SALA CUARTA DIJO NO AL ACUEDUCTO DE SARDINAL (Por falta de estudios sobre capacidad hídrica)

16 enero 2009

Fuente: Diario Extra

16/01/09

La lucha del pueblo de Sardinal contra Acueductos y Alcantarillados, por el acueducto El Coco-Ocotal vivió un nuevo episodio ayer, cuando la Sala Cuarta dio la razón a quienes se oponen al proyecto, al sostener que no hay estudios técnicos que garanticen la existencia de agua suficiente para abastecer el proyecto.

La discusión inició en mayo del año anterior cuando un grupo de pobladores levantó la bandera contra el acueducto por considerar que el acueducto privado ponía en riesgo el suministro de agua para la comunidad, ya que a cambio de la construcción del acueducto AyA les daba a los desarrolladores entre 8 mil y 10 mil pajas de agua para los proyectos turísticos o urbanizaciones.

Según determinaron los magistrados el Acueducto tal como está planteado viola el derecho a tener un ambiente sano, al poner en riesgo la disponibilidad de agua para la comunidad, ya que el acueducto estaría trasladando el líquido a los desarrollos urbanísticos de El Coco sin saber a ciencia cierta si el agua va a alcanzar para la comunidad a futuro.

La Sala declara con lugar: “al no existir certeza técnica sobre la capacidad de explotación del recurso hídrico del Acuífero Sardinal y la consecuente incertidumbre sobre la afectación de la prioridad de disponibilidad de agua para la satisfacción de los intereses de la comunidad, sobre cualquier otro tipo de interés patrimonial, comercial o turístico”, indica el fallo.

Los magistrados cuestionaron además el hecho de no haberse realizado las audiencias públicas necesarias antes de iniciar con el acueducto, que al momento de su paralización tenía un avance del 70%.

La Sala deja en manos de la Contraloría los demás planteamientos hechos por la Confraternidad Guanacasteca, organización que interpuso el amparo, en cuanto al manejo del proyecto, para sentar las responsabilidades, ya que a criterio de los recurrentes, se violentó la ley de administración pública.

“Se condena al Estado y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”, agrega el fallo.

Además, advierte al jerarca de AyA, Ricardo Sancho y al ministro de Ambiente, Roberto Dobles, que en caso de no acatar la disposición de la Sala, podrán ser sancionados con prisión de tres meses a dos años, o de veinte a 60 días multa.

SARDINALEÑOS OPOSITORES HARÁN FIESTA

Los representantes de la Confraternidad Guanacasteca, asociación que interpuso el recurso de amparo en defensa del agua, y quienes han estado al frente de la lucha por el recurso hídrico para la comunidad, mostraron su satisfacción por la respuesta de los magistrados, y aseguraron que continuarán luchando para que se sancione a los funcionarios que han permitido que esta obra se construya.

“La Sala dice que es inconstitucional todo el proyecto, obliga a que se consulte a la comunidad y ya la comunidad dijo que no, los defensores pueden buscar la quinta pata al gato pero lo que toca es sentar las responsabilidades a los que incumplieron las leyes y la constitución.

Ricardo Sancho y otros cuantos deben irse del gobierno, es lo que viene ahora, esa va a ser la lucha, para que los responsables paguen por ello”, enfatizó, Gadi Amit, uno de los integrantes de la Confraternidad. Detalló que conforme pase el tiempo se van a ir encontrando más irregularidades, como el hecho de que el gerente del Banco de Costa Rica asumiera la responsabilidad ambiental del proyecto.

“El Banco solo debe cuidar y administrar la plata, pero ahora va a asumir la responsabilidad ambiental por los daños que van a hacer las empresas constructoras, es una barbaridad más. Y todos ellos se irán peleando con el pueblo y las leyes, por eso se deben ir de una vez”, enfatizó.

Para celebrar lo que consideran el triunfo sobre el acueducto, organizan una fiesta en Sardinal el próximo viernes 23 con la participación de todas las personas que los han apoyado en la lucha por defender el agua y el derecho del pueblo a ser escuchado.

• Afirma la Defensoría “PROYECTO ESTUVO REPLETO DE VICIOS LEGALES”

La Defensoría de los Habitantes indicó en un comunicado de prensa que queda comprobado, una vez más, que el proyecto impulsado por AyA, Minaet y empresarios privados estuvo repleto de vicios legales y técnicos desde sus inicios, y las resoluciones de la Sala Constitucional lo confirman, al declarar con lugar el amparo, precisamente por la ausencia de certeza técnica sobre la capacidad de explotación del agua en esa zona.

El informe de la Defensoría de los Habitantes muestra cerca de 30 irregularidades cometidas en el desarrollo del proyecto. Además de la opinión científica de las universidades de Costa Rica y Nacional, mediante la que alertaban nuevamente la ausencia de información necesaria para determinar si existe disponibilidad de agua suficiente para satisfacer la demanda actual y futura de las comunidades de Sardinal y aledañas.

“La Defensoría siempre sostuvo mediante estudios legales y soporte técnico que el proyecto había nacido torcido, que fue creado a golpe de tambor, sin permisos, sin estudios completos y lo peor aún, con una total omisión en la participación de sus pobladores en el proceso de formulación del proyecto. Hoy la Sala IV, al igual que la Defensoría y la Contraloría, le dan la razón al pueblo de Sardinal: la prioridad del agua es para consumo humano y las actuaciones deben ajustarse al marco de la legalidad y la certeza técnica”, expresó la defensora de los habitantes, Lisbeth Quesada Tristán.

“Para la Defensoría, las autoridades gubernamentales involucradas en este proyecto deben aprender la lección en el sentido de que sus actuaciones siempre deben estar apegadas al respeto a la ley y la normativa vigente”, finaliza el comunicado.

• Y que fallo no suspende las obras MINAE ASEGURA QUE CUMPLEN REQUERIMIENTOS

Ante el pronunciamiento de la Sala Constitucional, el ministerio de Ambiente asegura que cumplen con los requerimientos de la Sala IV y asegura que la participación ciudadana se ha promovido por la comisión interinstitucional.

“Esta primera etapa de participación a las comunidades y otros actores sociales culminó el día 9 de noviembre de 2008 con la presentación y entrega del Informe Preliminar para la Gestión de la Seguridad Hídrica del Acuífero Sardinal, en un evento público en dicha comunidad y el 10 de noviembre de 2008 con el Concejo Municipal del Cantón de Carrillo”, indica el comunicado de prensa enviado por el Minaet.

“En relación con lo que indica el voto sustentado en el artículo 50 de la Constitución Política, referente a la disponibilidad hídrica del acuífero, el Informe Preliminar para la Gestión de la Seguridad Hídrica del Acuífero Sardinal demuestra que no existe riesgo de sobreexplotación del recurso asegurando la disponibilidad del agua en forma prioritaria para el abastecimiento de las comunidades, garantizando un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, detalla.

“La Comisión Interinstitucional continúa con el proceso de desarrollo de estudios y trabajos relacionados con el tema, así como el análisis de diversa documentación que distintos actores han emitido al respecto con el fin de emitir el Informe Final para la Gestión de la Seguridad Hídrica del Acuífero Sardinal”.

• José Antonio Muñoz, fideicomiso “LA OBRA SE VA A PODER DESARROLLAR”

A criterio del representante del Fideicomiso mediante el cual se desarrolla el polémico acueducto, José Antonio Muñoz, el fallo de la Sala IV es positivo porque indica que la obra se va a poder desarrollar, además lo califica de conciliador con los diferentes grupos que han estado más activos en torno al tema.

“El fallo confirma los derechos de las comunidades a saber que cuentan con el suministro estable de agua y ser consultadas en los proyectos, en eso no tenemos ninguna posición, en cuanto a la realización de la obra y las otras dudas sobre la legalidad, el fallo de la Sala remite a un informe de la Contraloría que ya el fideicomiso había conocido, donde hacen una serie de observaciones al AyA sobre errores de procedimiento y documentación, pero que confirma el criterio de la Procuraduría sobre la legalidad de la utilización del artículo 38 para esas obras y la capacidad del fideicomiso para hacerlas; además, los señalamientos son subsanables y ya han sido o están en proceso de ser subsanados”, detalló Muñoz.

Lo considera positivo porque confirma que pueden continuar con la obra una vez que estén concluidos los estudios técnicos sobre disponibilidad del agua. Coincide con los magistrados en que esa etapa debió haberse hecho antes de iniciar la obra, pero asegura que la responsabilidad no era del fideicomiso, sino de los mismos entes que señala la Sala IV en su fallo: el Estado en general y el AyA.

“El interés nuestro es que se cumplan con los procesos confirmados por la Sala IV y se puedan terminar las obras sin incurrir en mayores costos y gastos, ese es el verdadero interés nuestro sobre todo en momentos en que la economía mundial, nacional y de la zona está sufriendo embates por la paralización de la inversión extranjera. Es una obra vital de infraestructura como se ha dicho, no solo para los desarrolladores, sino para todos los otros desarrolladores que se van a beneficiar y principalmente las comunidades”, comentó.