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Tirar el agua 
con todo y niño

15 mayo 2015

La malhadada ley era un instrumento vanguardista al ofrecer mayor seguridad jurídica a los usuarios, y una visión de largo plazo por medio de concesiones que sustituirían a las simples asignaciones. Crearía nuevos mecanismos de mercado para una utilización más racional y eficiente del recurso. Por primera vez esta ley planteaba reglas de transvase entre cuencas, lo que será vital ante el cambio climático y la expansión económica y demográfica del norte y centro del país (regiones de menor disponibilidad natural de agua). También formalizaría los bancos de agua para el intercambio de aguas de primer uso por aguas residuales tratadas, que reducirían la sobreexplotación de acuíferos extenuados. Y, de manera inédita, la frustrada ley establecía un andamiaje para la regulación de organismos operadores municipales, dando a las entidades federativas la responsabilidad de crear entes reguladores (por eso se trataba de una ley general). Esto, además de que creaba un sistema orientado a evitar la manipulación política de tarifas y el clientelismo en los gobiernos locales, y se proponía acabar con los subsidios indiscriminados, que son injustos, ineficientes y dispendiosos, y sustituirlos por medidas compensatorias a los más pobres a través de instrumentos explícitos de política social. Claro que tenía errores y omisiones en materia de participación social, representación de ecosistemas acuáticos en consejos de cuenca, monitoreo y restauración de recursos hídricos, fracking, y vigilancia de aguas residuales (que debería pasar a manos de la Profepa, para evitar conflictos de interés y captura regulatoria). Todo ello podría haber sido subsanado con facilidad, además de haberse extendido el debate y la construcción jurídica a otros temas vitales relacionados con el uso agrícola del agua.

Recordemos que el riego en la agricultura es responsable de cerca de 80% del consumo de agua en México. Ahí hacen falta urgentemente concesiones con certeza jurídica a largo plazo y que promuevan la eficiencia (no penalizar ni cancelar volúmenes por un consumo menor al asignado, sino permitir transacciones de mercado con los excedentes). Igualmente, resolver el problema de la gratuidad del agua para riego (que no de la operación de las instalaciones y del bombeo) con señales de costo marginal para inducir la eficiencia, así como eliminar o transformar subsidios a la electricidad que fomentan la sobreexplotación y agotamiento de acuíferos subterráneos. Fundamental también es integrar el manejo del binomio suelo-agua, y superar la esquizofrenia institucional y de políticas entre la Sagarpa y la Conagua (quizá la Conagua deba volver a integrarse en la Sagarpa). Los distritos de riego con aguas superficiales y las unidades de riego con agua subterránea no corresponden a los distritos de desarrollo rural de la Sagarpa. Tengamos en cuenta, además, que con frecuencia la Sagarpa otorga subsidios y promueve cultivos altamente consumidores de agua en zonas áridas. También, que sus políticas causan el azolvamiento de presas y otros cuerpos de agua por deforestación (provocada por la expansión de potreros y zonas de cultivo) y erosión de suelos por prácticas agropecuarias destructivas, y su inutilización por salinidad ante el uso excesivo de agua para riego.

Por estas y otras razones es indispensable recuperar la iniciativa de ley y el debate. Devolver el agua a la bañera.

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15 de mayo de 2015
Fuente: El Economista 
Nota de Gabriel Quadri de la Torre