siquiera estaban terminadas y habitadas, lo que ha generado, al menos, perplejidad en esta fiscalía», recalca.

Explica que la Audiencia Provincial no suele admitir estos recursos argumentando que existen más viviendas en la zona o que estas ya cuentan con servicios de alcantarillado o agua. La Fiscalía, recalca, sigue interponiendo recursos pese al criterio generalizado de los juzgados de lo Penal de no decidir sobre estas demoliciones y dejar que el asunto se dirima en vía administrativa. El pasado año, no obstante, los juzgados murcianos dictaron nueve sentencias en las que se ordenaba la demolición de construcciones ilegales.