Impresionado por la problemática de agua y saneamiento en México, el relator especial de Naciones Unidas para este derecho humano, Léo Heller, señala que se encontró con un panorama preocupante: falta de continuidad en el abastecimiento del líquido (tandeos), ausencia de saneamiento en zonas rurales, inequidad en el servicio y poca información sobre la calidad del líquido. Hay casos de violación al derecho humano y una agenda de desafíos que es urgente resolver, advierte.

Foto: Roberto García Ortiz, tomada de La Jornada

Al concluir su visita de 10 días a México, para elaborar un informe sobre la situación de este derecho humano, indica en entrevista que cuando el viernes presentó las conclusiones preliminares al gobierno federal hubo argumentos presupuestarios, el planteamiento de que los municipios –encargados de dar el servicio– son los responsables y que las tarifas no son suficientes. Lo cierto –dice– es que hay falta de coordinación entre las autoridades federales y estatales con los municipios, mi impresión es que ellas deciden, hacen las obras, y el municipio no tiene forma de ha­cerlas funcionar. Y esto no sólo repercute en el agua y saneamiento, sino en otros derechos: la salud y la alimentación.

Heller, brasileño, es el relator especial desde diciembre de 2014, investigador de la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil, con amplia experiencia en la formulación de políticas, enseñanza e investigación de la gestión pública y salud ambiental relacionados con agua y saneamiento. Antes de México, visitó El Salvador y Portugal, entre otros países, para elaborar informes.

–Después de lo que ha encontrado en estos días, ¿podría decir que hay una violación al derecho humano al agua y saneamiento en México?

–Hay una violación cuando hay un retroceso en el tiempo en que el recurso está disponible, si una planta de tratamiento de aguas residuales deja de funcionar, o a lo largo del tiempo se percibe un deterioro en la forma en que se ha prestado el servicio. Cuando hay un deterioro en la calidad de agua distribuida o una comunidad deja de ser atendida. Observé problemas de deterioro de calidad en algunos municipios, sobre todo por la contaminación del agua natural. Muchas desconexiones del servicio, no controladas, sin una preocupación de si la familia tenía o no capacidad financiera para pagar. México no tiene una garantía legal que impida la desconexión de una familia en esa situación. He visto casos críticos de violación.

“En Tuxtla Gutiérrez, una comunidad que visité (la colonia Real del Bosque, construida por Casas Geo) de casi 50 mil personas, en una ciudad de unos 600 mil habitantes, no tiene conexión directa de agua con el servicio público. Hay un proveedor informal en esa comunidad y sistemáticamente desconecta a las casas que no pagan. Una mujer me dijo que tenía cáncer y me relató: ‘fui a la calle para explicar la situación y pedir que no lo hicieran, pero desconectaron’. No es el municipio el que presta los servicios. Pero el papel del Estado mexicano a través de los tres gobiernos es impedir que esto acontezca. Son situaciones que pueden sugerir violación de derechos humanos.”

–En los casos de privatización del servicio de agua potable y saneamiento, ¿se observa con más frecuencia la violación a este derecho?

–Diría que es preocupante cuando hay privatización sin regulación. Porque el regulador establece los límites de actuación del proveedor privado. Los casos de privatización en México aparentemente tienen un tipo de regulación por parte de los municipios, pero no está muy formalizada en la legislación mexicana, y no me parece que sea la mejor manera. Cuando no hay una fuerte regulación, sí puede haber, sobre todo en casos de desconexiones, situaciones de violación.

El marco internacional de los derechos humanos establece la obligación de los estados de cumplir, proteger, defender y promover los derechos humanos. Es obligación del sector privado y de los actores no estatales respetar los derechos humanos. Tienen responsabilidades, no obligaciones. Entonces hay una responsabilidad compartida entre el público y el privado. No es aceptable cuando el privado sistemáticamente desconecta a las familias que no tienen capacidad financiera.

Prioritario para el consumo humano

–La ley reglamentaria del derecho humano al agua que establece la Constitución, pendiente desde hace cinco años, ¿de qué manera tendría que hacer explícito el derecho humano para que empresas y autoridades cumplan?

–Me parece fundamental que cualquiera que sea el camino legislativo, se enfoque particularmente en los servicios de agua y saneamiento. Cuando hablamos de derechos humanos al agua, hablamos de acceso de las personas, no de la industria o minería. Hay todo un marco normativo para estos derechos humanos. Se podría decir, por ejemplo, el uso del agua es prioritario para consumo humano, que debe ser asequible, disponible, accesible, de calidad y aceptable. Lo mismo para saneamiento. Y señalar la prohibición de desconexiones por incapacidad financiera.

Creo que la ley debería establecer la forma en que se debería dar la organización institucional. Esto me parece que es una fragilidad en la provisión de servicios. La Constitución establece que los municipios son los responsables, pero hay un serio abandono de ellos por parte de las instancias federales y estatales. Eso debería plantearse en una nueva legislación. Sabemos que la ley es una medida necesaria, no suficiente. Mi percepción es que la ausencia de una ley que defina estos principios es un estrangulamiento en México.

–¿Hay ausencia de atención a los sectores menos favorecidos?

–Me parece que las poblaciones rurales tienen menos prioridad que las urbanas. Los que viven en las periferias tienen menos prioridad que los que viven en la parte central de las ciudades. Los grupos indígenas menos que los no indígenas. Hay cierto patrón de desigualdad o inequidad en el acceso de los servicios. Hay una exclusión de las poblaciones en condiciones más vulnerables.

–Observa que hay prioridad del uso del agua en actividades como minería, hoteles, hidroeléctricas.

–No hay en México explícitamente una definición de que el agua para consumo humano es prioritaria ante los otros usos, sería fundamental que estuviese muy bien establecido. La ley podría ayudar en ese aspecto. He escuchado muchas quejas de la sociedad civil, sobre prioridad para esos sectores que comprometen el acceso de comunidades más pobres.

–¿Se encontró con más conflictos por el agua de lo que se hubiera esperado?

–Quedé muy impresionado con los casos. En las reuniones que tuve con la sociedad civil, me mostraron muchos y están sometiendo un informe con 67 conflictos por el agua, que pueden ser de saneamiento o asequibilidad. Me han mostrado una situación bastante preocupante, que puede al final, tener una gran repercusión en el goce de los derechos humanos.

14 de mayo de 2017
Nota: Angélica Enciso L.
Fuente: La Jornada