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San Luis Potosí: Mega minería tóxica y agua

La tierra de los escombros de los cerros es regada con agua y cianuro de sodio. Esta peligrosa sustancia rompe la piedra, penetra la roca y a su paso jala los metales. Esta propiedad del cianuro asegura su filtrado a los acuíferos. Las membranas que utilizan las empresas mineras para evitar filtraciones tienen millones de soldaduras y siempre fallan, tal como lo demuestran fehacientemente los rellenos de residuos peligrosos del sur de Estados Unidos.

También hay pérdida de control en los kilómetros de mangueras por donde trasladan el cianuro líquido, debido a rupturas, conexiones mal realizadas y por fenómenos naturales. En el caso de Cerro de San Pedro, el Congreso estatal ha documentado la presencia de cianuro en los pozos de la ciudad.

Este proceso requiere “minar” agua de los sistemas acuíferos, a pesar de una veda rígida impuesta en los años 60’s del siglo pasado debido a la sobreexplotación. Estas aguas subterráneas son la única fuente del vital líquido de los 1.2 millones de habitantes del valle del Potosí. En Zacatecas, zona con fuerte estrés hídrico, la mina Peñasquito de la trasnacional Gold Corp tiene autorización para extraer 95 mil metros cúbicos de agua por día de los mantos freáticos.

En lugares con agua superficial abundante, la actividad minera contamina ríos, lagunas, esteros y, finalmente, la cuenca en su conjunto. En La Mira, Lázaro Cárdenas, Michoacán, la empresa Arcelor Mital, de propiedad inglesa-india, contamina impunemente la cuenca y envía sus desechos tóxicos a los pueblos vecinos.

La iniciativa de Ley General de Aguas impulsada por la sociedad civil y la propuesta de Ley Minera generada por los pueblos y movimientos han incorporado la necesidad de delimitar el uso del agua y propiciar su cuidado en relación con los proyectos mineros. Prohíben la autorización de aguas nacionales para actividades de minería tóxica. Para otorgar una concesión minera, un panel de especialistas sin conflictos de interés tendrían que dictaminar que la actividad no causaría daños graves al sistema hídrico, al medio ambiente o a la población.

Diversos movimientos contra la gran minería tóxica cuestionan esta actividad por su uso intensivo y contaminante del agua. En Zacualpan rechazan a una minera por el peligro de contaminar el agua que surte a Colima; en Baja California Sur, el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida busca defenderse del potencial impacto hídrico de diversos desarrollos mineros, y en San Luis Potosí, una de las consignas más escuchadas es “Agua sí, cianuro no”.

Si consideramos que se ha concesionado 30 por ciento del territorio del país a empresas mineras; que el 77 por ciento del espacio nacional tiene minerales en sus entrañas y, por tanto, es factible de enajenación a empresas mineras nacionales o extranjeras; que se han autorizado más de 850 proyectos mineros y se encuentran en proceso de legalización cientos más, queda clara la necesidad de lograr instrumentos legales para proteger nuestras fuentes de agua y de generar la organización y conciencia social necesarias para hacerlos valer.

09 de julio de 2014
Fuente: La Jornada del Campo
Nota de Sergio Serrano Soriano